Carlos Ortega preside el tribunal de más reciente creación en El Salvador, y si algo puede probar es su franqueza. 'Es que yo de leyes no sé mucho...' El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) suelta sus resignadas declaraciones cuando la institución se acerca a sus seis meses de vida, aún sin recibir un cinco de presupuesto, y con unos comisionados que admiten la posibilidad de haber violado la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en una de sus primeras resoluciones, emitida en mayo pasado. “Es que no conozco ni el Código Mercantil... ni a saber qué Código vamos a aplicar ahí. Si no sé, mejor no opino, así no hablo tonterías”, agrega Ortega, quien dice tener la esperanza de que con la eventual contratación de personal adecuado, el IAIP pueda responder a las expectativas.
El Instituto que el presidente Mauricio Funes juramentó con 15 meses de retraso en febrero pasado ha resuelto 12 litigios en medio de la adversidad: a la nula disponibilidad de recursos económicos se sumó que el Ministerio de Hacienda no extendió el Número de Identificación Tributaria (NIT) al Instituto porque lo confundió con una fundación sin fines de lucro. “Ni llevándoles el Diario Oficial ni los documentos me pudieron ayudar la primera vez”, recuerda Ortega, quien como presidente también es el apoderado del IAIP.
Ortega y los otros cuatro comisionados tienen el reto de ser los primeros administradores de justicia en el área de derecho a la información en uno de los escasos países del continente americano que hasta 2011 carecían de una ley en esta materia.
Las palabras de franqueza de Ortega se producen cuando se refiere a la tercera resolución que emitió el IAIP, el 28 de mayo, en una demanda contra la alcaldía de San Juan Opico. Ortega y otros dos comisionados aceptan que existe la posibilidad de que se hayan equivocado en su resolución, y entonces vuelven la mirada a la carencia de financiamiento como un posible factor. “No podíamos meternos a resolver ese tipo de casos porque ni tenemos presupuesto, y ya eso implica tener un equipo, pues. Necesitamos resolutores, abogados que anden investigando”, dice Ortega, un administrador de empresas graduado de la universidad Thomas Alva Edison y con una maestría de la Universidad de El Salvador.
Ortega entendía las generalidades del caso de Opico cuando firmó el proyecto de resolución que había recomendado Jaime Campos, uno de los dos comisionados titulares que son abogados. Los otros tres son un ingeniero electricista, una comunicadora y el administrador de empresas Ortega. Ortega solo sabía que en noviembre de 2012 un abogado de Opico había pedido información que según la ley debe ser publicada sin necesidad de petición. Pero la alcaldía, según el demandante, no respondió ni en tiempo ni en forma.
—Hay comisionados que admiten la posibilidad de error en esa resolución.
—Sí, aunque eso es mejor que jurídicamente lo discutan: de leyes no sé mucho, porque no soy abogado.
—Ante el ojo público puede ser preocupante que el presidente del Instituto no conozca las leyes.
—Va a tener razón la gente porque yo le aseguro que los diputados, que son los que las aprueban, no se las pueden.
—¿Me llevaría una mala impresión de la institución si solo lo entrevisto a usted?
—Yo le diría: mire, tendríamos que llamar a un abogado. Las decisiones aquí son colegiadas y somos un equipo. A veces yo los llamo, les digo que vayan a entrevistas porque no puedo estar hablando tonteras, o si no, me hago acompañar de ellos. Es imposible saberlo todo.
Ortega fue propuesto por el sector de los sindicatos, tiene 65 años y un pasado en laboral en el Ministerio de Trabajo, de donde se jubiló en febrero, después de 16 años de laborar ahí. Antes había sido contador, y con toda su experiencia, Ortega pide a la población, más que paciencia, participación. “Somos humanos, no somos perfectos. No es que esté salvando la situación, es que tenemos derecho a equivocarnos... bueno, tenemos derecho a buscar lo correcto a través de lo malo, de los errores. Así que pido a todos que ejerzan la ley, si nadie pide información, ahí va a estar muerta la ley”.
Al IAIP, que tiene la potestad de dirimir conflictos entre las instituciones obligadas a cumplir la ley y los ciudadanos, y que puede imponer sanciones, habían llegado 26 demandas hasta el 31 de julio. Los comisionados han resuelto 12 de ellos, dos fueron declarados improcedentes y otros 12 están en proceso.
Después de seis meses sin dinero para funcionar y no obstante haber sido juramentados en febrero por el presidente Mauricio Funes, Ortega pide al Ministerio de Hacienda el desembolso de los 900 mil dólares que necesitan para funcionar este año. Necesitan, por ejemplo, contratar personal de apoyo en el área técnica.
El Instituto ha creado un reglamento interior que crea la figura de la relatoría para las audiencias. El relator conduce las audiencias con base en las prácticas de las leyes comunes, y usualmente tienen ese rol los dos comisionados abogados, Jaime Campos o Mauricio Vásquez. Desde el 23 de febrero hasta el 31 de julio, el Instituto ha conocido litigios a razón de uno por semana.
Las audiencias recuerdan las que ocurren en el Centro Judicial “Isidro Menéndez”. Hay un estrado desde el cual los jueces-comisionados escuchan a las partes en litigio. El solicitante de información y el representante de la institución demandada están sentados cada uno a su propia mesa, de frente al estrado. Ortega preside la mesa de comisionados. Para esas ocasiones suele ocupar los trajes de saco y corbata que, según dice, a lo largo de los años le han enviado sus familiares desde el extranjero.
“Buenos días, bienvenidos al Instituto de Acceso a la Información Pública, a esta audiencia de aportación de pruebas. Gracias por haber venido. Cedo la palabra al relator”, dice Ortega en el inicio de la audiencia, y será lo único que diga, porque la carga en esta parte del proceso está en los hombros de quien hace de relator. Este lee un resumen del caso: un ciudadano demanda a la Universidad de El Salvador por falta de respuesta a una solicitud y porque tampoco hay un oficial de información... Otro día, en otra audiencia, un ciudadano demanda a la Superintendencia del Sistema Financiero porque la institución declaró reservada una información con la cual las compañías aseguradoras deben trabajar. El relator pide a las partes que construyan sus alegatos con base en las pruebas presentadas. El representante de la Universidad de El Salvador se pone de pie y aclara su voz: “Buenos días, honorable Instituto, me corresponde a mí representar en esta audiencia de aportación de pruebas a...', y luego recita artículos de la Constitución, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y de otras leyes secundarias como la Ley de Educación Superior, o la Ley del Sistema Financiero, en el caso del representante de la Superintendencia... Algunos comisionados tomarán nota en un cuaderno o en hojas sueltas, otros, como Ortega, solo se mantendrán atentos a los discursos en clave jurídica que recitan las partes.
“En la parte técnico-jurídica vamos a necesitar abogados', dirá Ortega, una vez terminada la audiencia contra la Universidad de El Salvador, 'y quizás buenos abogados porque al final somos como un tribunal, eso somos, jueces... Por eso es que peleábamos por un buen presupuesto para contratar esta gente”.
—Es como cuando aprende a manejar un vehículo, al principio le cuesta, pero con la práctica ya es más fácil. Incluso vamos a poder recomendar reformas a la ley, gracias a la práctica —dice Ortega.
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Más que alertas, lo que la resolución definitiva 1-D-2013 del 28 de mayo despertó en tanques de pensamiento y organizaciones del Grupo Promotor de la LAIP, fue temor de un error en el juicio del IAIP.
En ella el Instituto resolvió, para sorpresa de abogados y conocedores de la ley, que no conocería las apelaciones de casos comenzados antes de su nombramiento como comisionados, es decir, antes del 23 de febrero de 2013. Ortega dice que esa decisión se tomó porque la oficina de acceso a la información de la Corte de Cuentas de la República había emitido una resolución similar.
—Nosotros hemos llamado a la Corte de Cuentas para preguntarle por qué no dan la información desde 2009 para atrás. Y la niegan diciendo que la ley no es retroactiva. Entonces, partiendo de esa misma premisa jurídica que tiene la Corte, yo le puedo decir lo mismo, pero nosotros no tenemos una base legal como para poder decir que íbamos a conocer de oficio eso porque incluso nosotros ni presupuesto tenemos.
—Lo que dice la Corte de Cuentas no es un razonamiento jurídico...
—Sí, por eso le digo yo, es bien subjetivo, y yo no sé ahí cómo...
La resolución 1-D-2013 fue el final de un litigio que había comenzado en noviembre de 2012 cuando el abogado José Heriberto Baños Chicas pidió información oficiosa a la alcaldía de Opico. La alcaldía no entregó la información, ignoró al menos tres peticiones y por eso Baños Chicas presentó una apelación el 4 de diciembre ante el oficial de información de la alcaldía, a sabiendas de que para esa fecha el Instituto aún no había sido nombrado. La alcaldía no respondió. El 15 de marzo -20 días después de haber sido juramentado el IAIP-, Baños Chicas presentó su apelación directamente ante el Instituto pero en ella ya incluía la queja de que la alcaldía se había quedado sin oficial de información.
El 19 de marzo, el Instituto resolvió que no tenía competencia temporal para aquellos procesos comenzados antes del 23 de febrero, y que no era su papel viajar atrás en el tiempo para resolver casos. Los comisionados admiten que esta razón no es ninguna de las tres que menciona el artículo 97 de la LAIP como posibles causas para desestimar una apelación. Baños Chicas objetó esa decisión el 2 de abril, señalando que el hecho de que no estuvieran nombrados los magistrados cuando él comenzó el litigio con la alcaldía, no impedía al Instituto de conocer una vez instalado, porque además la ley estaba vigente desde mayo de 2011. Él no lo sabría, pero cinco tanques de pensamiento y organizaciones especializadas en transparencia también le darían la razón.
El 3 de abril, el Instituto mantuvo su postura y declaró sin lugar el recurso de revocatoria de Baños Chicas no solo por el criterio de la falta de competencia temporal sino porque según el Instituto, Baños Chicas pudo buscar la Corte Suprema de Justicia para que la Sala de lo Constitucional o la de lo Contencioso-Administrativo atendiera su caso mientras el IAIP aún no existía. Este camino está prescrito en el artículo 39 de la LAIP pero solo cuando el Instituto haya denegado la apelación por una de las tres causales de denegatoria que dicta el artículo 97 de la LAIP: que se haya presentado de manera extemporánea, que el Instituto haya conocido antes el caso o que la apelación sea a un escrito que ningún oficial de información haya emitido.
Consultados por El Faro, Saúl Hernández, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD); Javier Argueta, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), y Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), creen que el Instituto incurrió en violaciones a la Constitución y a la LAIP. El artículo 6 de la Constitución garantiza el derecho a la información y el artículo 11 establece que a nadie se le puede privar de un derecho sin seguir un proceso de acuerdo a las leyes vigentes. En cuanto a la LAIP, dicen, el Instituto violó el artículo 102, que habla del debido proceso que todo caso debe seguir.
La apelación de Baños Chicas cumplió con los requisitos de ley, la presentó en tiempo y en forma, pero el Instituto obvió el proceso de apelación dibujado a lo largo de los artículos del 81 al 102 de la LAIP y consideró 'improponible' la apelación.
Para Juan Carlos Sánchez, de Fespad, los principios de prontitud y sencillez para acceder a la información pública establecidos en el artículo 4, literales c y f de la LAIP, también se violentaron. “Fueron demasiado formales. Parece que se necesitará siempre un abogado para llegar al Instituto, y yo me pregunto por la niña Juanita la tortillera si podría hacerlo”, dice Sánchez.
De la denuncia de Baños Chicas, el Instituto decidió que los únicos dos hechos procesables eran que la alcaldía de Opico no contara con oficial de información y que tampoco entregara copia del acuerdo municipal que había autorizado al alcalde a contratar a un oficial que dejó de trabajar en diciembre. Pero por ninguno de los dos hechos el alcalde Romeo Barillas fue sancionado pese a que sí quedó demostrado que tuvo responsabilidad en los incumplimientos a los artículos 76, literales d) y e) de la LAIP. Contrario a sancionar, el Instituto perdonó al alcalde Barillas por haber mostrado “buena voluntad” en el nuevo proceso de contratación de oficial que había iniciado. Y también le perdonó que no entregara la información en los 10 días que establece la ley para la información oficiosa porque, según el Instituto, había sido suficiente que el alcalde entregara el documento durante la audiencia de aportación de pruebas, el 23 de mayo, a pesar de que a Baños Chicas se le negó la respuesta durante seis meses.
El voto disisdente lo puso Jaime Campos, quien sí consideró que había que resolver contra el alcalde como dispone la ley. En cuanto a que el Instituto no podía conocer de apelacioines anteriores al nombramiento de los comisionados, estuvo de acuerdo, y fue él quien propuso esa parte de la resolución, que afuera del IAIP es vista con ojo crítico.
“Esa resolución puede impugnarse no solo en materia de legalidad en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (que es la dirime litigios entre instituciones del Estado y los ciudadanos) si no también en materia de constitucionalidad por haberse violado el derecho de audiencia y defensa, por evitar medios impugnativos, y por haber violado el derecho a la información pública”, dice Javier Argueta, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, parte del Grupo Promotor.
Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades); Roberto Burgos, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); y Diego Zamora, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), también objetan la resolución. “El Instituto debió decantarse al lado de la ciudadanía, no decir aquello de que quedan las otras vías de la justicia o que mejor volviera a presentar otra solicitud”, dice Javier Castro. “Tienen que fundamentar mejor sus resoluciones, acordate que están comenzando y tienen que ir adquiriendo los conocimientos necesarios lo más pronto posible”, señala Burgos.
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En el Instituto no están cerrados a la crítica. “Errada o no -dice el comisionado Jaime Campos, un catedrático y exapoderado legal del Ministerio de Agricultura-, creo que la decisión fue justificada... Creo que hay que estar abiertos a la posibilidad del error. El error administrativo o el error judicial se corrige a través de los recursos. Por eso te digo que el ciudadano, en caso de no estar en acuerdo, puede buscar la Sala de lo Contencioso-Administrativo”.
“Este fue el tercer caso apenas, no significa que de aquí en adelante no podamos cambiar de criterio. La jurisprudencia puede cambiar media vez tú la vas resolviendo. Yo veo la crítica muy constructiva, tampoco se trata de que yo esté defendiendo a capa y espada un criterio”, señala Campos.
Ortega es de la misma idea. “Yo incluso estaba en contra de esa interpretación”, dice el presidente del IAIP.
—¿Usted estaba en favor de conocer la demanda?
—Para mí (el Instituto) debería de irse hasta atrás porque es información pública. Pero como así lo dijeron los jurídicos de la Corte de Cuentas y yo en el campo jurídico no conozco, y en algo que no conozco no me voy a meter a opinar porque me voy a equivocar, lo más seguro es que me equivoque.
—¿Pero si tenía esa duda por qué no votó en contra como el comisionado Jaime Campos?
—Pero como hay mayoría, ¿verdad? No podemos ver que aquí, que allá, que todo eso, que no tenemos recursos. Nosotros estamos nombrados pero no tenemos los recursos, o sea, el niño a puras penas tiene pacha. Entonces, que empiece a correr todavía le falta.
Entre las 12 demandas resueltas hasta el 31 de julio, hay seis condenas contra el Ministerio de Trabajo por haber negado información y condenas contra las alcaldías de Coatepeque, en Santa Ana, y la de Ilobasco, en Cabañas. Entre los procesos en trámite hay apelaciones por supuestos errores de los oficiales de información a la hora de resolver solicitudes, casos de falta de respuesta de los entes obligados, denuncias de ciudadanos por supuestos incumplimientos a la LAIP y actuaciones de oficio por parte del Instituto.
Otras entidades demandadas son la Dirección General de Medicamentos, el Ministerio de Salud, el Banco Central de Reserva, la Universidad de El Salvador, la Superintendencia de Sistema Financiero, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la alcaldía de San Francisco Chinameca.
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—Yo la semana pasada quise sacar el NIT y no saben en Hacienda qué es el Instituto —dice Ortega—. En Hacienda me dijeron que a lo mejor era una fundación, entonces que tenía que ir al Registro de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Imagínese: gente aquí no más, en el Ministerio de Hacienda, donde tienen que dar ese documento para inscripción de empresas, no nos lo dan.
—¿Y presentó todo en regla?
—Pues sí. Yo temía caer en un error queriéndome meter en cosas porque aún no existíamos, no existíamos cuando comenzó ese litigio. Imagínese ahora que existimos y ni así nos dan el NIT. No sé a qué se deba, puede ser por ignorancia, puede ser de mala fe también, uno no sabe. Entonces, como no tenemos presupuesto aprobado tampoco podemos llegar a decir lo contrario, entonces, este... nos complicamos un poco en el quehacer y para estructurar la organización...
Entre los cinco comisionados titulares, hay tres que dicen que la falta de presupuesto influyó en la decisión para declarar improponible la apelación de Baños Chicas en San Juan Opico. La comisionada Herminia Funes lo dice así: “Tenemos visitas de campos que hacer, desplazamientos, y si empezamos a conocer los casos anteriores ¿qué hubiera tenido que pasar? No se hubiera podido, no queremos vernos con mora”, dice.
El Instituto por ahora tiene 12 empleados y los únicos dos que reciben su salario son dos jóvenes asistentes pagados por la cooperación estadounidense USAID.
Carlos Calderón y Vicente Melara llegan todos los días a la oficina en la colonia Cumbres de la Escalón, al norte de San Salvador, para auxiliar el trabajo de los comisionados: sacan fotocopias, sellan la documentación a entregar a los usuarios del Instituto, envían correos de notificaciones, atienden a los usuarios que llegan. En días de audiencia, suman más tareas: Calderón saca fotografías, a veces toma videos y también está pendiente de la grabadora que registra el audio de lo que ahí se dice. Melara es quien digita en una pequeña laptop las intervenciones de los participantes para luego elaborar el acta de la sesión. Él estudia derecho y por eso puede asumir el rol de secretario en un juzgado: no es fácil, como dice Ortega, seguir el hilo de las intrincadas interpretaciones que hacen los abogados.
Además de los 10 comisionados , de Calderón y Melara, el Instituto debería contar con 23 empleados, como manda el decreto aprobado por la Asamblea. Para este lunes 19 de agosto, al IAIP solo le faltan cinco días para cumplir sus seis meses de edad. Y a los seis meses de edad aún no tiene dinero para pagar los honorarios del personal, incluidos los comisionados. Ni para pagar el alquiler de un local ni para comprar un vehículo que permita hacer inspecciones de campo, ni para comprar computadoras, ni para adquirir un clip y ni para pagar una fotocopia. Para nada. Este es el Instituto de Acceso a la Información Pública que en febrero pasado sirvió al presidente Funes para jactarse de que solo en su gobierno había sido posible un instrumento de escrutinio como este.
El IAIP es huésped en una casa que sirve de oficina de USAID, en la prolongación de la calle San Antonio Abad, de San Salvador. Ahí, los 12 empleados del Instituto ocupan una habitación de la segunda planta. Está equipada con una mesa, con sillas y con computadoras patrocinadas por la oficina de cooperación. Cuando hay audiencias, el Instituto usurpa un amplio salón contiguo al patio, cerca de la cocina, donde en un gesto dignificador se ha colocado un enorme banner que dice en mayúsculas el nombre del Instituto y el lema “Fomentando la cultura de transparencia”, acompañado del escudo de El Salvador y el logotipo de la institución.
Hasta hace unas tres semanas, si había que hacer una inspección de campo, el comisionado designado debía poner la gasolina con el dinero de su bolsillo y efectuarla en su propio carro. Fue a mediados de julio -cinco meses después del nombramiento de los comisionados- que Casa Presidencial “desechó”, como dice la comisionada Funes, un vehículo para facilitarlo al Instituto. Antes de hacer uso de esa camioneta Ford, marca Everest, año 2011, hubo que repararla.
Ad honorem, los comisionados han tenido que repartrirse los cargos que el Instituto requiere para funcionar en el sistema burocrático. Se han convertido en mensajeros de la institución, en contadores, notificadores, tesoreros, citadores y encargados de planilla. No tienen secretaria o secretario, y ese servicio lo presta, en la medida de sus posibilidades, la secretaria de la oficina de USAID. Ella, además de controlar quién entra y quién sale de la oficina a través de un cerrojo electrónico en la puerta principal, es quien convida con impresoras, tinta y papelería a los inquilinos del Instituto.
Por ahora, los comisionados han tenido que escarbar hasta el fondo de sus finanzas para mantenerse a flote. El presidente del Instituto, Carlos Ortega, está sobreviviendo gracias al dinero que recibe por el alquiler de unos inmuebles en Soyapango que son herencia de su madre. Hermina Funes, otra de las comisionadas, después de inutilizar una tarjeta de crédito por llevarla al límite del gasto permitido, ha pasado a depender únicamente del salario de su esposo. Jaime Campos sobrevive gracias a su otro trabajo como docente universitario, uno de los empleos con los que sí es compatible la función de comisionado.
Aparte de la camioneta, la otra donación ha sido un lote de ocho computadoras desktop y dos laptops. Salieron de la Secretaría de Asuntos Estratégicos “hace un par de meses”, según explicaron Campos y Funes, aunque estas por ahora están guardadas. “Queremos documentar la entrega formal o que se exprese en qué forma se da”, dice Campos.
La LAIP ha sido víctima indiscutible de los retrasos. Aprobada el 3 de marzo de 2011, su entrada en vigencia comenzó el 8 de mayo de ese año, aunque solo el 8 de mayo de 2012 era obligatorio que las instituciones afectadas publicaran la información oficiosa y respondieran solicitudes de información. Pero aún en 2011 el presidente Funes incumplió dos de sus obligaciones con la normativa: nombrar a los comisionados y generar presupuesto de funcionamiento para el Instituto a partir de enero de 2012. Asimismo, el gobernante emitió un reglamento que violó la ley al crear causales para mantener secreta la información que no estaban contempladas en la ley.
Tras la juramentación, el 22 de febrero pasado, el calvario se mantuvo porque el presupuesto no se aprobó de inmediato. Fue hasta casi cuatro meses después cuando el presidente Funes envió al ministro de Hacienda el documento que contenía la iniciativa para que se incluyera en el presupuesto general de la nación los 991,300 dólares para el desempeño del Instituto desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre.
El 11 de julio, la Asamblea aprobó el presupuesto del Instituto. Le rebajaron de 49 a 35 plazas, le quitaron 43,059.50 dólares en el rubro de bienes y servicios, y otros 67,500 dólares en la partida de remuneraciones de los comisionados. Los diputados redujeron el salario del presidente del Instituto, y de los comisionados, de 5,250 y 5,000 a 3,750 y 3,500 dólares, respectivamente, por considerar que el sueldo no iba acorde a la difícil situación de las finanzas estatales.
El presupuesto aprobado para el Instituto es menor a los 880,740.50 dólares, que es el monto que habría quedado si las 49 plazas se hubieran aprobado. A estas alturas, ya ni sorprende a los comisionados que no haya llegado el dinero. “Falta únicamente que se publique en el Diario Oficial pero vemos que hasta dentro de un mes tendremos el primer desembolso”, especulaba la comisionada Herminia Funes, el 10 de agosto.
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Caso 1. La pequeña victoria
Ortega dice que si el Instituto cometió errores en las primeras resoluciones, estos se van a ir subsanando poco a poco. “En la práctica es que uno mejora, así como cuando uno va aprendiendo a manejar un carro, así como en el caso de Ilobasco”, dice.
El caso de Ilobasco es uno en que un grupo de ciudadanos lograron que el Instituto revisara una resolución favorable a la alcaldía y terminara emitiendo una condena.
El caso arrancó cuando los ciudadanos Walter Pineda, Norma Argueta y Carlos Aguilar se mostró interesado en saber si una cantina a menos de 200 metros de una escuela en la 2a. Avenida Norte, en el Barrio San Sebastián, contaba con los permisos para su instalación. El 11 de junio, el Instituto perdonó al alcalde José María Dimas que no hubiera oficial de información nombrado, y que tampoco hubiera brindado información a los ciudadanos.
Ortega había hecho la inspección de campo en la alcaldía. Esa vez, el alcalde dijo que estaba por nombrar al oficial de información y que la información solicitada por los ciudadanos no existía. Entonces el Instituto resolvió favorable al funcionario, pero Jaime Campos expresó su voto disidente, convencido de que sí se había violado la LAIP.
—Cuando Jaime Campos presentó su voto disidente, yo recapacité y dije: “No, miren, él tiene razón, cuando yo fui no había, que después hicieron cosas y banners es otra cosa” -dice Ortega.
—Y usted concluyó que había razón para la sanción.
—Exacto. Sí, lo que pasa es que no queríamos entrar a sancionar a los alcaldes de esa manera, a pesar de la vigencia de la ley desde hace un año, porque hay alcaldías que no tienen recursos. Y castigar... y bueno, nosotros lo que creíamos era motivarlos a que hagan caso de la ley pero quizás la única manera de hacerlo es con sanción, así que ahí van los 4,300 dólares, 20 salarios mínimos.
El 5 de julio, el Instituto reformuló su sentencia: condenó a la comuna a pagar 20 salarios mínimos por la falta de oficial de información. El caso permitirá que, como lo indica la LAIP en su artículo 100, la Fiscalía investigue si hay delito porque cada resolución, el IAIP debe informarla a la Fiscalía, y en este caso, dará cuenta de la inexistencia de la información legal con la que supuestamente el alcalde Dimas autorizó la instalación de la cantina sobre la 2a. Avenida Norte de Ilobasco.
Norma Argueta, una de las ciudadanas de Ilobasco, lo resume así: “Lo que queríamos era quitar la cantina, en esto todavía estamos en deuda, pero ahora ya sabemos, por lo menos, de que la cantina no tiene los permismos para estar ahí”. Ella, junto a Walter Pineda y otros ilobasquenses, pertenecen a un grupo de Facebook denominado “Camino a la democracia en Ilobasco”. Juntos han soñado que Ilobasco sea un polo turístico y un pueblo sin problemas de seguridad.
Caso 2. El incómodo
“Como ciudadano me siento burlado, como empleado, igual. Vine a perder el tiempo, y estar frente a la máxima autoridad de la universidad no es tan cómodo que digamos. Voy a volver a pedir la información”, dice Romel Hernández*, un empleado de la Universidad de El Salvador que este 12 de julio está en la sala de audiencias del Instituto porque los comisionados decidieron juntar en un solo expediente los dos procesos que había contra la rectoría de la UES
Romel trabaja en el Polideportivo y el 21 de mayo pidió información relacionada con la estructura orgánica laboral en su lugar de trabajo. Según él, la información no se la entregaron completa y por eso denunció a la Universidad ante el Instituto el 14 de junio. Él necesitaba la información para resolver unas diferencias que tiene junto a otros empleados con la institución.
A mitad de la audiencia, el rector Mario Nieto y Romel Grande se ponen de acuerdo para que el segundo reciba la información que pidió: volverá a hacer la solicitud y esta vez brindará los números de contacto adecuados... pero la audiencia no termina ahí, aun queda pendiente la sanción contra la Universidad por no contar con oficial de información.
Romel pide la palabra: “A mí la información es lo que me interesa, pero veo que el proceso ahorita va dirigido a atacar a la Universidad. Me siento incómodo porque he entorpecido la agenda del rector...”. Un comisionado lo interrumpe, debe guardar silencio y se le recuerda que el proceso había llegado a esas instancias porque hasta hace un momento creían que la Universidad no había entregado nada de información, pero ahora se dan cuenta de que fue información parcial.
Romel, que ya lucía incómodo por poner en aprietos al rector, debe permanecer sentado, escuchando a los jueces-comisionados hacer valoraciones sobre el cumplimiento de la LAIP por parte de la universidad.
Al final de la audiencia, Romel y el rector estrechan manos. El empleado le dice a su jefe que sería un gusto poder recibirlo en el Polideportivo para que se dé cuenta de las condiciones laborales. El rector luce serio, dice que con gusto mirará su agenda y que le llamará. “De todos modos, ya sé cómo contactarlo”.
Caso 3. El resignado
“¿Valdrá la pena comenzar de nuevo?”, se pregunta José Heriberto Baños Chicas, el abogado oriundo de San Juan Opico que intentó obtener información de su municipalidad pero que tras siete meses, contados desde noviembre, tiró la toalla. Aun está fresca la última bofetada que recibió del Instituto cuando este declaró “improponible” su caso tras considerar que por haberse originado la apelación en noviembre, antes del nombramiento de los comisionados, no podía entrar a conocer el caso. En el último oficio que libró el Instittuto, le recomendaron volver a solicitar la información.
“Violaron la ley, pensé interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero ya no quise, eso es desgastante, muy desgastante. No quiero llegar a verle la cara de negligente al Instituto. Tengo mis ocupaciones en el trabajo”, dice este abogado, un día de finales de julio. Baños Chicas dice profesar una admiración por el comisionado Campos, quien fue el único que, con su voto disidente, señaló que había que sancionar al alcalde por no haber nombrado un oficial de información y por no haber entregado información. Pero la mayoría manda, y el resto de comisionados decidió 4 a 1 que había que perdonarlo porque había mostrado buena voluntad.
“A mí qué me importa que hayan nombrado a un extraterrestre o a quien sea como oficial de información. Lo primordial es el acceso a la información que no tuve y la violación a la ley. Yo, si me animo a comenzar otro proceso, lo voy a hacer para denunciar que aun con instituto hay cultura de secretismo”, agrega.
*La publicación original decía que esta persona era de apellido era Grande cuando en realidad es de apellido Hernández. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente ocasionado por nuestro lamentable error.
