Durante el año y medio de duración de las negociaciones del gobierno con las pandillas hemos ido conociendo poco a poco algunos de los entramados de este proceso.
Ahora sabemos que las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública, durante la administración del general retirado David Munguía Payés, sirvieron de sede para las reuniones del gobierno con pandilleros. El viceministro Douglas Moreno se reunía ahí con pandilleros activos para negociar los términos de la tregua.
El ex ministro de seguridad, que ahora se ha vuelto a poner el uniforme y despacha en Defensa, niega haber estado al tanto de estas reuniones. Munguía Payés, que llevó al ministerio a varios asesores militares y que uniformó todo el entorno de su despacho, que además colocó en la Policía a otro militar y que se jactaba de controlar información de inteligencia, y que además admitió que Raúl Mijango era su asesor y que con él diseñó la tregua, dice que nunca supo de estas reuniones, a pesar de que Mijango ha dicho que él mismo las organizó en el ministerio. O el general miente una vez más o deberemos concluir que había perdido el control de tal manera que los pandilleros pasaban enfrente de su despacho sin que lo notara, por iniciativa de su viceministro y de su mediador.
Hoy sabemos también que durante todo ese tiempo Mijango y sus colaboradores ingresaban a las cárceles sin registro y disponiendo ingresos a voluntad a pesar de que no ostentaban ningún cargo oficial ni tenían autoridad para ello, violando todas las leyes penitenciarias vigentes y lso controles de seguridad.
Mijango puede argumentar que él ha creido esto necesario para poder sacar adelante la tregua. Independientemente de la validez de esta afirmación, es incontestable desde que él solo pudo hacer todo eso con autorización de los funcionarios encargados de prisiones: el entonces director Nelson Rauda, el entonces viceministro Douglas Moreno y el entonces ministro Munguía Payés. Al no contar Mijango con cargo público alguno, la responsabilidad recae directamente en los funcionarios que le dieron luz verde para disponer a su antojo de las prisiones.
Sin cuestionar la voluntad de quienes han impulsado esta tregua, la manera como se ha llevado este proceso evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública; la falta de institucionalidad para evitar que la legislación vigente se manipule y se atropelle con el argumento de que el objetivo lo amerita; y confirma la amnesia de un país que se propuso, como objetivos inmediatos al fin de la guerra, respetar la institucionalidad y el Estado de Derecho como base para la construcción de una sociedad que cerrara los espacios para la generación de un nuevo conflicto.
“El hecho de que una sociedad se organice al margen de los principios del Estado de Derecho determina una seria responsabilidad sobre el Estado salvadoreño mismo”, advirtió la Comisión de la Verdad en su informe final. “Los mecanismos políticos, normativos e institucionales necesarios para asegurar ese tipo de sociedad existían en teoría, al menos en parte; pero la realidad se diferenció de lo que debió ser, quizá como derivación de un exceso de pragmatismo”.
