Después de más de siete meses de estar prohibidas, este jueves 9 de enero de 2014 se volvió a celebrar una reunión a la que asistieron líderes de la MS-13, de las dos facciones del Barrio 18 y de las otras tres pandillas pequeñas que operan en el país para discutir el desarrollo del pacto de reducción de homicidios acordado en marzo del año antepasado.
La reunión se produjo a falta de 24 días para las elecciones presidenciales, y en medio de un repunte de asesinatos. Hasta ahora, las encuestas han mostrado una cerrada lucha mantenida durante meses entre los candidatos del partido en el gobierno, el FMLN, y el del principal partido opositor, Arena, que hace un discurso contra la tregua entre pandillas.
Este tipo de reuniones eran frecuentes durante la administración del ex ministro de Seguridad y Justicia David Munguía Payés –quien diseñó originalmente el plan para organizar “la tregua”-; sin embargo, el nuevo ministro, Ricardo Perdomo, desde su llegada al cargo se opuso a este tipo de encuentros a los que ha considerado un beneficio excesivo para los pandilleros y ha insinuado que es una maniobra ilegal. El principal mediador en el proceso, el exguerrillero Raúl Mijango, ha puesto a Perdomo en la lista de los principales enemigos de la tregua y lo responsabiliza por el incremento de los homicidios desde julio anterior, cuando Perdomo estaba en sus primeras semanas en el cargo.
La reunión se celebró a solicitud del delegado de la OEA para supervisar la tregua entre pandillas, el canadiense Adam Blackwell, y no fue una solicitud que se hiciera ante el ministro Perdomo, sino directamente ante el presidente Mauricio Funes.
Blackwell había intentado organizar una reunión similar a finales del año pasado, pero en aquella ocasión el gobierno le negó la autorización, argumentando que la ley no se lo permitía y se le propuso al diplomático visitar a los pandilleros en cada uno de sus centros penitenciarios.
Entre aquel intento fallido y esta reunión han pasado muchas cosas: el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Inzulza, escribió una carta respaldando el proceso. En la carta Inzulza dice estar sorprendido de que “existan voces que parecen siempre listas a denostarlo (el proceso de pacificación)y hasta alegrarse de su presunto fracaso”… También ha habido un repunte en los homicidios: si bien 2013 terminó con cifras de asesinatos inferiores al año anterior, fue gracias a la primera mitad del año. La segunda mitad, que se corresponde al período en que Perdomo ha sido ministro de Seguridad, el promedio diario de homicidios creció cerca de dos puntos y enero inició con un alza aun mayor. También ocurrió que el partido de oposición, Arena, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, ha focalizado su campaña en atacar la tregua y en señalar su fracaso. Posiblemente estos hechos alentaron al presidente Funes a permitir esta reunión, pese a que su ministro de Seguridad es un claro opositor de este tipo de actos. Sin embargo, Funes pidió hacerlo en secreto y advirtió que, de filtrarse a la prensa, cancelaría la reunión.
Los traslados de pandilleros hasta Mariona se hicieron durante la noche del miércoles al jueves desde más de cinco centros penales. Según Blackwell a la reunión asistieron unos 60 líderes de pandillas.
El miércoles 8 de enero, El Faro recibió información de que al día siguiente se realizaría esta actividad. Para confirmarlo preguntó a los gestores del proceso: Mijango aseguró no saber nada. Paolo Lüers, de la comisión humanitaria creada para respaldar la tregua, también mintió, y llegó a asegurar que la reunión no había sido autorizada y que el gobierno no estaba involucrado en absolutamente nada. En lo que no mintieron es en que ninguno de ellos asistió a la asamblea interpandilleril.
Una vez que el encuentro se había hecho público, los mediadores admitieron haber mentido para proteger la reunión y tanto ellos como Blackwell aceptaron hablar sobre lo ocurrido. Según los mediadores, una de las primeras restricciones del gobierno fue prohibir el ingreso de Lüers y del director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, aunque ni siquiera se había solicitado el ingreso de este último. Tanto Lüers como Rubio han tenido controversias públicas con el presidente Funes por distintos temas.
El mismo día en que se celebró el encuentro, el gobierno notificó a Blackwell que también vetaba el ingreso de Mijango, quien ha conducido hasta hoy el diálogo con los pandilleros. Mijango ha acusado al ministro Perdomo de boicotear la tregua y el ministro ha hecho lo posible por restarle protagonismo, al punto de limitar al máximo sus ingresos a centros penitenciarios y de rechazarlo como interlocutor.
El cobijo legal bajo el que permitieron la salida de los líderes pandilleros fue que sería un acto religioso, debido a que la ley penitenciaria contempla esa posibilidad; sin embargo, aunque monseñor Fabio Colindres –que junto con Mijango inició mediando entre las pandillas- dirigió una oración, el acto no fue un ritual religioso, sino un intento por revitalizar el proceso y de verificar la convicción de los cabecillas pandilleros de seguir adelante.
Blackwell describe la reunión como “tensa”, producto de los siete meses que miembros de estructuras con rivalidades mortales tenían de no convivir en un mismo espacio. “Es obvio que esto iba a pasar, tenían mucho tiempo de no verse a los ojos y en ese tiempo han pasado cosas entre ellos”, relató el delegado de la OEA, refiriéndose al incremento de muertes que ha habido en ese período.
El diplomático aseguró que finalmente los pandilleros expresaron su voluntad de mantener viva la tregua y este viernes se hizo público un comunicado suscrito por las cinco estructuras criminales en el que se comprometen a continuar en el esfuerzo y a mantenerlo con cualquier partido que resulte ganador en las elecciones presidenciales del 2 de febrero o de marzo próximo, si es necesaria una segunda ronda.
