La participación ciudadana puede ser una herramienta muy valiosa para empoderar a los ciudadanos, lograr que estos se apropien de proyectos, mantenerlos informados, tener mayor transparencia y mejor gobernabilidad, y fortalecer la democracia. La participación también tiene costos, especialmente el tiempo de los ciudadanos; sin embargo, el mayor costo de la participación puede ser una falsa participación, una participación que le exija a los ciudadanos su aporte sin delegar poder y los acabe frustrando e incluso logrando su oposición. Una participación que no trasmita poder puede ser contraproducente a nivel de sociedad.
En el país hay ejemplos de ambos casos, de una participación efectiva que ha tenido logros significativos, y de proyectos que pretendieron ser participativos pero que resultaron contraproducentes para los involucrados. Algunos ejemplos negativos de participación, o ejemplos de no participación recientes: el cierre de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado que – en lo que ya parece ser el estilo del Arzobispo – él decide y anuncia para sorpresa de todos incluyendo los empleados de esa oficina, confirmando la nula participación en un proceso de decisión sobre un bien público y el desprecio del arzobispo hacia la ciudadanía y feligreses a los que se debe; la tregua entre pandillas – la cual puede haber sido un paso en la dirección correcta – pero que se hizo de espaldas a los ciudadanos, incluso mintiéndoles, y por tanto fue por mal camino desde un principio; los frecuentes acuerdos en y entre las cúpulas de los partidos sobre temas del partido y de nación, excluyendo no solo a los ciudadanos sino también a muchos de sus miembros, casos que generalmente han terminado dañando al partido mismo. Estos para nombrar algunos, aunque ejemplos de no participación sobran.
Pero también hay ejemplos positivos en el país. La reforma de salud que prioriza la salud al nivel más básico y preventivo, pero que reconociendo que para que ella sea efectiva necesita de la participación de los padres para que lleven a sus hijos a vacunarse, a control médico, que participen en campañas preventivas, de buena alimentación, etc. - la reforma empieza por llevar los servicios al nivel de las comunidades que quiere atender (y no lo que era usual, que el paciente tenga que viajar para ir a la clínica). La reforma también reconoce que su población meta son especialmente las madres y niños e invierta en campañas educativas dirigidas a ellos para lograr su involucramiento.
Los programas de agua en varias comunidades pequeñas y aisladas son otro ejemplo. Varios de esos sistemas de agua son administrados por las comunidades quienes cobran por el mismo, deciden sus tarifas y lo mantienen, ello resulta mucho más efectivo que esperar a que las oficinas de ANDA respondan para reparar una fuga o un caño roto en esas zonas remotas.
Programas de vivienda donde la comunidad se organiza para participar en la construcción de las mismas, participación que sirve de prima para la vivienda y deja comunidades organizadas que luego pueden mantener sus espacios públicos y apoyar programas sociales.
Incluso la construcción y diseño del SITRAMSS, con todos los problemas que está ocasionando, ha logrado minimizar los costos y problemas que se sabía ocurrirían durante su construcción; para reducir los mismos el MOP mantuvo informados desde el inicio a los transportistas, ha preparado campañas de comunicación masivas y presentado alternativas para aliviar los costos que son inevitables en procesos como esos, pero que traen beneficios comunitarios de largo plazo.
El próximo gobierno, aun los partidos en sus campañas electorales, pueden beneficiarse si utilizan la participación para definir y/o ejecutar sus programas. Uno de los niveles donde la participación puede ser más efectiva es el local o municipal. Una verdadera política de descentralización y de participación ciudadana en el proceso de inversiones municipales puede ser un gran aporte del próximo gobierno. Varios experimentos de ello se han dado ya en el país, de ellos y de lo dicho anteriormente se desprende que para que una política de participación a nivel local sea efectiva la comunidad debería no solo ser consultada sobre sus prioridades, sino que las inversiones priorizadas por ellos deberían tener apoyo legal para volverlas obligatorias para el alcalde y su consejo. Así por ejemplo, el alcalde y su consejo convocan a consultas populares donde se discute el presupuesto y se definen cuáles son las principales obras donde el pueblo quisiera se invirtieran los fondos municipales y, después de comprobar que ellas se pueden realizar con los recursos disponibles, esas prioridades deben ser respetadas por las autoridades municipales.
Dos iniciativas recientes en este tema llaman la atención. La propuesta del Ejecutivo de una política de participación y la del FMLN de hacer de la participación un eje importante de su programa de gobierno. El Ejecutivo propone una política de participación ciudadana para lo que queda de su gobierno, la intención es buena pero ello viene ya tarde, aplicar una verdadera política de participación requiere mucha preparación.
Para hacer efectiva una política participativa se debe especificar los objetivos de la participación, adónde se va a dar participación, cómo se va dar y proveer los medios para hacerla efectiva. Por tanto, una verdadera participación será difícil que se implemente en lo que le queda a este gobierno. Sin embargo, su política puede ser insumo valioso para el futuro gobierno quien debería aplicar las lecciones aprendidas antes mencionadas para lograr apoyo y hacer que la participación sea efectiva. Para ello la participación requiere de una comunidad organizada, de recursos para apoyar la participación, de transparencia, pero sobre todo requiere compartir la información, toma de decisiones y/o poder con los ciudadanos para evitar que se dé un proceso en el cual yo participo, tú participas, pero ellos deciden.
