Faltando 16 días para terminar su mandato, el presidente Mauricio Funes hizo llegar a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas fiscales para recaudar 170 millones de dólares más en impuestos al año, con lo que la estimación oficial es que en El Salvador la recaudación tributaria llegará a equivaler al 17 % del producto interno bruto (PIB).
Las propuestas de reformas, presentadas el jueves a los diputados por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aún tienen muchos detalles que no han trascendido al público. El ministro dijo que la estimación es que con los nuevos tributos, que incluyen una reforma a la Ley de Imprenta para que los periódicos impresos paguen impuesto sobre la renta, el gobierno cumpla con la meta que se trazó en 2009 cuando la carga tributaria era de alrededor del 13 % del PIB y la haga escalar en total unos cuatro puntos.
Solo de los periódicos se podría obtener unos 10 millones de dólares. Con esta propuesta, el gobierno que entrega el poder el 1 de junio a la primera administración que será plena del FMLN, está rompiendo una regla de convivencia no escrita entre algunos de los principales medios de comunicación y los gobernantes: a los periódicos no se les toca con nuevos impuestos.
Los otros dos impuestos son un cobro por las transferencias financieras de más de 750 dólares y uno por los inmuebles que estén valorados arriba de 350 mil dólares y que no se dedican a la producción.
Sobre la enmienda a la Ley de Imprenta de 1950, Cáceres dijo que se trata, al fin y al cabo, de poner en igualdad de condiciones a los contribuyentes. “Se busca que los propietarios de los periódicos tengan el mismo tratamiento de renta que todos los contribuyentes”, dijo. La normativa, de 64 años de antigüedad, dice que los periódicos están libred de cualquier pago de tasas o impuestos. “Las imprentas no estarán sujetas a ningún impuesto ni caución. Para los efectos de esta ley, se tendrá como imprenta, lo referido a la producción, difusión o venta de periódicos, revistas, folletos...”, dice el artículo 8 de la ley.
Como previendo una reacción muy negativa, Cáceres hizo un llamado a los dueños de periódicos. “Les pido, les suplico a los medios que independientemente de la tendencia ideológica de los sectores que representan o aquellos que puedan sentirse amenazados con el retiro de los privilegios, que tengan una visión de país, esto es serio y lo estamos tratando con mucha responsabilidad”, dijo.
Los dos periódicos más grandes de El Salvador, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, surgieron hace 78 años el primero, y hace 99 el segundo. Sus propietarios, las familias Altamirano y Dutriz, respectivamente, han estado alineados ideológicamente con los partidos políticos de derecha, así que esta decisión de la administración Funes parece estar concretando un viejo reclamo de sectores de izquierda, incluido el partido FMLN, de que no hay razones valederas ya para eximir del pago de algunos impuestos a los periódicos.
Cáceres llegó a la Asamblea el jueves con la esperanza de que la Asamblea el mismo día admitiera las propuestas para posibilitar de que esta semana inicie su discusión en la Comisión de Hacienda, pero con 42 votos el intento impulsado por los diputados del FMLN se frustró. Solo hizo falta el apoyo de un diputado para alcanzar los 43 votos mínimos requeridos. Así que las propuestas serán del conocimiento del pleno hasta este jueves 22, y luego serán canalizadas hacia la Comisión de Hacienda.
Los otros dos impuestos que propone Cáceres afectan a quienes en teoría tienen un mayor poder adquisitivo. Uno de los impuestos es una especie de impuesto predial que provocaría que quienes ostenten propiedades inmuebles con un valor mayor a los 350 mil dólares, y que no estén destinadas a la producción, deberán pagar un 1 % del valor en exceso de los 350 mil dólares. Las parcelas agrícolas, por ejemplo, no serán gravadas por este impuesto. El otro tributo pretende colocar una tasa sobre las transacciones financieras que superen los 750 dólares, exceptuando algunas como el pago de salarios, el pago de préstamos, las importaciones, las remesas, las cuentas de depósitos. Tampoco se tasarán las transferencias entre depósitos de un mismo titular, la constitución de reservas de liquidez de los bancos ni las operaciones de inversión en el mercado primario de la Bolsa de Valores, entre otras.
Estas propuestas de ingresos corresponden a una tercera oleada diseñada desde Hacienda. Ya en 2011 el Ejecutivo había intentado tasar los bienes suntuosos pero en la Asamblea Legislativa no hubo los votos suficientes.
Junto a su petición para que se reformen las leyes que permitan la creación de estos tres nuevos impuestos, Cáceres solicitó a la Asamblea que apruebe una nueva emisión de títulos valores por 1,150 millones de dólares. Una parte consistiría en emitir eurobonos por 800 millones, que servirían para pagar deuda de corto plazo que está por vencerse. Según ha dicho Hacienda, esos 800 millones se destinarían para pagar una deuda de 783 millones la cual debe cancelarse al final de este año.
¿Por qué hacerlo ahora? Después del 1 de junio, cuando asume el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, aprobar la emisión puede ser más complicado por las negociaciones políticas. De hecho, fue la actual Asamblea la que aprobó en 2012 otros 800 millones en emisión de deuda.
El partido Gana, que ha sido aliado legislativo del FMLN y del gobierno desde su nacimiento en 2009, al partirse Arena, fue vital para aquella aprobación. También los cinco diputados de Arena que abandonaron las filas tricolor y se declararon independientes. Todos ellos, más el FMLN y el PCN, juntaron un poco más de los 56 votos necesarios para aprobar la emisión de deuda que le permitió a Funes administrar las necesidades financieras del Estado que fueron disfrazadas en aquellos días como algo extremadamente urgente, aunque no era tan así.
La deuda pública actual es de 15 mil millones de dólares, que representan el 62 % del PIB. Las finanzas de El Salvador están en una situación precaria desde el gobierno anterior, cuando en términos de crecimiento económico se ubicó a la zaga en todo el continente, y el primer gobierno del FMLN no pudo cambiar la situación heredada por los gobiernos areneros. El Salvador dejó de crecer a las tasas requeridas para mejorar sustancialmente su desarrollo humano a finales de los 90, y en la última década no ha superado un crecimiento promedio del 1.5 % del PIB. En los últimos años, El Salvador también ha sido el país que menos inversión extranjera directa ha recibido en el continente.
Hacienda pide a la Asamblea que le aprueba otra emisión de bonos por 350 millones de dólares, pero estos para venderlos exclusivamente en el mercado nacional y que servirán para pagar una deuda adquirida durante la administración de Antonio Saca (2004 - 2009). Saca emitió bonos para financiar el Fideicomiso para la Seguridad y la Educación, y entre las cláusulas de los certificados que emitió estaba que estos debían cobrarse en 2014, con lo cual el gobierno debe conseguir ese dinero para pagar a los acreedores.
En resumen, los 1,150 millones de dólares en bonos servirán para posponer el pago de una deuda que se vence este año.
