El presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez Zavaleta, informó este jueves que, según una extensa auditoría interna, la institución que dirige incumplió sus obligaciones y después de detectar anomalías en el uso de fondos públicos por medio de centenares de auditorías, engavetó los casos en lugar de elevarlos a juicio o en lugar de esperar a que se resolvieran cuando ya había condenado a algunos funcionarios y había trasladado notificación a la Fiscalía.
En total, dijo, la institución engavetó sin aparente justificación legal 4 mil 289 investigaciones de uso de fondos públicos realizadas entre 1993 y 2003. La decisión de enviarlas a archivo se produjo entre 1999 y 2003, con excepción de una de ellas.
En ese período, entre 1999 y 2003, la Corte de Cuentas fue presidida por Rutilio Aguilera (1999-2002) y Hernán Contreras (2002-2011), ambos dirigentes del Partido de Conciliación Nacional, hoy transformado en Partido Concertación Nacional (PCN). Tóchez no detalló a cuál de las dos administraciones corresponde la decisión de archivar los expedientes.
Tóchez dijo que una quinta parte de los expedientes, es decir 857 casos, corresponden a auditorías que reportaban anomalías en el uso de fondos públicos por un monto de 43 millones de dólares.
Además, algunos expedientes fueron archivados cuando incluso ya había sentencia condenatoria contra funcionarios de los gobiernos de Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004), administraciones todas del partido Arena. En estos casos, los expedientes reportaban el posible uso indebido de 40 millones 884 mil 642 dólares, según Tóchez.
Este paquete de expedientes fue archivado por la Corte después de las respectivas condenas, tras las cuales se notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que procediera a recuperar el dinero mal usado. Según explicó Tóchez, la Fiscalía debía recuperar esos 40 millones y la Corte de Cuentas dar seguimiento a ese proceso, pero en lugar de eso, escondió los casos en su última fase. Uno de los auditores que está trabajando en la investigación interna dijo que no sabían si el dinero había sido recuperado o si estaba en proceso.
Un tercer bloque de expedientes que la Corte detectó que habían sido engavetados corresponde a 1 mil 249 casos que la institución engavetó cuando estaban ya en apelación, es decir, cuando estaban siendo conocidos por la Cámara de Segunda Instancia, conformada por el presidente de la Corte, el primero y el segundo magistrados entre 1999 y 2003.
En estos casos, dijo Tóchez, había ya una condena pero los funcionarios señalados habían decidido pelear ante la misma Corte de Cuentas para revertir el fallo. En este caso, el monto de dinero mal usado asciende a 35 millones. En total, los tres grupos de expedientes archivados suman 120 millones 290 mil dólares.
Tóchez señaló de modo general que todos los expedientes ya habían prescrito, es decir, que el período que da la ley para que continúen las investigaciones ya había caducado. Sin embargo, dijo que en algunos casos había notificado a la Fiscalía General de la República y esta determinara qué procedimiento llevar a cabo. Tóchez no detalló el número preciso de casos que han sido notificados a la Fiscalía.
Según Tóchez, la auditoría que impulsó desde su llegada hace cuatro meses a la CCR aun no ha encontrado que se hayan archivado expedientes entre la segunda mitad del año 2004, cuando el actual candidato presidencial del movimiento Unidad Antonio Saca ya estaba en el gobierno, y el año 2013, ya bajo la administración de Mauricio Funes. “No puedo especular, soy auditor”, dijo Tóchez ante la pregunta de una periodista. “El equipo revisor me ha comunicado que falta revisar 3 mil 432 expedientes, por lo que la información relacionada a los 120 millones podría incrementarse”, señaló.
“(Los expresidentes de la Corte de Cuentas) son débiles de carácter”, fue la explicación que dio Tóchez cuando se le preguntó a qué atribuía él que las investigaciones no hubieran llegado a las últimas consecuencias entre 1999 y 2003. Sin mencionarlos, hacía alusión a Aguilera y a Contreras.
La Corte de Cuentas ha fallado en su rol de velar por la probidad en el uso de fondos públicos. La gestión de Contreras -presidente de 1990 a 1998 y de 2002 a 2011-, por ejemplo, fue sorda y ciega en casos como el de autoridades del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que repartieron a parientes y a miembros del partido Arena terrenos destinados a campesinos pobres. También se ha documentado cómo el caso de corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Romero, se fraguó ante las narices de la CCR, la cual incluso avaló que que se suscribiera unas modificaciones al contrato, cuando este procedimiento no estaba permitido.
En cuanto a las instituciones de gobierno señaladas en el primer bloque de expedientes archivados, la CCR informó que se trata del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), por reparos valorados en 11 millones de dólares; el Viceministerio de Vivienda, por reparos valorados en 5 millones de dólares; el ministerio de Hacienda, por reparos que ascidenden a los 8 millones de dólares, y el Fondo Nacional para la Vivienda Popular, el ministerio de Salud, y el viceministerio de Transporte, con señalamientos por montos que van entre 259 mil dólares y 7 millones de dólares.
Según la información ofrecida este jueves por la CCR, los casos que fueron engavetados mientras la Fiscalía General de la República procedía a recuperar el dinero correspondían a investigaciones en el Ministerio de Salud (por 7 millones de dólares provenientes del proyecto de hospitales conocido como RHESSA); en la Dirección General de Centros Penales (por un monto de 5 millones); y en las alcaldías de Soyapango y San Rafael Cedros por montos de dinero que oscilan entre 110 mil dólares y 165 mil dólares.
Esta información se suma a la que ya hace un mes dio Tóchez y en la que revelaba que la institución que dirige había engavetado 255 expedientes (con señalamientos por 22 millones de dólares) al parecer por una mala aplicación de la ley.
Según Tóchez, en el año 2002, unos artículos de la ley de la CCR fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema con lo cual la Asamblea Legislativa debió emitir un decreto transitorio para no truncar el trabajo de la contraloría. Sin embargo, explica Tóchez, la Corte de Cuentas ignoró el decreto transitorio y en vez de sacar del archivo los expedientes que habían sido enviados ahí temporalmente por el cambio en la legislación, mantuvo dichas investigaciones durmiendo “el sueño de los justos”.
En la conferencia de este jueves, sin embargo, Tóchez agregó más información sobre estos 255 expedientes. “El día de ayer (miércoles) me aparecieron más de 100 resoluciones en la cual en una forma ilegal declararon improcedentes todos los juicios leer porque eran improcedentes sus trámites”, dijo.
Entre los funcionarios señalados está la actual diputada y exdirectora del ISSS Ana Vilma de Escobar; el exministro de Hacienda y secretario técnico de la Presidencia Juan José Daboub; el exministro de Obras Públicas José Ángel Quirós; Milagro Navas, actual dirigente de Arena y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Francisco López Beltrán, exministro de Salud, y Francisco Bertrand Galindo, expresidente de la junta directiva de Fonavipo (1992 - 1994).
