El expresidente salvadoreño Francisco Guillermo Flores Pérez cumplió el miércoles 30 de abril tres meses de desaparecido y este viernes tampoco compareció ante la jueza Primero de Paz de San Salvador, quien lo había citado para informarle de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares, que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa, y para hacerle saber sus derechos.
En lugar de Flores, al Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador, llegaron dos abogados, Edgardo Morales Joya y Yanira Ticas, quienes se presentaron ante la jueza como los apoderados del expresidente y dijeron que ellos eran quienes debían ser notificados del proceso penal que se sigue en contra de Flores por delitos de corrupción.
Ambos abogados dijeron que no se habían comunicado con Flores aún y que fueron buscados el pasado miércoles por la esposa de Flores, Lourdes de Flores, después de que la Fiscalía requiriera al juzgado la captura del exgobernante. Morales dijo que él y Ticas fueron contratados hasta este viernes por la mañana, poco antes de la audiencia.
El mismo miércoles la Fiscalía había presentado ante el juzgado Primero de Paz su investigación contra Flores condensada en un documento de 87 páginas que los fiscales respaldaron con tres cajas de pruebas documentales. Este viernes la jueza Marta Rosales debía notificar formalmente a Flores de la acusación.
Ahora que ya ha sido notificado, la jueza decidirá el próximo martes si gira orden de captura, tal como se lo pidió el miércoles la Fiscalía, quien afinca su pedido aduciendo que hay un grave riesgo de fuga. “El riesgo existe porque hasta ahora el señor procesado (Flores) no ha podido ser localizado”, dijo la fiscal Marisela Velásquez. Un exfuncionario del gobierno de Panamá, Mitchell Doens aseguró a la agencia de noticias Efe que Flores ha pedido asilo en ese país y que está siendo protegido por Ricardo Martinelli, actual presidente, quien solicitó a la expresidenta Mireya Moscoso que lo refugie en una propiedad suya.
El presidente de la Asamblea Legislativa, el efemelenista Sigfrido Reyes, dijo el miércoles, sin mostrar pruebas, que Flores está en Panamá gozando del cobijo de la expresidenta Moscoso. Ni los fiscales ni los defensores dijeron tener información al respecto.
El próximo martes, tal como decidió este viernes la jueza Primero de Paz, se celebrará la audiencia inicial del proceso. En ella la jueza Marta Rosales decidirá en qué condición enfrentará Flores la siguiente etapa investigativa: si debe ser detenido o si puede permanecer en libertad condicionada mientras se da la etapa de instrucción formal, que normalmente dura varios meses.
Los abogados defensores de Flores dijeron que comenzarían a estudiar de inmediato el requerimiento fiscal y que su compromiso era esta preparados para la audiencia del martes, aunque desde ya adelantan que el caso seguirá su curso hacia la etapa de instrucción, porque así lo establece la ley desde las últimas reformas procedimentales.
“Puede que ahora no exista ninguna prueba y que la Fiscalía no tenga caso, pero este caso pasará a la etapa de instrucción porque así lo dice la ley, ningún juez de Paz puede absolver definitivamente a un acusado. Así que lo que se va a discutir en la audiencia inicial (del próximo martes) es lo que se llama apariencia de buen derecho como requisito necesario para la medida cautelar que la jueza va a dictar contra el procesado, que puede ser detención provisional o medidas sustitutivas”, dijo el defensor Morales Joya.
La fiscal Velásquez confirmó que las investigaciones contra Flores siguen en marcha, pero añadió que el caso que ahora han presentado al juzgado está fundamentado en pruebas suficientes que incluyen las recabadas en Costa Rica, Panamá y Las Bahamas. El fiscal general Luis Martínez confirmó el pasado martes en una entrevista de televisión que en la investigación contra Flores, el delito de enriquecimiento ilícito se vence el 31 de mayo próximo, pues los hechos investigados ocurrieron hace exactamente 10 años, lo cual es el plazo máximo que establece la Constitución para investigar ciertos casos. “Hay otros como el lavado de dinero que tienen un poco más de tiempo”, agregó Martínez.
Después de la audiencia de este martes, el caso pasará a un juzgado de Instrucción y será este el que programe la fecha para una nueva audiencia, la audiencia preliminar para la cual Flores ya debería estar ubicado y comparecer so pena de que el caso se archive. “Si en el momento de la audiencia preliminar el procesado (Flores) se encuentra en rebeldía (ausente) se archivan las actuaciones judiciales, pero antes de la audiencia, durante toda la etapa de instrucción, el caso no se detiene por la rebeldía del procesado”, explicó la fiscal Velàsquez. En caso de que no aparezca, el caso se archivaría y solo se sacaría de ahí si Flores fuera capturado.
La Fiscalía está acusando a Flores por delitos cuya máxima pena es 15 años de cárcel, en el caso de peculado.
Flores y el ahora fiscal Martínez forjaron una relación laboral durante largos años, desde al menos mediados de los años 90, cuando Martínez, como notario, brindó los servicios para algunas transacciones comerciales de Flores y su familia.
Flores fue visto en público la última vez el 28 de enero, día en que compareció por última vez ante la Asamblea Legislativa la cual nombró una comisión especial que investiga el paradero de donaciones millonarias hechas por Taiwán a El Salvador. El 7 de enero, Flores dijo que él manejó discrecionalmente al menos 15 millones de dólares en donaciones y que no rindió cuentas de su uso a nadie. A raíz de entonces, el partido Arena -al que Flores perteneció durante años y mediante el cual llegó al poder en 1999- se desligó de él al punto que ahora un tribunal interno determina si expulsarlo o no.
