La Fiscalía allanó la tarde de este viernes 18 de octubre las instalaciones de Tutela Legal del Arzobispado, en San Salvador, con el fin de garantizar la protección de los 50,000 expedientes de denuncias de abusos de derechos humanos que la institución de auxilio jurídico para los pobres acumuló a lo largo de los 36 años de existencia.
El fiscal general, Luis Martínez, explicó a El Faro que el operativo está relacionado con la decisión de investigar las masacres ocurridas durante la guerra civil salvadoreña y, por lo tanto, con la necesidad de preservar información importante sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos.
Tutela Legal tuvo su origen en 1977, cuando monseñor Óscar Arnulfo Romero creó el Socorro Jurídico del Arzobispado en 1977, como una institución de ayuda legal para los pobres. En 1982 fue transformada en Tutela Legal y se convirtió en un organismo de protección de derechos humanos tan efectivo que en 2012 logró la condena internacional contra El Salvador por la matanza de El Mozote ocurrida en 1981.
El 30 de septiembre pasado, sin embargo, el arzobispo José Luis Escobar Alas cerró el organismo con el argumento de que ya no tenía razón de existir, y esa acción desató la alarma entre instituciones salvadoreñas y del extranjero que, preocupadas, demandaron garantías de que el archivo de Tutela Legal no se perderá.
El arzobispo cambió posteriormente en tres ocasiones su versión del cierre de la oficina, hasta que anunció la creación de una comisión que rediseñaría la institución en su funcionamiento y propósitos. Hasta este día del allanamiento, que el fiscal Julio Arriaza llamó 'preventivo', la Iglesia no había informado las medidas de protección que había dictado para salvaguardar los expedientes.
La operación fue encabezada por los fiscales Arriaza, director de la unidad de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, y Óscar Torres, jefe de la Unidad Especializada de Homicidios. Llegaron a las oficinas del Arzobispado a las 4:20 p.m., acompañados del equipo de prensa de la institución en una camioneta y un pick up de la institución. Sin dar mayor información sobre la razón de su visita, entraron en las oficinas, en la Colonia Médica, de la ciudad capital.
El operativo causó reacciones inmediatas en el procurador de Derechos Humanos, David Morales, y el padre José María Tojeira, exprovincial jesuita en Centroamérica y exrector de la Universidad Centroamericana. Este último criticó tanto al procurador Morales como la decisión de la Fiscalía. “La Fiscalía está en un error grave al meterse a secuestrar documentos en el Arzobispado. Ni justicia ni razón”, publicó Tojeira en su cuenta de Twitter.
El fiscal general explicó que el operativo tenía como propósito secuestrar los documentos que encontraran, pero antes hay que hacer un inventario de todo lo que ahí hay para después disponer su custodia.
Cuando el arzobispo Escobar Alas clausuró Tutela Legal, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), que ha demandado en España a una veintena de militares salvadoreños por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, dijo que su estimación es que el archivo de Tutela Legal tiene el 80 % de todos los documentos -testimonios, investigaciones, declaraciones- existentes sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador durante la guerra.
Cuando esta tarde Arriaza llegó al Arzobispado, dijo a los medios de comunicación que estaba en el lugar porque ahí había información de casos específicos de expedientes que tenía la Fiscalía. Minutos antes, la cuenta de prensa de la Fiscalía en Twitter había divulgado que se dirigían a hacer una “allanamiento” de los archivos de Tutela Legal. Sin embargo, tras reunirse con las autoridades del Arzobispado, Arriaza anunció que se trataba de un “allanamiento prevenvito de registro” que consistía en protección de los documentos que ahí se encuentran.
Desde el cierre de Tutela Legal, el pasado 30 de septiembre las razones expresadas por el arzobispo de San Salvador han cambiado en dos ocasiones, de manera que en un inicio dijo que obedecía a que la oficina ya no tenía razón de ser, luego que sí tenía razón de ser pero que era necesario modificar sus funciones y por último un señalamiento directo para los exempleados por irregularidades administrativas en el manejo de los documentos. Ante, esta última declaración, los fiscales a cargo del caso explicaron que su visita no estaba relacionada con los señalamientos de Escobar Alas, sino que era una forma de proteger los documentos.
'Estamos en acción con tema de masacres y estamos defendiendo el derecho a la protección de las víctimas', dijo el fiscal general a El Faro, en alusión a la decisión de romper con la actitud del pasado y asumir la investigación de matanzas ocurridas durante la guerra civil.
En su cuenta en Twitter el fiscal general también dijo que el arzobispo Escobar Alas había estado de acuerdo con la decisión. “Confianza en el trabajo de la Fiscalía. Custodios de la ley y defensores de los derechos de las víctimas”, tuiteó. A este periódico hizo un resumen del proceso: 'Primer paso, dejar protegidos los archivos de Tutela Legal. Luego hacer un inventario, y habrá fiscales presentes con protección policial'.
Sin embargo, Morales señaló que la medida pone en riesgo los archivos dado que no se seguiría un proceso técnico adecuado para realizar el inventario, tal como lo había propuesto la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Morales también alegó que era una falta de respeto que las autoridades estuvieran tomando decisiones sobre estos archivos sin consultar con las víctimas que habían generado la información. “La Fiscalía no debería iniciar un procedimiento con archivos de Tutela Legal sin consentimiento de víctimas y de debe respetar el anonimato de las víctimas que dieron sus testimonios”, dijo.
Morales también dejó entrever que existe cierta incertidumbre sobre el fin que van a tener estos documentos en manos de una Fiscalía que durante mucho tiempo se ha negado a investigar caos graves de violaciones a los derechos humanos. “Esos documentos deben utilizarse en el marco de investigaciones correctamente llevadas. Y eso es lo que voy a supervisar”, dijo.
Aún así, la Fiscalía dirigida por Martínez ha sido la primera que ha dicho abiertamente que está dispuesta a investigar las masacres ocurridas durante la guerra. Además, la institución ha declarado públicamente que lo delitos contra la humanidad no prescriben con el tiempo, lo que también representa un cambio en la institución.
La reacción de Morales también provocó una reacción de Tojeira por medio de su cuenta en Twitter. Morales fue hasta hace un mes director de Derechos Humanos de Cancillería, y antes de entrar al gobierno de Maurico Funes había tenido, entre otros cargos, un puesto en Tutela Legal del Arzobispado. El padre Tojeira tildó de cínico al procurador. “El procurador de la PDDH es un cínico. Incapaz de mover las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mete contra el Arzobispado”, publicó.
Asimismo, le señaló que hubiera sido incapaz de asegurar que, por ejemplo, la Fuerza Armada dejara de rendir culto al coronel Domingo Monterrosa, responsable de la masacre de El Mozote, por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador hace poco menos de un año.
Al cierre de esta nota la Iglesia Católica no había dado declaraciones. El domingo pasado, Escobar Alas explicó en conferencia de prensa que la Iglesia crearía una nueva oficina para el socorro legal, que según explicó, realizaría las mismas actividades que la oficina que le mismo cerró hace tres semanas.
