El presidente de la República, Mauricio Funes, cree que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos debe incluir a los partidos políticos como sujetos de control, y anunció este lunes que él rechazará unas reformas que no los incluyan, tal como hasta ahora es la intención de los diputados de los partidos FMLN y Gana.
Funes hizo ver que las organizaciones partidarias reciben dinero de manos privadas, de tal manera que coincide en la necesidad de que sus transacciones reciban una vigilancia especial, tal como lo ha solicitado el fiscal general, Luis Martínez, y tal como lo demanda el organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del cual El Salvador es miembro.
El presidente contraría la postura de los efemelenistas, que alegan que ya hay legislación suficiente que escruta las finanzas de los partidos políticos. El GAFIC demanda que las personas expuestas políticamente (PEP) y los partidos políticos reciban atención especial en sus transacciones financieras de tal manera que, en lugar de seguir la ruta normal que siguen las transacciones de los ciudadanos comunes, estas reciban el aval de la alta dirección de los bancos y faciliten la generación de alertas.
“Voy adelantar opinión, yo no estoy de acuerdo en que los partidos políticos queden excluidos de la Ley contra el Lavado de Dinero', dijo el gobernante a la prensa. 'Los partidos políticos también tienen una parte empresarial, manejan recursos y muchos recursos, no solo lo correspondiente a la deuda política que reciben de parte del Estado, también reciben aportaciones privadas”, añadió.
Las reformas a la ley están en discusión en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoatividad, que según algunas fuentes legislativas intentará emitir un dictamen para que sea aprobado en sesión plenaria este jueves.
Las modificaciones en disputa son dos: una permitiría por ley, que se obligue a la banca a hacer un perfil de aquellos clientes que están en la política y a quienes son parte del grupo familiar de los que están en la política. La otra busca incluir a los partidos políticos dentro de las instituciones sujetas a la aplicación de la ley.
La Asamblea Legislativa ya está tarde para hacer las reformas, pues al fiscal Martínez le interesaba que las enmiendas estuvieran aprobadas antes de esta semana, porque como representante salvadoreño ante el GAFIC, a más tardar el día 13 de octubre debía informar de la situación salvadoreña ante el organismo, que realizará asamblea general a mediados de noviembre para discutir el estado de la región.
El FMLN y Gana han sostenido en la Comisión que estudia el tema que una legislación no debe ir con dedicatoria. Al contrario de dichas bancadas, Funes se pronuncia por incluir, aparte de las PEP, otra categoría para aquellas personas que manejan grandes cantidades de dinero.
“Como que si solo los que ejercemos un cargo o ejercimos un cargo podemos cometer ese delito, lo pueden cometer no solo funcionarios de gobierno, lo pueden cometer también empresarios y por lo tanto se necesita otra categoría, no solo la de personas expuestas políticamente, sino la de personas con alguna notoriedad económica, como también partidos políticos; así está la propuesta”, agregó Funes.
La comisión legislativa acordó reunirse este jueves para intentar construir un acuerdo.
Los cambios que pide el fiscal evitarían que El Salvador entre en una lista de naciones en deuda que elabora una organización internacional que vigila y evalúa los avances o retrocesos de las naciones en la lucha contra el lavado de dinero.
El FMLN y Gana defienden que hacer las modificaciones que pide el organismo internacional viola el principio de presunción de inocencia y el derecho constitucional de igualdad ante la ley. El diputado pecenista Antonio Almendáriz ha dicho, en sentido contrario, que si se tratara de igualdad ante la ley los diputados no tendrían protección constitucional por los delitos que cometan.
El GAFIC cree que el control de las transacciones financieras de las personas involucradas en política es importante para luchar contra el blanqueo de capitales, y así lo propuso el fiscal ante la Asamblea, pero los legisladores se resisten a dicha vigilancia, a pesar de los antecedentes de diputados y otros políticos vinculados reiteradas veces a casos de crimen organizado.
En 2006, la Fiscalía de El Salvador destapó una red de políticos del interior a los que acusó de lavar dinero. El diputado del PCN Roberto Carlos Silva Pereira fue procesado y reclamado por los delitos de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero.
Además, desde 2001 las autoridades de El Salvador investigaban por narcotráfico y lavado de dinero a William Eliú Martínez, quien fue diputado suplente del Partido Acción Popular (PAN) de 2000 a 2003, pero optaron por no capturarlo. En lugar de eso, fueron parte de una operación coordinada con Estados Unidos para que fuera la justicia de ese país la que se hiciera cargo. Años después, las autoridades estadounidenses afirmaron que, entre 1998 y 2000, el diputado Martínez conspiró para traficar cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos. Las pruebas recabadas por los investigadores de la DEA en Guatemala y El Salvador, situaban al exdiputado como el enlace salvadoreño encargado de proveer las lanchas de alta velocidad que recogían la cocaína en alta mar y la llevaban a bodegas en la costa de El Salvador.
En 2009, un tribunal encontró culpable y sentenció a siete años de cárcel a Fredis Osmín Escobar Alvarenga por el delito de lavado de dinero y activos. Según la investigación de las autoridades, Fredis Osmin Alvarenga lavaba dinero para la banda de narcotraficantes conocida como Los Perrones. Alvarenga estaba en la planilla de candidatos a diputados por La Unión del PCN de 2006 en la que resultaron elegidos como legisladores Elizardo González Lovo, como propietario y Roberto Silva Pereira como suplente.
