Opinión /

Viva la corrupción


Lunes, 8 de julio de 2013
El Faro

Desde hace varios años El Faro investiga la corrupción en el ISTA. Denunciamos que tierras destinadas a campesinos pobres fueron entregadas a simpatizantes de Arena y a familiares de funcionarios de la institución; denunciamos que más tierras destinadas a campesinos pobres terminaron en manos del exvicepresidente de la República Francisco Merino y los entonces diputados Elizardo González Lovo y Luis Corvera; denunciamos que tierras destinadas a campesinos pobres fueron entregadas a empleados del ISTA…

La semana pasada publicamos una noticia vergonzosa: tres expresidentes del ISTA confesaron haber cometido, y permitido, algunos de estos actos de corrupción y como condena recibieron la prohibición de abandonar el país o cambiar de residencia en los próximos dos años.

No es suficiente castigo para quien ha traicionado sus obligaciones con el Estado y atentado contra campesinos sin recursos -algunos de los salvadoreños más desprotegidos y vulnerables-. No es siquiera una condena acompañada de castigos económicos para resarcir el robo al Estado. No ha sido contemplada ninguna forma de restaurar el daño. El Estado ha perdido ya esas tierras, y los culpables, gracias a su confesión, tendrán apenas que realizar turismo interno y mantener su dirección postal durante un par de años.

No es una condena ejemplar para evitar que otros funcionarios sigan sus pasos. Al contrario. El mensaje es terrible: la corrupción, si es confesa, no tiene consecuencias. Y es un mensaje enviado, justamente, por la entidad encargada de proteger los intereses del Estado: la Fiscalía General de la República.

Pero no es ni la primera ni la única institución que envía mensajes favorables a la impunidad y la corrupción. Los envía la Corte Suprema de Justicia, que protege a jueces corruptos y negligentes y que obstaculiza la urgente depuración del sistema judicial; los envió la Corte Suprema de Justicia cuando decidió quitarle facultades de contraloría a la sección de Probidad; los ha enviado siempre la Corte de Cuentas de la República que ha sido cómplice de la corrupción y que no la ha combatido; los envía todo el espectro político negociando en la Asamblea las magistraturas para la Corte de Cuentas –de tal manera que garanticen la impunidad de los partidarios de los legisladores-; los envía la Asamblea Legislativa ocultando información y permitiendo el uso y abuso de los recursos legislativos y de sus legisladores; los envía el Ejecutivo ocultando partidas, negando información sobre contratos de la Presidencia; protegiendo a quienes no pagan impuestos y privilegiando contratos del Estado.

El sistema entero parece, pues, corrupto. Y lo es gracias a que todos pueden beneficiarse de ello porque, a fin de cuentas, lo hacen con los recursos de una población que no tiene instrumentos ni energías para reclamarlos porque parece hoy distribuirse entre quienes ni siquiera son conscientes de sus derechos y quienes, a pesar del hartazgo, ya no encuentran en la protesta ni en las escasas herramientas institucionales una posibilidad de solución a nada. Ni siquiera al hecho de que tres expresidentes del ISTA hayan regalado tierras del Estado destinadas a campesinos pobres, que lo confiesen y que ello no tenga consecuencias. Como si esos recursos no fueran nuestros, de todos los ciudadanos.

Ni siquiera al hecho de que dos de ellos aun ocupan cargos públicos (uno como secretario de la municipalidad de San Salvador y otro como alcalde de Santa Isabel Ishuatán quien es, además, director del sector campesino de Arena).

Ni siquiera al hecho de que, apenas la semana pasada, los diputados del Fmln y Gana intentaron una vez más violentar la institucionalidad para imponer magistrados de la Corte de Cuentas que les garanticen impunidad.

Ni siquiera al hecho de que el cinismo gobierne los discursos de quienes presuntamente nos representan. Ni siquiera al hecho de que la corrupción alimente lacras a costa de los fondos surgidos del trabajo de los trabajadores; y destinados a la atención de los grandes problemas del país, incluyendo la corrupción.
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