La Asamblea Legislativa informó este jueves que una de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se deje en suspenso provisionalmente el pago de la multa a los 14 directivos del parlamento y la orden de divulgar la lista de asesores de los diputados ordenada en septiembre pasado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
'La Sala de lo Contencioso Administrativo suspende los efectos del acto reclamado por el IAIP', dijo en un comunicado la Asamblea, en referencia a las dos decisiones que tomó el Instituto en septiembre, cuando dejó en firme su resolución contra los diputados, ante el litigio que había planteado en agosto el ciudadano Ángel Romero.
Con esta decisión, los magistrados dejaron en el congelador tanto la multa impuesta por el Instituto a los directivos de la Asamblea Legislativa, como la orden de hacer pública la información solicitada por Romero.
El Instituto había resuelto en septiembre pasado que la información solicitada por Romero es de carácter público y había rechazado el argumento de la junta directiva de la Asamblea de que los nombres de los asesores de los diputados constituye información confidencial. El Instituto recordó que la Ley de Acceso a la Información Pública considera información confidencial aquella referida a 'datos personales sensibles', como los de salud, o creencias religiosas o preferencias sexuales de alguien. Por el contrario, dijo, la ley establece que la información sobre funcionarios y empleados públicos es de carácter público.
Antes de su resolución final, el Instituto recibió dos rechazos de la legislatura a la petición expresa de que le enviara la información solicitada por Romero para estudiar mejor quién tenía razón. La directiva de la Asamblea, presidida por el efemelenista Sigfrido Reyes pero avalada por el resto de directivos, respondió una primera vez que no entregaría la información al Instituto por considerarla reservada. Ante la segunda petición del IAIP, Reyes respondió igual y entonces el Instituto les impuso una multa y les ordenó publicar la información.
Reyes había dicho a la prensa que la directiva esperaría un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso antes de pagar la multa ordenada por el IAIP, que es la máxima autoridad en materia de acceso a la información pública.
'Esta resolución a partir de la cual se suspende el acto reclamado se da luego que el 21 de noviembre del presente año, la Junta Directiva de este Primer Órgano de Gobierno “solicitara la suspensión provisional de la ejecución de los efectos de los actos administrativos impugnados”, dado que anteriormente la misma Sala únicamente había admitido la demanda interpuesta contra actos del Instituto de Acceso a la Información Pública en torno al caso de hacer público el listado de asesores de este Órgano de Gobierno, pero donde no dejo por sentada postura ante las multas y la misma entrega de la información requerida', dijo la Asamblea en su comunicado.
La Ley de Acceso, vigente desde mayo de 2011, sufrió repetidos tropiezos desde el inicio, cuando el presidente de la República emitió un reglamento que incluía causales de reserva de información adicionales a las de la ley. Luego, los diputados intentaron quitar al Instituto la potestad de obligar a un funcionario a entregar información que según los comisionados del Instituto sea de carácter público. Asimismo, intentaron reformar la ley para que en caso de que un funcionario o una institución no responda a un solicitante de información, el Instituto pueda imponer sanciones.
La Sala de lo Contencioso está integrada por los magistrados Évelyn Roxana Núñez, Lolly Claros de Ayala, José Roberto Argueta Manzano y Elsy Dueñas de Avilés.
