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¿Quiénes quieren vigilar el buen uso del dinero del Estado?

Los tres magistrados de la Corte de Cuentas elegidos en julio de 2013 llegan en sus cargos hasta finales de junio. A la Asamblea Legislativa le van quedando seis semanas para nombrar sus reemplazos, y ya ha demostrado que esa tarea se le dificulta: la Sala de lo Constitucional le botó en 2013 tres nombramientos consecutivos. Ahora hay 83 candidatos, incluidos un ministro de Agricultura y un Superintendente y hasta alguien a quien una vez señalaron los delitos de robo y hurto.


Domingo, 18 de mayo de 2014
Sergio Arauz

La Asamblea Legislativa ha empezado a evaluar los nombres de 83 candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas. Algunas de las personas más conocidas de esta lista ya cuentan con una reputación que, ante los ojos de un empleador riguroso, serían las primeras en ser descartadas de la lista de aspirantes a un cargo que, en teoría,  supone la obligación de vigilar la corrección y eficiencia con que se administran los fondos públicos.

Las tareas de vigilancia de la Corte de Cuentas y las resoluciones que en 2013 emitió la Sala de lo Constitucional sobre el perfil prohibido de los magistrados de la contraloría, deberían inhabilitar a aquellos de dudosa independencia partidaria o a quienes han tenido una poco disimulada simpatía respecto de políticos o gobernantes. La historia de los últimos 25 años de la Corte de Cuentas, sin embargo, ha sido una en la que los diputados parecieran haberse preocupado por elegir dirigentes de la clase política, no vigilantes. 

El proceso va así.  Una comisión legislativa está evaluando las hojas de vida de los aspirantes. La lista cerró con 83 nombres el 8 de mayo. Cerrada la lista, el siguiente paso es pedir informes sobre los aspirantes al Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Luego, los técnicos legislativos procesan la información y este próximo martes 20 de mayo, los diputados de la comisión especial que propondrá los candidatos al pleno deberá discutir sobre los perfiles recibidos. 

El Faro tuvo acceso a lista de los primeros 73 aspirantes que llevaron su hoja de vida antes del 28 de abril. De esa lista, 26 han sido o son empleados o funcionarios de la Corte de Cuentas, tres son magistrados, uno fue magistrado de una de las tres elecciones anuladas por la Sala de lo Constitucionial, otro es asesor de un partido político... y así.  Rosalío Tóchez es el presidente del trienio más entrecortado en la historia reciente de la Corte de Cuentas y solo está terminando los 11 meses que restaban al período 2011-2014, al que le fueron botadas tres tandas de magistrados porque sus nombramientos fueron declarados inconstitucionales.

A la luz de las opciones que incluye la lista de este año, los diputados de la Asamblea Legislativa parecen inclinarse a repetir la historia de escoger entre perfiles prohibidos.

En su primera sentencia, de enero de 2013, la Sala de lo Constitucional concluyó que la Asamblea Legislativa violó la Constitución al no justificar ni fundamentar la honradez y competencia notorias de quienes fueron elegidos magistrados de la Corte de Cuentas en junio de 2011. Con la sentencia, quedaron anulados los nombramientos del presidente de la Corte, Gregorio Sánchez Trejo, del primer magistrado, Tránsito Bernal Granados, y del segundo magistrado, Andrés Rovira. Luego, la Asamblea eligió a Gregorio Sánchez Trejo, Silvia Aguilar y Javier Tránsito Bernal, elección que también fue anulada por la Sala de lo Constitucional que concluyó que en dicha elección, los diputados tampoco demostraron ni documentaron que dichos funcionarios no tenían militancia partidaria y tenían la honradez y competencia notorias que exige la Constitución.

Los antecedentes más a la vista –un breve trabajo en hemeroteca más lo que arroja el buscador Google- descubren sus principales desventajas, en el caso de que sean rigurosamente evaluados por la Asamblea Legislativa que estudia sus antencentes. Desde clara filiación partidaria, hasta señalamientos de robo y hurto, pasando por la plena identificación con uno de los candidatos en la pasada elección presidencial.

Si el país se atiene a lo que ya la Sala sentenció en 2013, al menos uno de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas podría ser descalificado, y tampoco podría ser candidato para los tres años próximos. Y ahora hay tantos nombres autopropuestos que al menos en cantidad solo les haría falta una persona para poder constituir otra Asamblea Legislativa.

El dirigente escondido de Gana

Joel Humberto Valiente fue juramentado como director del sector empresarial de Gana el 27 de febrero de 2010. Antes de entrar a la Corte de Cuentas como segundo magistrado, en julio de 2013, su empresa había sido contratada por la Asamblea Legislativa para realizar la auditoria a la Corte de Cuentas. La firma Valiente y Asociados ganó un contrato de más de 100,000 dólares y realizó la auditoría del período 2012. Otras firmas se quejaron ante El Diario de Hoy de que la empresa de Valiente no cumplía los requisitos para auditar la Corte de Cuentas. Los que perdieron la licitación señalaron que el despacho de este dirigente de Gana no contaba con una firma que le diera respaldo internacional, no tenía el personal suficiente para realizar dicho trabajo y tenía conflicto de intereses con la institución, ya que un hijo de Valiente trabajaba en la Corte de Cuentas. La situación de Valiente recuerda a la de Silvia Aguilar, quien en un aparente intento por sortear la sentencia de inconstitucionalidad de enero de 2013 -que estableció que las instituciones estatales de control no pueden ser conducidas por dirigentes partidarios- renunció al cargo de dirigente del partido Gana y fue nombrada magistrada de la Corte de Cuentas. La Sala de lo Constitucional determinó posteriormente la inconstitucionalidad de ese nombramiento.

El multiusos

Ástor Escalante es un abogado que durante el gobierno del presidente Antonio Saca (2004-2009) fue director de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública. Durante la campaña presidencial que culminó con las votaciones de febrero y marzo pasado, Escalante se declaró partidario de Saca. En los últimos años ha estado no solo en diversidad de cargos, sino también en diversidad de candidaturas. Fue fiscal en funciones en 2009 durante algunos meses, y fue candidato a fiscal en 2012. El 25 de abril de ese año fue elegido fiscal general por la misma legislatura que había eligido al fiscal anterior, Romeo Barahona, tres años atrás, y a la que ya solo le quedaban 36 días de gestión. En julio de ese año, su elección fue anulada por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Escalante está en la lista de aspirantes al cargo de magistrado de la Corte de Cuentas que evalúa la Asamblea Legislativa.

Al inicio de la administración Funes, en junio de 2009, Escalante, como fiscal en funciones, sorprendió al país cuando en un tiempo inusualmente breve -cuatro días- dio por cerrado el caso de la muerte del exdirigente arenero Adolfo Tórrez. Aunque las pruebas determinaron que no había señales de que Tórrez hubiera disparado un arma de fuego, Escalante concluyó que este se había suicidado con un tiro al pecho.

El 31 de marzo de 2014, fue Funes quien sorprendió al país al escoger a este partidario de Antonio Saca como superintendente general de electricidad y telecomunicaciones. El anterior en el cargo, Luis Méndez Menéndez, había renunciado días antes 'por razones personales'. El diputado Roberto Lorenzana, secretario de comunicaciones del FMLN, criticó a Funes por hacer nombramientos  en los últimos días de su mandato. Lorenzana ha sido anunciado ya como el secretario técnico de la presidencia del gobierno de Salvador Sánchez Cerén que inicia el 1 de junio. El presidente saliente rechazó las críticas de Lorenzana y dijo que él no podía dejar acéfala la Siget estos dos meses. La Siget anunció la semana pasada el inicio del proceso de licitación para otorgar un grupo de frecuencias de televisión, que por ahora ha sido detenido por la Sala de lo Constitucional, al admitir a estudio una demanda de inconstitucionalidad.

El abogado de Munguía Payés

Manuel Chacón está en la lista oficial de aspirantes al cargo de magistrado de la Corte de Cuentas. Chacón compitió por el cargo de fiscal general de República en 2009, cuando la Asamblea nombró a Romeo Barahona. Es conocido en el mundo jurídico penalista y se hizo famoso hace ya 20 años, cuando defendió a un oficial de la hoy desaparecida Policía Nacional, acusado de haber participado en el cruento asalto al Banco de Comercio, en 1994. En el atraco, perpetrado en la Calle Rubén Darío de San Salvador por un grupo de hombres armados vestidos con uniformes de la Policía Nacional, murieron seis personas..

Este abogado era asesor de uno de los más controversiales funcionarios del gabinete del presidente Funes. Prestaba sus servicios al despacho del general David Munguía Payés, ministro de Defensa, cuando en agosto de 2011 un grupo de militares acusados de estar involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989 se refugiaron en un cuartel para evitar la posible detención por parte de la Policía Nacional Civil. Chacón llevó el documento que justificó ante un juez que los militares habían sido recibidos en la Brigada Especial de Seguridad Militar en calidad de resguardo mientras se definía su situación jurídica. A la postre, la Corte Suprema determinó que la divusión roja de Interpol no supone la captura de las personas contra las que se emite la alerta, sino que es señal para localizarlas, a la espera de un posterior trámite de extradición.

Chacón también ha sido presidente residente de la empresa Inversiones Energéticas (INE), subsidiaria de la autónoma CEL y recientemente representó al expresidente Antonio Saca en su demanda de calumnia contra el dirigente de Arena Hugo Barrera.

Un acusado de robo

'Toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente...', dice el artículo 12 de la Constitución. Antes de ser magistrado de la Corte de Cuentas, el nombre de Raúl Antonio López era casi desconocido. Fue nombrado a finales de julio de 2013, y un año antes, cuando intentaba convertirse en fiscal general, tuvo que salir a aclarar lo que un documento de la Fiscalía decía sobre él: que tenía señalamientos de hurto y robo. En su momento, el diario El Mundo dijo sobre el actual magistrado de la Corte, que pretende seguir en su cargo tres años más: “Uno está archivado en la oficina de San Salvador por impuesto sobre la renta, otro archivado definitivamente por robo agravado contra David Gómez, y otro, que se encuentra activo según el informe, por hurto contra Vicenta Castro de Cruz, en la oficina fiscal de Zacatecoluca.” Días después, López negó esos señalamientos y dijo que el entonces fiscal, Romero Barahona, intentaba ensuciar los expediente de potenciales competidores por el cargo.

El amigo de Funes

Pablo Alcides Ochoa era el representante legal de una importante firma de contadores y consultores que en 2010, un año después de iniciado el gobierno de Mauricio Funes, comenzó a ascender en la escalera de funcionarios de esta administración. Ochoa formó parte del grupo conocido como “Los Amigos de Mauricio” en la campaña presidencial de 2009, que patrocinó la candidatura de Funes. Se estrenó como funcionario de este gobierno como director de la asamblea de Gobernadores del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), entre 2010 y 2012, y fue presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).

En septiembre de 2012, el presidente Funes lo juramentó como Ministro de Agricultura y Ganadería, y en ese cargo ha seguido hasta la fecha, y en este período apoyó la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Cerén, al que prometió 100 mil votos desde su Movimiento Campesino Salvadoreño por la Profundización de los Cambios, que fue presentado en enero de este año y que, desde ese momento, no ha convocado a otra conferencia de prensa.

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