El gobierno del presidente Mauricio Funes se caracterizó por la ausencia de discursos claros en materia de seguridad pública y por tantos golpes de timón como funcionarios asumieron la conducción de esa rama. Dependiendo de si el ministro era Manuel Melgar, David Munguía o Ricardo Perdomo la atención focalizada del gobierno debía dirigirse a distintos objetivos; dependiendo de quién hablaba, existía un problema o no existía, o las cifras de violencia eran menores o eran mayores y los responsables eran unos u otros.
Cinco años alcanzaron para darle vida –desde el gobierno- a un experimento único como la tregua entre pandillas y para perseguirlo luego –desde el gobierno- con antorchas y azadones, como se persigue a las abominaciones. Alcanzaron para designar a una inspectora general de la Policía que abrió investigaciones contra varios oficiales por considerarlos sospechosos de corrupción o de tener acuerdos con el crimen organizado, pero también para tirar esos mismos expedientes a la basura y nombrar a muchos de esos oficiales en cargos claves dentro de la institución. Alcanzaron para poner a los militares a custodiar los centros penitenciarios, asegurando que era la única manera de detener la corrupción galopante de los custodios y el tráfico de ilícitos y también alcanzaron para sacarlos de un día para otro, asegurando que su presencia violentaba los más básicos derechos humanos; alcanzaron para bajar los homicidios a la mitad y para ver cómo subían, como una fea espuma, hasta superar los niveles anteriores. Cinco años alcanzaron para tener a tres ministros antagónicos, tres jefes de Policía, tres directores de Centros Penales...
Benito Lara, el nuevo ministro de Seguridad Pública, hereda un escenario desordenado y muchas puertas cerradas: un incremento brutal de los homicidios, la desarticulación de todos los mecanismos de diálogo y mediación con las pandillas y el aborto violento de un experimento desprestigiado. Afronta la anarquía en las pandillas y la creciente desconfianza de sus líderes ante cualquier intento de diálogo con las autoridades y un escenario político muy polarizado en el que será labor de obrero construir consensos para sacar a la violencia de la lista de campos de batalla. Todo esto mientras hace cálculos para no lastimar a su partido a meses de un nuevo proceso electoral para escoger a diputados y alcaldes.
Las nuevas autoridades deberán enfrentarse a una enorme lista de problemas y de decisiones por tomar, que pasan por una agresiva depuración de las instituciones, la revisión de leyes, la decisión de pedir o no auxilio a entidades internacionales, la evaluación de los paradigmas regulatorios sobre las drogas, la eterna lipidia presupuestaria... en fin, un mar de asuntos largamente arrastrados, de decisiones postergadas durante décadas. Por todo ello, la siguiente no es una lista de esos retos, sino de aquellos asuntos que a juicio de El Faro deben estar definidos, como tarde, antes del primer mes en el gobierno. Tres bombas de tiempo que desactivar. Algunas de estas decisiones, creemos, se alejan velozmente de la órbita de lo que un gobierno puede decidir, en la medida en que se posterguen y en cada una se corre el riesgo de permitir que sea la inercia, la presión de la opinión pública u otros agentes ajenos a la voluntad de los gobernantes, los que terminen dictando un rumbo si no son atendidas de inmediato.
1. Definir paradigmas de acción
Este gobierno necesita deshacerse de la alocada brújula que condujo a sus predecesores: según Manuel Melgar, el gran problema que había que atajar estaba caracterizado bajo el amplísimo concepto de 'violencia social'; según Munguía Payés el verdadero problema –casi el único- eran las pandillas, y para Ricardo Perdomo casi todo estaba operado por el guante negro del crimen organizado, particularmente por redes de narcotraficantes nacionales e internacionales. Si las cifras las ofrecía un ministro o el siguiente, las pandillas cometían el 12, el 40 o el 90 por ciento de los asesinatos. En distintas ocasiones se afirmó desde el Ministerio que las pandillas se habían sofisticado lo suficiente como para crear pactos con cárteles de la droga y también se afirmó que apenas atendían el narcomenudeo. Dependiendo de qué jefe de Policía ocupaba el cargo, había que descentralizar la labor policial o había que mantenerla estrictamente centralizada.
Corregir los errores de la administración Funes implica tomar decisiones técnicas y no ideológicas, basadas en sólidos sistemas de información, coherentes e interpretados por especialistas en la materia y –de nuevo- no por políticos. Implica además tener claro que en algunos casos no es necesario elegir qué problema atender, sino saber priorizar estratégicamente.
Solo con un diagnóstico claro, con cifras coherentes y con interpretaciones técnicas es posible plantearse rumbos de acción, fijarse metas realistas, instrumentos de medición precisos, definir actores claves, conocer los vacíos presupuestarios y las herramientas apropiadas y conseguir explicar algo a los ciudadanos.
2. Decidir qué versión de la tregua elegirán
La tregua fue un experimento diseñado por el general David Munguía Payés y por su exasesor Raúl Mijango. Fue planteada como una acción secreta y contó desde el principio con la autorización del presidente Mauricio Funes. Pero en política la verdad es solo una de las opciones.
Los salvadoreños escucharon a Munguía Payés decir que tal cosa no existe, que fue un invento de la Iglesia Católica y finalmente que él es el padre de una estrategia pragmática encaminada a reducir los homicidios; escucharon a la Iglesia decir que era su milagro y también que no tuvo nada que ver; escucharon al presidente Funes asegurar que su gobierno solo ayudaba a la Iglesia en este experimento y también lo escucharon cobrando los réditos de la reducción de homicidios para sí. Finalmente escucharon al ministro Ricardo Perdomo decir que fue un trato oscuro pactado por narcotraficantes y pandilleros, que los mediadores y los líderes pandilleros se enriquecieron en el proceso y que lo que había que hacer es terminar con ese sospechoso connubio.
Ofrecer a los salvadoreños una explicación de qué fue lo que les ocurrió en realidad, cómo se hizo y qué alcances reales tuvo, no solo es una responsabilidad ética frente a un país que ha visto durante más de dos décadas cómo se hace política con su sangre; sino que además es un paso estratégico imprescindible para no seguir cargando un lastre creado por un gobierno anterior.
Dependiendo de qué versión de lo ocurrido este gobierno elija, así será su cintura y su margen político de acción sobre este tema; conseguirá cerrar un capítulo y avanzar o tendrá que seguir arrastrando –y pagando por ello- las dudas que él mismo generó.
3. Continuar con la tregua o no
Esta decisión solo se podrá tomar a la luz de cómo se responda el punto anterior y su urgencia deriva de varias situaciones: a medida que los homicidios se incrementan, se multiplican también las cadenas de venganza que hay que romper y se profundiza la anarquía en las clicas, volviéndolas cada día más difíciles de someter a un posible acuerdo; hay que considerar además que con el paso del tiempo no solo se debilita el interés de los líderes de estas estructuras criminales en entablar algún tipo de diálogo, sino que además se mina su autoridad frente al resto de pandilleros. Cada día con guerra descontrolada el gobierno debilita a sus posibles interlocutores. Es posible que en un mes simplemente no haya nadie con quien sentarse a hablar.
Por otro lado, en la medida en que se produzcan más asesinatos, la opinión pública irá siendo más contraria a que sus gobernantes negocien con quien los atemoriza o lastima. Esto en período electoral tienta a la oposición a utilizar –de nuevo- el miedo de la gente como flanco débil del gobierno y resta cintura política.
En la medida en la que el presidente Sánchez Cerén y su ministro Benito Lara decidan postergar una definición clara sobre este asunto tendrán menos opciones en la mesa con las cuales jugar y menos libertad para responder a la lista de preguntas que se derivan: ¿Darle continuidad al proceso que creó Munguía Payés o iniciar uno nuevo? ¿Hacerlo de forma directa o utilizar intermediarios? ¿Utilizar intermediarios nacionales o instituciones internacionales? ¿Utilizar el capital de confianza que Raúl Mijango ha creado en su relación con las pandillas o desecharlo como mediador? ¿Cómo conseguir comunicar correctamente este proceso para revertir la mala percepción que los votantes tienen de él? ¿Crearle o no crearle un marco jurídico especial? ¿Crear o no crear instituciones o agentes especiales para atender esto? ¿Cómo convencer al resto de actores políticos que acuerpen una estrategia de este tipo? Y, finalmente: si se decide desechar cualquier modelo que tenga como base el diálogo o la negociación con las pandillas, ¿qué se va a hacer para frenar la escalada de violencia sin volver a recurrir a estrategias meramente publicitarias o a experimentos fracasados?
De nuevo, entre más rápido se decida sobre este punto, más opciones hay, más puertas abiertas hay, más libertad política hay y más lejos de las elecciones se está.
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Los problemas que hay que solucionar con urgencia en materia de seguridad no terminan aquí, pero los anteriores son los que deben ocupar los primeros lugares en la lista de prioridades. Luego hay otros: pende sobre todos, como nación, la bomba de tiempo vergonzante de nuestro sistema penitenciario en el que -desde hace demasiado tiempo- sucesivos gobiernos torturan a sus ciudadanos en espacios medievales y empujan, con ello, la rueda de la violencia. Está también la urgencia de definirle un rumbo a la Policía Nacional Civil, tan a merced de las mezquindades políticas y de la ineptitud operativa que la ha convertido en rifle para matar mosquitos o en ratonera para cazar elefantes. También urge dotar al Estado de instrumentos para perseguir financieramente al delito y curar a sus instituciones del raquitismo que padecen en esta materia, solo por citar algunos casos.
La lista de urgencias es larga... pero por algo hay que empezar.
