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Asamblea aprueba ley para que Estado tome posesión de bienes producto del crimen organizado

La ley de extinción de dominio avalada por unanimidad supone la creación de jueces, fiscalías y policías especializados en perseguir, investigar e incautar bienes que provengan de cualquier actividad ílicita. Estos bienes pasarán a posesión de instituciones como Fiscalía, Policía y Fuerza Armada cuando sus tenedores no puedan probar la adquisición legal de ellos.

Jueves, 7 de noviembre de 2013
Sergio Arauz

La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de este jueves 7 de noviembre una Ley de extinción de dominio que permitirá al Estado salvadoreño investigar e incautar todos aquellos bienes que provengan de cualquier actividad ilícita. La ley, avalada por los diputados de todas las bancadas, servirá para que el Estado pueda atacar lo que más puede perjudicar a las organizaciones criminales: sus posesiones.

La ley establece la creación de un Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) que administrará el dinero y los bienes incautados. Junto al Conab también nacerán tribunales y fiscales especiales dedicados a investigar bienes que provengan del crimen organizado, de actividades como el lavado de dinero y activos, el tráfico de armas, el tráfico y trata de personas, el tráfico de drogas y la corrupción. 

Los diputados establecieron un plazo de 180 días después de la entrada en vigencia de esta ley, para que empiecen a trabajar tribunales y cámaras de extinción de dominio que juzgarán los casos que trabajarán fiscales y policías expertos en extinción de dominio. “La idea es que ya se empiecen a preparar a todas estas personas, por eso es que era necesario que se involucrara a la Corte Suprema de Justicia”, dijo a El Faro el presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, Antonio Almendáriz, del PCN.

La cabeza de la estructura que administrará el dinero y los bienes será elegida por el Ministro de Seguridad, el Ministro de Defensa, el Ministro de Hacienda, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el director de la Policía Nacional Civil.

Los fiscales de extinción de dominio tendrán la facultad de investigar las propiedades, cuentas o dinero y serán las personas que posean estos bienes las que deberán probar que provienen de actividades legales. La lógica de esta normativa, entonces, cambia lo usual y pone en las personas sospechosas la responsabilidad de probar que sus adquisiciones son legales, en lugar de que sea el Estado el que tenga que probar que las adquirieron ilegalmente. “Si me llevan ante un juez y empiezan a indagar el origen de cada una de mis propiedades, y ponga que yo digo que es herencia, pero no tengo los documentos que lo prueben, pues ahí pueden sentenciar que esa propiedad pase a manos del Estado”, explicó Almendáriz.

Los diputados de la Comisión de Legislación no establecieron ningún castigo para las personas propietarias de los bienes que serán investigados y enjuiciados en tribunales especiales. En ninguna parte se habla de penas. ¿Nadie va ir preso si le decomisan un bien o dinero?, preguntó El Faro a Almendáriz. “Es que esta ley persigue bienes, por eso es que en un principio se habló de la posibilidad de que tribunales de lo civil empezaran a ver los casos”, respondió el diputado del PCN, en alusión a que mientras se crean los tribunales especializados se pudo haber iniciado las tareas con los juzgados ya existentes.

Serán la Corte Suprema, la Fiscalía y la Policía las instituciones que determinen cuántos nuevos jueces, magistrados de cámara, fiscales y policías serán entrenados en la extinción de dominio. 

En marzo de 2011, un Tribunal de Sentencia de San Salvador ordenó que el Estado le devolviera 11.4 millones de dólares a Óscar Molina Manzanares, acusado de lavar dinero a la banda de 'Los Perrones', que operaba en el oriente del país. 

Edgardo Buscaglia, una de las voces más atendidas por gobiernos y por la Organización de Naciones Unidas en el tema del combate al crimen organizado, explicó a El Faro en una entrevista hace tres semanas, que tratar de mezclar los delitos del crimen con acciones administrativas –como la de incautar propiedades o bienes- es uno de los principales problemas que tiene la legislación en México. “Yo le recomendaría a El Salvador, un país ampliamente penetrado por el crimen organizado, una ley con causales amplias… una causal amplia es que tú no puedas probar el origen legal de un activo”, dijo en el programa El Faro Radio.

Según el plan de acción del Asocio para el Crecimiento, el programa de cooperación que suscribió El Salvador con Estados Unidos como un camino en busca del crecimiento económico, el país centroamericano debe superar ciertos retos en áreas vinculadas al crimen organizado. Uno de ellos es ser más efectivo en el combate al crimen organizado y en lavado de dinero y activos. Y una de las metas que El Salvador se comprometió a alcanzar menciona esta ley de extinción de dominio.

Dice la meta 5 del plan de acción de la Ley de Asocio para el Crecimiento: “Crear un comité que esté conformado por expertos del gobierno de El Salvador y del gobierno de Estados Unidos para promover la aprobación e implementación de una ley exhaustiva sobre confiscación de activos, así como considerar mejoras a la legislación para el combate al lavado de dinero. Se deberá tomar en consideración el uso de una parte de los activos confiscados para financiar programas para la prevención del crimen.”

La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa trabajó esta ley desde hace aproximadamente cuatro meses, pese a que desde 2006 existen iniciativas en el archivo legislativo.

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