Quizás suene a chiste o a trabalenguas: la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable este miércoles una declaratoria de inaplicabilidad previa de la Sala de lo Constitucional. Este es el más reciente capítulo del ping pong de resoluciones que mantienen desde cuando la Sala de lo Constitucional admitió una petición de inconstitucionalidad del nombramiento del presidente de la Corte, y luego la Sala de lo Contencioso admitió una petición de anulación de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Con su pronunciamiento de este miércoles 28 de agosto, son cinco las resoluciones emitidas por ambas salas, motivadas por demandas contra decisiones de la Asamblea Legislativa. La paradoja está en que en realidad su posible resultado apunta contra la existencia de las dos partes aparentemente antagónicas que desde 2012 forman la Sala de lo Constitucional: los cuatro magistrados elegidos en 2009 cuyas sentencias los han puesto en la mira de los diputados, y el quinto magistrado, Salomón Padilla, elegido en 2012 presidente de la Sala y del Órgano Judicial, cuya militancia en el partido FMLN hizo que un ciudadano demandara contra su nombramiento.
El documento de 24 páginas emitido este miércoles por la Sala de lo Contencioso dice que no atenderá la inaplicabilidad emitida por la Sala de lo Constitucional y que seguirá el proceso en que se juzga el proceso de elección de magistrados de 2009. Uno de los primeros enunciados de este documento sostiene que los magistrados de lo constitucional, “como una especie de paranoia judicial”, insisten en defenderse de este proceso judicial alegando que la finalidad del proceso es interrumpir las funciones jurisdiccionales de esa instancia.
Continúan argumentando que no pretenden atentar contra la independencia judicial -como señalaban los magistrados constitucionalistas en una de sus resoluciones- y que por tanto el proceso judicial que pretende anular la elección que hizo la Asamblea Legislativa en 2009 seguirá.
Con la llegada a la cúpula de la Corte Suprema de un abogado en cuyo currículo aparece militancia en el FMLN se estableció una Sala de lo Constitucional de extremos: por un lado, el de aquellos magistrados cuyas sentencias golpearon los intereses de las cúpulas de los partidos políticos, y por el otro, un presidente de la Sala cuya vinculación al FMLN lo coloca en posición aparentemente antagónica.
Los cuatro magistrados nombrados en 2009, en un momento en que había una medica cautelar de la Sala de lo Constitucional saliente que ordenaba a la Asamblea abstenerse de elegir mientras tramitaba un amparo, anularon tres veces este año la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, y establecieron que en los organismos de control estatal no puede haber dirigentes que no ofrezcan garantía de independencia respecto de partidos políticos. En 2012 anularon la elección de un fiscal general y de una Corte Suprema pactada por el FMLN con partidos minoritarios en la Asamblea, y en mayo de 2013 anularon el nombramiento de dos generales como ministro de Seguridad y director de Policía. Pero antes de estas sentencias que los enfrentaron repetidas veces al Ejecutivo y a diputados del FMLN y del resto de partidos, en 2010 emitieron una serie de sentencias que dieron un vuelco al sistema con que los salvadoreños eligen diputados, que se convirtió en el voto por rostro y no por listas cerradas y bloqueadas que solo favorecía la elección de los candidatos favoritos de las cúpulas partidarias.
La lectura de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -cámara cuya responsabilidad es dirimir litigios entre ciudadanos afectados por decisiones administrativas del Estado presuntamente ilegales- en su admisión de la demanda contra el nombramiento de los cuatro magistrados elegidos en 2009, sugiere que dichos magistrados, con algunas de sus sentencias, atentan contra el orden júridico al estudiar la posibilidad de anular la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, por el hecho de pertenecer a un partido político.
El conflicto debería terminar con una resolución final de la Sala de lo Contencioso que parece ir encaminada a declarar nula la elección de algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y según ha transcurrido el conflicto, la Sala de lo Constitucional emitiría una inaplicabilidad en la que anula la resolución final de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
