Mauricio Funes ha comenzado ya la cuenta regresiva hacia su salida de Casa Presidencial. Le queda exactamente un año antes de entregar la presidencia y por tanto, su informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa de la semana pasada fue su último en el cargo.
Acertadamente citó Funes entre sus mayores logros el de haber aumentado la inversión social y los programas de atención a la pobreza y a las poblaciones más vulnerables, un esfuerzo que merece reconocimiento sin duda. Desde 2009 hasta este año, las asignaciones presupuestarias para Salud y Educación han aumentado en casi $240 millones y hoy representan casi la tercera parte del presupuesto.
Los aumentos en inversión social han evitado que la pobreza avance pero no han sido suficientes tampoco para revertirla. De hecho, a pesar de estas inversiones, la pobreza aumentó durante los primeros años de este gobierno y se redujo en el último año hasta el nivel en que se encontraba en 2004.
La economía salvadoreña no ha crecido. La inversión privada, tanto local como externa, ha disminuido. Aunque de esto tengan también una gran responsabilidad las principales gremiales empresariales, que decidieron desde 2009 dedicar los cinco años de Funes a mantener una confrontación directa y boicotear cualquier posibilidad de éxito político para el mandatario y para el FMLN.
Es cierto que los grandes capitales continúan pensando que al resto de la población se le atiende con caridad y proyectos sociales de iniciativa privada y no a través de la institucionalidad del Estado. Es cierto que prefieren abrir fundaciones que llevan el nombre de sus familiares que aportar a la consolidación de un estado de bienestar que dependa de las instituciones públicas y no de los admnistradores de sus empresas. Siempre han sido así.
Pero del gobierno del cambio lo que se esperaba es que iniciara un proceso de transformaciones profundas que obligaran a los que más tienen a aportar más a las cuentas públicas mientras, por otro lado, llevara a cabo un viraje radical hacia la contraloría y rendición de cuentas. Funes prometió ambas cosas y no ha cumplido con ninguna.
Fue incapaz de resistir a la tentación de responder a esta confrontación con insultos y mayor confrontación; en lugar de quitar privilegios a los poderes económicos, solo agregó a sus allegados a la lista; no ha llevado a cabo una necesaria y profunda reforma fiscal y tampoco ha emprendido la lucha frontal contra la corrupción que prometió.
Funes otorgó contratos del estado a sus amigos y benefactores de campaña (como en la distribución de la publicidad del Estado y los contratos de seguridad privada); pactó con partidos políticos para controlar la Corte de Cuentas y perpetuar así la falta de contraloría en el Estado.
En materia de Seguridad Pública, abre su último año con nuevos funcionarios después de que la Corte Suprema decretara inconstitucional el nombramiento de los generales Munguía Payés y Salinas en los cargos de Ministro de Seguridad Pública y Director de la Policía respectivamente. Los nuevos funcionarios, aparentemente nombrados para dar continuidad a la “estrategia” basada en la negociación con las pandillas de sus antecesores, han iniciado su cortísimo periodo de un año con decisiones sorpresivas pero aun es imposible determinar si se trata de nuevas políticas o de mensajes internos de poder.
En perspectiva, Funes ha tomado decisiones en el aparato de seguridad y en Defensa que ameritan dar explicaciones al país: Aumentó el presupuesto de Defensa a más de $160 millones en 2011 y 2012 ($153 millones para este año) sin razones que lo justifiquen, dado el bajo riesgo de ataques militares a El Salvador o la necesidad de aumentar la defensa del territorio nacional. En cambio la Fiscalía General de la República, la entidad que tiene el patrimonio de la investigación del delito y la representación de la parte acusadora, una de las instituciones más cruciales para un efectivo combate al crimen y por ende una mayor seguridad pública, ha sufrido una reducción de su presupuesto y actualmente cuenta con $39 millones de dólares para todo el año (la Presidencia de la República cuenta con $125.3 millones).
En otras palabras, Funes le ha devuelto no solo poder político al ejército, sino también mayor poder económico, en detrimento de otras instituciones a las que urge reforzar en un país que ha perdido la capacidad de garantizar la seguridad pública mediante el combate al crimen y a la impunidad. La fiscalía está tan rebasada por sus necesidades como la policía; y ambas requieren no solo mucho mayor presupuesto, sino también mucha mayor contraloría interna. Cuestión esta útima, por cierto, prácticamente inexistente en el Ejército, cuyo uso de fondos públicos es considerado un asunto de seguridad nacional y por tanto incuestionable.
En materia política, Funes se ha aliado con el partido del expresidente Saca, a cuya gestión llamó nefasta durante su campaña y a la que prometió fiscalizar. Y ahora, asesorado por operadores políticos comunes a ambos, el presidente actual cree que no necesita ser cuestionado ni rendir cuentas y por eso, en vez de conceder entrevistas o someterse a cuestionamientos de la prensa, prefiere hablar los sábados en un programa de radio en el que no hay posibilidad de cuestionarlo.
El cambio, pues, se parece mucho a lo anterior. Si los gobiernos de la derecha no fueron capaces de transformar significativamente El Salvador, el de Funes tampoco lo ha hecho. Y solo le resta un año.
