De los actos conmemorativos de este año por los mártires de la UCA el evento de mayor relevancia académica y con mayor proyección social fue la Cátedra de Realidad Nacional que, sobre el tema de pandillas y crimen organizado, se desarrolló el martes 12 de noviembre. Las tres ponencias dieron luz sobre la temática, destacándose la última, dictada por Jeannette Aguilar, la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, por lo actualizado de los datos que manejó, la claridad de su exposición y la contundencia de sus conclusiones.
El texto de su intervención será publicado completo por la Universidad próximamente, pero la importancia y urgencia de la cuestión, también por hallarnos en plena competencia eleccionaria, aconsejan que aquí nos adelantemos difundiendo por este medio de comunicación algunos aspectos puntuales de la conferencia. Eso permitirá llegar a lectores que no pudieron hacerse presentes el día del evento, pero que tienen interés en el tema.
“Entre 1994 y 2012 las fuentes oficiales reportaron la ocurrencia de 73 mil 608 homicidios, cifra cercana a las muertes ocurridas durante el conflicto armado interno y que representa promedios anuales de 4 mil 89 muertes.” La frase es de Jeannette Aguilar y me parece que resume de una manera terrible, pero certera, el drama que estamos viviendo en la posguerra salvadoreña. Coincide con mis propio balance: aceptando la cifra redonda de unos 75 mil muertos que produjo la guerra civil, pero tomando en cuenta que en los primeros dos años el genocidio arrojó la cantidad de unas 30 mil personas asesinadas, entonces en los diez años siguientes el promedio anual de víctimas fatales fue de 4 mil 500.
Es decir, la “paz” obtenida está costando una cuota de muerte cercana al costo que el país pagó durante todo el conflicto armado. Mientras éste permitió superar la dictadura y que pudiera nacer la democracia en cambio la violencia de ahora pareciera no tener sentido o razón de ser, ni tampoco llevarnos a ninguna parte. O tal vez nos lleve a algún lugar, incógnito, del que carecemos hasta de palabras para designarlo.
No se trata únicamente de la tasa de homicidios, que ha situado al país entre los más peligrosos de América Latina y del mundo. Aumenta la gravedad del problema de violencia que sufrimos la situación de asedio por estructuras delincuenciales. “Son comunidades enteras las que viven secuestradas – explica Aguilar –, el Estado ha perdido presencia territorial.” “Grupos delincuenciales funcionan como autoridades de facto.” Y así, las extorsiones se han convertido en el delito de mayor afectación ciudadana.
Consecuencia de todo ello es que han reaparecido las desapariciones forzadas, ese crimen abominable que recuerda los tiempos de guerra civil. Además se está dando un fenómeno que está invisibilizado: el desplazamiento forzado, la existencia de miles de desarraigados por la violencia, que se confunden entre la emigración regular.
Con todo, la directora del IUDOP se reafirma en la tesis que ha venido sosteniendo la UCA: el crimen y la violencia no es sólo un tema de pandillas. No son los únicos ni los más relevantes actores de violencia en El Salvador. El crimen organizado, nacional y transnacional, es la mayor amenaza a la seguridad: por su elevado poder financiero, por su capacidad logística y militar, por sus nexos con autoridades políticas.
Ha habido responsabilidad en los diferentes gobiernos de la posguerra. No es sólo “culpa de los veinte años de ARENA”, como le gusta repetir al Presidente Mauricio Funes. Como afirma la investigadora de la UCA, “en el gobierno del cambio, no cambió mucho”. Han seguido siendo las medidas “cosméticas y efectivistas” las que han predominado. Mientras ha empeorado la tendencia a la militarización de la seguridad pública, a despecho de los acuerdos de paz y de las promesas de campaña.
Con Funes el presupuesto de Defensa se ha duplicado, al tiempo que se triplicó la cantidad de militares destinados a tareas de seguridad. Si en 2008 eran mil 975, el año 2009 cerró con 6 mil 500 efectivos y 2011 alcanzó los 8 mil 200 el número de elementos militares en labores que corresponden a la policía y para las que la Constitución permite utilizar la Fuerza Armada sólo en carácter de excepcionalidad.
A esta preocupante tendencia se sumaron los nombramientos de dos generales al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la dirección de la Policía Nacional Civil, PNC. Ambos fueron invalidados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero ya tarde para remediar ciertos males. En efecto, el régimen militarizado al interior de la institución policial se mantiene, se rehabilitó a mandos, jefes y ex-directores que estaban siendo investigados por sospechas de complicidad con el crimen organizado mientras la inspectora general de la PNC, Zaira Navas, fue sacada del cargo impidiendo así que sus investigaciones pudieran concluirse.
Además, el general Munguía Payés fue finalmente separado, pero dejó de herencia una dudosa tregua entre pandillas – que encubre un pacto del Estado con mafiosos, no sólo con pandillas – que buscaba réditos electorales ante una eventual candidatura del general. Tal iniciativa ha fortalecido y legitimado el poder de las pandillas, y sirve de cortina para otras actividades ilícitas de más altos vuelos.
Para concluir, Jeannette Aguilar resumió en tres los grandes desafíos en este tema: alcanzar un acuerdo nacional por la seguridad, hacer una reforma fiscal que permita obtener los recursos que se necesitan para una inversión efectiva en seguridad, realizar una depuración profunda y efectiva de las instituciones clave: policía, fiscalía, órgano judicial.
Todavía hay solución, es la conclusión que saco. Pero urge. No queda mucho tiempo. Además, como advirtió Aguilar, de no reaccionar pronto, es la estabilidad democrática la que estará amenazada.
