El problema fundamental de la tregua del gobierno de Funes es que la misma no se basa en una estrategia institucional de reconstrucción del Estado de derecho en el país, sino en la búsqueda desesperada de legitimidad política a través del manejo de los homicidios. En un contexto en el cual el Presidente no representaba a nadie y el partido que lo llevó al poder tenía muy poco interés en ayudarle a gobernar, el presidente y su gobierno tuvieron primero que pactar con militares y algunos partidos para poder pactar con las pandillas, y luego entonces mostrar ciertos resultados en seguridad pública. Qué importa si, en el primer año de su gobierno, la administración Funes logró poner en papel uno de los mejores planes de seguridad pública de la región.
Ahora que los militares están fuera del pacto porque, de acuerdo a lo que determina la Constitución, nunca debieron haber estado involucrados, el nuevo gabinete de seguridad debe asumir como suya una estrategia de la cual Funes nunca se apropió formalmente y que, ahora de cara a la vorágine electoral que se avecina, puede ser ya muy tarde.
En otras palabras, el problema fundamental de la tregua es político. Tiene que ver con funcionarios públicos que no saben articular e implementar políticas públicas para resolver problemas sino para ganar votos y salvar el cuello. El problema de la tregua no es de orden económico. Después de todo, el Presidente puede reasignarse fondos para su cuenta secreta, pero no puede comprometerse a dar la cara de forma transparente cuando se trata de articular un plan de pacificación. La verdad es que el Presidente nunca aclaró su posición porque el gobierno nunca formuló un plan serio y amplio de desmovilización, desarmamiento y reintegración de los numerosos grupos armados ilegales que existen en el país, pandilleros y no pandilleros.
El problema fundamental tampoco es social. Es cierto, buena parte de los salvadoreños están en contra de la tregua. Pero la mayoría muy probablemente la hubiese apoyado si detrás de ella existiese un plan relativamente transparente de pacificación, reintegración, justicia y reparación de las víctimas. Una estrategia en la cual los ciudadanos vieran atendidas sus preocupaciones y sus dudas. Después de todo, en algunos de los municipios más desangrados por la violencia son ellos, los ciudadanos, los que ponen las víctimas y también los victimarios.
Pero lo cierto es que la tregua fue una respuesta desesperada a una situación provocada por la improvisación, la debilidad política y la falta de liderazgo. Frente a la ausencia de claridad y las vacilaciones por parte del gobierno, las pandillas ofrecieron su propio camino y su estrategia. En realidad, la dinámica y el control de la tregua nunca han estado completamente en manos del gobierno —o de su ministro estrella. La dinámica de la tregua ha estado más bien en manos de los pandilleros, de sus intereses y de sus capacidades. El problema es que la carrera electoral que ahora se impone a la sociedad salvadoreña se impone también a la tregua, y los líderes pandilleros harán lo que saben hacer para sobrevivir al cambio de régimen y enfrentar posteriormente a cualquiera que resulte en el nuevo gobierno.
Sin embargo, las pandillas le deben mucho a los Flores, a los Daboubs, a los Sacas, a los Funes y a los Munguías. Las ahora poderosas pandillas salvadoreñas, la Salvatrucha y la Dieciocho, le deben más a los funcionarios que usan las instituciones públicas para limpiar su cara y buscar votos, que a las condiciones sociales y económicas bajo las cuales originalmente aparecieron. Son aquellos, los funcionarios, los que usaron planes de seguridad viciados con fanfarria e ilegalidad para enfrentar a las pandillas. Y son éstas, las pandillas, las que usaron esa ilegalidad para asegurar su supervivencia.
De la misma forma en que las tristemente célebres “mano dura” de Flores y “súper mano dura” de Saca echaron a perder el débil entramado institucional en seguridad pública y facilitaron el empoderamiento de las pandillas para convertirlas en lo que son ahora, la tregua de Funes va a convertir a los pandilleros en otra fuerza política, con votos o sin ellos. Y eso muy probablemente ya no depende de Funes y de su gobierno. Depende de los propios pandilleros. De sus propias negociaciones y de sus alianzas entre sí y con otros actores políticos, quienes solo buscan su pedazo del pastel y garantías de impunidad.
Si el Presidente Funes quiere dejar un legado para la posteridad, puede comenzar a gobernar de verdad ahora. Antes de que sea demasiado tarde, puede apostar por reconstruir las instituciones que él estropeó cuando no supo entender su rol como líder electo de todos los salvadoreños, y a quienes todavía les debe no solo seguridad sino también transparencia.
