El ingreso forzado de tres hombres armados a las oficinas de Probúsqueda y el robo y destrucción de archivos parece planificado para enviar un mensaje: hay gente muy incómoda con los registros sobre el conflicto armado y esa gente tiene capacidad de y está dispuesta a ejercer la violencia. Es un mensaje enviado al estilo de los tiempos aquellos. Pero ya no son los tiempos aquellos.
La paz, y sobre todo las leyes de amnistía aprobadas justo después del informe de la Comisión de la Verdad, cerraron un pacto tácito con los criminales de guerra: el Estado olvidaría sus crímenes a cambio de que se fueran a su casa y allí se quedaran en silencio.
Pero el mundo ha cambiado y la persistencia de las víctimas, junto con el trabajo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, las lecciones de los procesos de justicia transicional, el avance en la protección universal de los derechos humanos y la internacionalización de la justicia han puesto a los victimarios en una situación mucho más incómoda que la que imaginaron cuando finalizó la guerra y les permitieron llevarse sus medallas a casa.
Algunos exmilitares salvadoreños han sido juzgados en Estados Unidos y hoy son sujetos de deportación; otros enfrentan un juicio en la Audiencia Nacional de España y tienen una orden de captura internacional que, gracias a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, este es el único país en el que la orden no es aplicable.
El reciente juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt cimbró no solo a Guatemala sino que puso a los criminales de guerra salvadoreños a buscar la manera de evitar que eso suceda algún día aquí también.
Los temores se intensificaron este año, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara inaplicable la ley de amnistía salvadoreña; y de que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda de inconstitucionalidad contra la misma ley.
Los registros de crímenes de guerra y los testimonios de víctimas han sido utilizados ya en los juicios contra militares retirados salvadoreños en Estados Unidos; y constituyen hoy la base de cualquier intento de devolver a las víctimas el derecho a obtener justicia y de reescribir nuestra historia.
Pero hace un mes el arzobispo de San Salvador ordenó el cierre de Tutela Legal, dejando el más importante registro de crímenes de guerra en el limbo; y hace dos semanas los jefes militares de oriente celebraron un acto público para rendir homenaje a los coroneles Monterrosa y Azmitia, responsables de la masacre de El Mozote.
Luego, la semana pasada, vino el ataque a Probúsqueda, pocos días antes de una nueva audiencia en la Sala de lo Constitucional para que las Fuerzas Armadas entreguen información sobre decenas de niños desaparecidos al norte de Chalatenango en 1982. (La audiencia se celebró este lunes 18 de noviembre. El ministro de Defensa, por segunda vez, no acudió al tribunal a pesar de su requerimiento por parte de la Sala de lo Constitucional).
Condenamos estos actos y exigimos a las autoridades investigar y castigar a los responsables del ataque, es la manera más eficiente, y urgente, de enviar el mensaje a los responsables de crímenes de guerra de que ya no pueden actuar como lo hacían en los años ochenta, con la impunidad del poder que se extendía sobre la vida de otros.
Estos hechos solo pretenden que los defensores de derechos humanos y quienes tienen que ver con las investigaciones sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado se sepan amenazados y en riesgo, obstaculizando su labor. Compete a las autoridades de seguridad pública garantizar las condiciones de seguridad de estas personas y de sus oficinas; y a la sociedad entera expresar su repudio a estos actos.
