Los diputados del partido FMLN se quedaron solos en su rechazo a que la Ley contra el lavado de dinero y activos sea reformada para que los políticos tengan una vigilancia especial en sus transacciones financieras, después de que la bancada legislativa de Gana se sumó en el respaldo a las enmiendas.
“No estoy convencido de que sea lo mejor para el país que eso entre en nuestra legislación”, dijo Guillermo Gallegos, diputado de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, quien antes de entrar a la política, ejerció como fiscal. Gallegos, dirigente de Gana, uno de los dos partidos cuyos diputados se oponían a votar por una serie de reformas a la ley que buscan ejercer mayor control sobre los políticos, reveló que él y sus 10 compañeros de bancada ya se convencieron de que al país le convienen las enmiendas pedidas por la comunidad internacional y por el mismo fiscal general, Luis Martínez. “Mire, lo haremos (votar) porque el fiscal general nos ha explicado que El Salvador puede sufrir las consecuencias, nos pueden sacar de un organismo internacional, y por eso nosotros vamos a votar por esas reformas”, dijo a El Faro.
Con este cambio de posición, la Asamblea Legislativa tiene votos suficientes para emitir las reformas, pues los efemelenistas tienen solamente 31 de los 84 escaños y los demás partidos parecen favorecer las modificacioines.
Hasta ahora, los efemelenistas -incluido su candidato presidencial, Salvador Sánchez Cerén- han dicho que el control debe incluir a todo mundo, y que los políticos ya tienen suficiente control como para aceptar que la Ley contra lavado de dinero y activos incorpore medidas adicionales, como por ejemplo que sus transacciones bancarias reciban un escrutinio especial y riguroso.
A la salida de la más reciente sesión de la Comisión de Seguridad, el martes 5 de noviembre, Arístides Valencia, diputado del FMLN y relator de la Comisión, explicó que en su partido no están convencidos de votar por esas reformas y que no lo harán aún. “Mire, tenemos que hacer consultas con expertos”, respondió a la pregunta de por qué se oponen a que se ejerza más control sobre los partidos políticos. “Esa es una manera de interpretarlo”, dijo, cuando se le hizo ver que el FMLN es el único partido cuyos diputados rechazan las reformas solicitadas por el fiscal Luis Martínez.
La comunidad internacional, por medio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo intergubernamental creado en 1989- estableció hace años la recomendación de que los políticos tengan un control más riguroso que las demás personas en sus transacciones financieras, convencida de que es una vía indispensable para combatir el blanqueo de dinero y activos procedentes del crimen organizado. El Salvador es parte de la versión regional del GAFI, conocida como GAFIC (la 'C' es por Caribe), y esta semana participará en la asamblea anual.
Gallegos, después de declarar su respaldo a las reformas, defendió el planteamiento efemelenista de que ya la clase política está suficientemente vigilada y que, además, puede vulnerarse un principio constitucional. “La Constitución establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”, dijo, aunque luego recalcó: “Nosotros vamos a votar por lo que nos ha explicado el Fiscal”.
Desde mediados de septiembre, el fiscal Luis Martínez espera que la Asamblea avale las reformas. Si no se aprueban, El Salvador podría entrar a una lista de naciones en deuda con la comunidad internacional en materia de lucha contra lavado de dinero y contra el terrorismo.
El corazón de la reforma que propone el fiscal es al artículo 9, literal B de la ley: “Las instituciones deberán tener una debida diligencia en la identificación y perfil del cliente de las personas expuestas políticamente (PEPs)'. Las personas expuestas políticamente son aquellas con cargos públicos relevantes, como jefes de Estado, ministros o legisladores. El espíritu de dicha reforma, según los comentarios de la propuesta del fiscal, es “garantizar mayor control” a funcionarios públicos prominentes, incluyendo parientes cercanos y personas “estrechamente asociadas a estos”.
Martínez comentó a El Faro que los diputados ya estaban claros de las consecuencias que El Salvador puede sufrir si se queda atrás en actualizar su legislación sobre lavado de dinero y activos. “Las consecuencias son conocimiento claro de los diputados. Serán ellos los únicos responsables de las consecuencias futuras para el país”, dijo, antes de agregar que luego de la asamblea general, a realizarse el martes y miércoles de esta semana, una delegación del GAFIC visitará El Salvador.
El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almandáriz, del PCN, cree que El Salvador corre el riesgo de entrar a la lista gris de países que no cumple los estándares que establece GAFIC, grupo creado en 1992.
Las bancadas de Arena, PDC, Gana, PCN, Unidos por El Salvador y CD suman 53 votos, 10 más de los 43 necesarios para hacer las reformas en debate. ¿Por qué no votan si ya está la correlación necesaria? “Yo soy de la idea de que este tipo de asuntos deben salir por consenso, y lo que ellos han dicho es que necesitan 15 días de tiempo. Esto es lo que pidieron oficialmente en la Comisión”, explicó Almendáriz.
Oficialmente, según el tiempo pedido por el FMLN en la sesión del 5 de noviembre, este tema regresará a la comisión hasta la sesión del martes 26 de noviembre, ya que contando fines de semana, el FMLN debe dar una respuesta el miércoles 20.
Aparte del fiscal general, el presidente de la República, Mauricio Funes, se ha manifestado en favor de las reformas, y hace dos semanas dijo públicamente que la ley contra lavado además debe vigilar a los partidos políticos. “Voy a adelantar opinión, yo no estoy de acuerdo en que los partidos políticos queden excluidos de la Ley contra el Lavado de Dinero', dijo el gobernante a la prensa a mediados de octubre. 'Los partidos políticos también tienen una parte empresarial, manejan recursos y muchos recursos, no solo lo correspondiente a la deuda política que reciben de parte del Estado, también reciben aportaciones privadas”, añadió.
