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Asamblea Legislativa desacata dos órdenes del Instituto de Acceso a la Información

Un ciudadano pidió a la Asamblea Legislativa la planilla de cientos de 'empleados' contratados por los diputados como 'asesores legislativos'. La Asamblea no atendió la petición, el ciudadano acudió al Instituto y este, al tramitar la demanda, pidió a la Asamblea que le entregue la información para analizarla. Dos veces esta semana, el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, dijo no al Instituto.


Viernes, 30 de agosto de 2013
Gabriel Labrador

Tenía 24 horas para brindar la lista de las más de 700 personas que, por petición de los diputados, han sido contratadas por la Asamblea Legislativa, pero el presidente del Órgano Legislativo, que había prometido acabar con el ocultamiento de información, reiteró este jueves al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que no le entregará los datos que le pide, argumentando que los comisionados están errados en su interpretación de la ley.

El diputado del FMLN Sigfrido Reyes aseguró en una carta enviada al Instituto el martes 27 de agosto, y en un segunda misiva fechada este jueves 29 de agosto, que la lista de las personas que las bancadas legislativas contratan para que supuestamente cumplan la función de asesorar a los legisladores es información confidencial y por esa y otras razones no la entregará al IAIP.

El IAIP pidió la información como parte del proceso originado por una demanda de un ciudadano que acudió al Instituto después de que consideró que la Asamblea le negaba ilegalmente los datos del personal y sus salarios. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que es información confidencial la relativa a datos personales como creencias religiosas, estado de salud o preferencias sexuales. En cambio, la información sobre empleados contratados por las instituciones del Estado y los salarios correspondientes es de acceso público.

En la carta, firmada por el diputado efemelenista, este explica que ante la primera solicitud del Instituto, convocó a la junta directiva de la Asamblea, esta deliberó y concluyó que la información que le solicita el Instituto para estudiar el caso es confidencial. Cuando el IAIP le reiteró la petición de entregar los datos, respondió lo mismo que en la primera respuesta.

Las audiencias del Instituto de Acceso a la Información Pública se dan en una sala de la casa de la oficina de la cooperación estadounidense, en la colonia Cumbres de la Escalón, en San Salvador.
Las audiencias del Instituto de Acceso a la Información Pública se dan en una sala de la casa de la oficina de la cooperación estadounidense, en la colonia Cumbres de la Escalón, en San Salvador.

El máximo tribunal en materia de acceso a la información pública es el Instituto, y tiene dentro de sus atribuciones pedir a una institución interpelada que le provea la información que ha dado pie a la demanda, con el fin de estudiar el caso. Esto lo dispone el literal c) del artículo 85 de la LAIP.

El miércoles 28 de agosto, el Instituto había dado 24 horas a la Asamblea para que le facilitara una copia de los asesores contratados, su nombre y salario, pero transcurrido ese plazo a las 3 de la tarde de este jueves, la Asamblea se negó a dar la información. La Asamblea envió durante la mañana de este jueves una carta en la que argumentaba las mismas razones por las cuales no había dado la información solicitada por el ciudadano Ángel Romero Ortega. 

Según un documento de agosto de 2012, había 769 personas contratadas por los partidos políticos, aparte del personal que la Asamblea contrata para las tareas administrativas de la institución. Lo que nadie sabe es cómo cómo se reparten las actuales 769 plazas contratadas por cada partido, aunque sí han salido de manera dispersa algunos datos. Por ejemplo, los mismos diputados han explicado que en teoría cada uno tiene una asignación de fondos públicos para que lo use en pagar plazas de diversa índole. También queda claro que este personal no necesariamente es indispensable para el desempeño del trabajo de los diputados, y también queda claro que hay legisladores que tienen a su servicio más de una veintena de personas.

A finales de 2010, el fenómeno de las contrataciones innecesarias en la Asamblea se evidenció cuando un exdiputado, Juan Pablo Durán, reveló que el secretario general de Cambio Democrático, Óscar Kattán -a la sazón director del Seguro Social-, le ofreció una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa, dándole a entender que ni siquiera necesitaba llegar a trabajar.

De las pocas inferencias que pueden hacerse con aquel escueto documento de la Gerencia de Recursos Humanos, colgado en el portal de Transparencia de la Asamblea, una es que a cada uno de los 84 diputados le corresponde un séquito promedio de 9 empleados. Estos representan el 50.4 % de todos los asalariados de la Asamblea. La otra mitad, 754 personas, son los denominados empleados 'institucionales' que son plazas permanentes.

A diferencia de la transparencia con la que la Asamblea muestra cómo se reparten estos 754 empleados “institucionales”, con los contratados por los partidos políticos es imposible saberlo.

El ciudadano Ángel Romero Ortega pidió la información el 22 de julio. El 12 de agosto, la Asamblea le contestó que la información ya estaba publicada en el sitio web de transparencia institucional. Inconforme porque ahí no la encontró, Romero apeló ante el Instituto de Acceso a la Información el día 19 de agosto, alegando que la Asamblea le había entregado información incompleta.

Tres días después, el 22, el Instituto admitió la demanda para comenzar a estudiar el caso. Para mientras y para abonar al análisis, el Instituto pidió a la Asamblea una copia de la información que provocó la apelación. El Instituto le dio 24 horas para cumplir esa solicitud, plazo que se venció el viernes 23 de agosto sin que la Asamblea brindara los datos.  

El diputado Sigfrido Reyes, representante legal y presidente del Órgano Legislativo, tardó cinco días en contestar y el martes 27 de agosto respondió tres cosas. Que en ningún lado la LAIP establece el plazo de 24 horas para brindar información al Instituto y que además, es un plazo “ostensiblemente breve”. También dijo que la junta directiva de la Asamblea, en una sesión de emergencia, había determinado que la información pedida es de carácter confidencial y que por tanto era imposible facilitarla al Instituto. Y, por último, Sigfrido Reyes dijo al Instituto que la LAIP solo da la potestad para que el Instituto “solicite” información, no para “ordenarla”.

Ante esa réplica, el Instituto defendió su demanda ante la Asamblea. En su resolución del miércoles 28 de agosto determinó que la Asamblea había incumplido con el pedido de entregarle la información y requirió a Sigfrido Reyes, de nuevo, que le remitiera la lista de los asesores contratados por los partidos políticos en un nuevo plazo de 24 horas que se cumplían este jueves 29 a las 3 de la tarde. 

El Instituto además corrigió al presidente de la Asamblea en los alegatos que había dado para negarse a dar la información. Le recordó a Reyes que el Instituto sí tiene potestad para emitir medidas cautelares según el Código Procesal Civil y Mercantil que puede utilizarse de manera sustitutiva según el artículo 102 de la LAIP. “El Instituto podrá adoptar las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento (...) En particular podrá: (...) c) Solicitar una copia de la información objeto de la apelación excepto si es de naturaleza reservada, la copia será resguardada de manera confidencial por el Instituto y devuelta al final del incidente de apelación”, reza el artículo 85 de la Ley.

Ante el argumento de que la información no puede compartirse porque se trata de datos confidenciales, el Instituto le recordó a Reyes que la ley solo habla que será imposible facilitarla cuando se trate de “información confidencial”, relativa a la intimidad de las personas. “Aunque la Asamblea estime que la información solicitada es 'confidencial', no tiene excusa legal para incumplir con la medida decretada”, dice el Instituto.

Sobre el señalamiento de que el Instituto solo puede “solicitar” y no “ordenar” información a los entes obligados, el Instituto dijo que esa excusa era irrelevante, pues el objetivo de hacer cumplir los pasos que establece la normativa no se altera por usar un término u otro. “... la 'forma' en la que se le haya requerido la información no es determinante -dice el Instituto en su escrito-, sino que lo verdaderamente relevante es que la Asamblea Legislativa, como cualquier ente obligado a la ley, cumpla con las resoluciones emitidas por este Instituto y con ello se demuestre un respeto por el estado de derecho, pilar de la democracia”.

Por último, sobre el alegato de la Asamblea de que la ley en ningún lado permitía al Instituto establecer plazos para requerir información y que, además, el plazo de 24 horas era un plazo “ostensiblemente breve” para remitirla, los comisionados le señalaron al diputado Reyes que ello no era excusa válida. “El artículo 96 de la LAIP señala que las resoluciones 'establecerán los plazos para su cumplimiento', de modo que no es la ley sino el órgano encargado de decretar las medidas cautelares el que debe fijar el plazo para su cumplimiento”. El Instituto además señaló que la información requerida no es de difícil recopilación, sobre todo porque en la primera respuesta que dio la Asamblea al ciudadano Romero le dijo que los datos ya estaban disponibles en el portal de transparencia.

Según explicó Jaime Campos, comisionado del Instituto, en su segunda negativa emitida este jueves, Reyes informó además que la Asamblea ha decidido acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para dirimir el caso. La Sala de lo Contencioso-Administrativo está facultada para resolver sobre decisiones de instituciones del Estado cuando alguien se considere directamente afectado por decisiones que estime ilegales.

Producto de la segunda negativa de la Asamblea, el Instituto seguirá tramitando la demanda y ya programó para el 13 de septiembre la celebración de la audiencia en la que escuchará a las partes. La resolución final, dice la LAIP, debe darse a más tardar tres días después de la audiencia. Hasta entonces el Instituto decidirá si la información pedida por el ciudadano Ángel Romero en realidad debe ser reclasificada como pública o se mantiene como confidencial.

La Asamblea Legislativa se ha caracterizado por mantener el secretismo en muchas de sus decisiones, a pesar de que cuando tomó posesión al frente de la misma, en 2010, Sigfrido Reyes dijo que rompería con la cultura del oscurantismo. En un acto de rendición de cuentas del año pasado, Reyes dijo a El Faro que no revelaría la cantidad de empleados contratados por cada bancada legislativa porque “respetaba el trabajo de cada partido político”. En esa sesión, el diputado Guillermo Gallegos, de Gana, y el mismo que ha evitado decir si devolvió viáticos de un viaje que no hizo a España, se retiró cuando Reyes estaba a medio discurso. 

Con estas respuestas, la Asamblea dirigida por Sigfrido Reyes vuelve a plantarse en desafío a un tribunal. Antes, los diputados desacataron varias sentencias de inconstitucionalidad en relación con el sistema electoral y con los nombramientos de fiscal general y Corte Suprema de Justicia.

El reto al Instituto tiene un antecedente, especialmente de parte de los diputados del FMLN. La madrugada del viernes 8 de febrero,los efemelenistas promovieron reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para quitar el carácter vinculante a las resoluciones del Instituto. El presidente de la República días más tarde las vetó por inconveniente, después de que el vicepresidente y candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, se pronunciara en su cuenta en Twitter diciendo que él estaba en favor del mayor acceso a la información.

Con el cambio que pretendieron aprobar los diputados de FMLN, Gana y PCN, el Instituto no iba a poder ordenar, sino solo recomendar que se reclasificara información.

Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, recibe
Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, recibe 'El comic de lo que siempre le quisiste decir a tus gobernantes' / Foto de José Carlos Reyes

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