El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén no puede olvidar de dónde viene. Y en materia de transparencia, eso pasa por mirarse al espejo de los cinco años liderados por Mauricio Funes, un presidente que auscultó a los gobiernos de las administraciones de Arena, pero que cerró con candado las puertas que conducían hacia los pasajes de su administración. Ahora que el nuevo presidente ha declarado que el dinero de la gente es sagrado, y ante el tradicional espectáculo de cómo los recursos públicos se esfuman a menudo con despilfarro en viajes injustificados, compras de bienes suntuarios y prebendas no transparentadas a ejecutivos de gobierno, bien haría en intentar devolverle una pizca de esperanza a la gente que tiene años de estar viendo cómo las cosas se hacen en la oscuridad y deficitarias de corrección.
La administración Funes presentó más de 150 denuncias a la Fiscalía General de la República contra posibles actos de corrupción cometidos en los gobiernos de Arena, sobre todo de las administraciones de Antonio Saca (2004-2009) y Francisco Flores (1999-2004). Entre estas, los millonarios fondos donados por Taiwán y desviados en la administración de Francisco Flores, o la investigación por el caso CEL-Enel. Sin embargo, paralelamente, la administración orquestaba maniobras para privar a la ciudadanía de la posibilidad de revisar asuntos como el gasto publicitario, los viajes oficiales del presidente y sus comitivas o los informes de auditoría interna de la Presidencia. Todo ello a pesar de que por ley esa es información es de acceso público.
Esa actitud de temer al reflejo del espejo no es nueva. Ya la administración Cristiani puso la primera piedra cuando en noviembre de 1992 creó una comisión investigadora de hechos de corrupción, que terminó en un informe que al final solo conoció el mismo Cristiani. La Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los Programas de Inversión (Comsefip) investigó más de 100 casos de presunta corrupción. Más de dos décadas después de aquel experimento, el informe pormenorizado de aquella comisión sigue siendo un secreto. Algo comparable le sucedió al gobierno de Funes, el primer gobierno del FMLN: creó una Subsecretaría de Transparencia que documentó presuntas irregularidades de administraciones anteriores, pero que terminó postrada ante decisiones del gobierno Funes como ocultar los gastos publicitarios o negar información sobre los contratos del Ejecutivo con uno de los patrocinadores de la candidatura presidencial de Funes. La Subsecretaría no podía hablarle con severidad al presidente. Otro ejemplo del temor a la sombra de uno mismo o de los esfuerzos por parecer una cosa y actuar de manera contraria fue el de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Aunque Funes dio su firma de aval a la LAIP, pronto emitió un reglamento que no solo la reformaba en puntos esenciales, sino que la contrariaba al declarar secretos muchos datos que deberían estar incluso publicados sin necesidad de que nadie los pidiera a las oficinas estatales.
El presidente Salvador Sánchez Cerén daría un paso al frente si en su gobierno comienza a desmontar la cultura del abuso de los recursos públicos y empuja cuatro cosas.
1. Amistades o padrinos
Investigar decisiones que favorecían a amistades del presidente o a patrocinadores o colaboradores de su candidatura. La de la publicidad es una de ellas. Funes decidió hace cuatro años y medio canalizar toda la publicidad del Ejecutivo hacia la empresa entonces recién creada por su amigo Joao Santana. Aunque las leyes tienen suficientes pasadizos para que quien quiera burlarlas las pueda sortear, los conflictos de intereses y la debilidad ética de algunos nombramientos o contrataciones salta a la luz: una segunda investigación que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén debería hacer es la de personas que ocuparon cargos importantes en el gobierno anterior y que paralelamente obtenían contratos con la administración. El caso del empresario Miguel Menéndez puede ser solo uno de ellos. Como patrocinador de la candidatura de Funes es difícil apostar a que, de entrada, Menéndez ('Mecafé') no tenía alguna ventaja ante sus competidores por el hecho de haber ayudado al presidente a llegar al cargo o por el hecho de ser uno de sus consejeros. Además, Menéndez, tal como reveló El Faro hace una semana, logró colocar a varios de sus allegados en puestos importantes del sector público en el área de la producción y distribución de energía.
En materia de publicidad, desde el primer año de la presidencia de Funes, y hasta la mitad de su gestión, a petición de Casa Presidencial se designó a una sola empresa para manejar la publicidad de al menos 17 instancias del Ejecutivo. Esta empresa se llamaba Polistepeque, y el dueño de la empresa era Joao Santana, un publicista de origen brasileño que dirigió la campaña de Funes, y a quien el expresidente llegó a llamar 'mi amigo'. En el rubro de los servicios de seguridad privada, el gobierno de Funes llegó a pagar más de 21 millones de dólares a la empresa Cosase, S.A. de C.V., cuyo propietario es Miguel Menéndez, quien durante un tiempo en el gobierno de Funes fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones.
Hay otros casos, como la construcción de la presa El Chaparral, en la cual se invirtieron millones de dólares y cuyas obras fueron paralizadas a mitad de la gestión de Funes. También las denuncias de 'manejo político' de programas de gobierno que hizo el renunciante ministro de Agricultura Manuel Sevilla cuando dejó el cargo, o el desvío de fondos que hizo la presidencia del INDES para favorecer, en última instancia, a un equipo de fútbol del que han sido directivos el ahora vicepresidente Óscar Ortiz y el señalado por el periódico El Gráfico como responsable de ese desvío, Jaime Rodríguez, presidente del INDES.
2. Respeto al Instituto de Acceso a la Información
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que no se puede hablar de democracia plena en una sociedad con privaciones de información. Las actuaciones del gobierno deberían estar a la vista del público no solo porque es importante prevenir y castigar la corrupción, sino también por otras dos razones: una, porque el gobierno representa, en teoría, los intereses del pueblo, y los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo administran el Estado los gobernantes, y la segunda es que la gente tiene derecho a que le rindan cuentas de cómo se gasta su dinero. El Instituto de Acceso a la Información Pública nació para eso, para garantizar que a los salvadoreños se les respeta su derecho a conocer las actuaciones de gobierno.
Sánchez Cerén debería mostrar su compromiso con la transparencia si fortalece al Instituto de Acceso a la Información Pública. El gobierno de Funes no solo se tardó en nombrar a los comisionados que dirigirían el Instituto, sino que también dejó que naciera sin presupuesto, sin oficina, sin poder de acción. Quizá porque ese Instituto, el garante de la transparencia en el Estado, es todavía un cascarón, funcionarios como el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes; o el ministro de Defensa, David Munguía Payés, han desoído las resoluciones de la entidad, han burlado sus resoluciones y se han mofado de sus miembros.
3. Promover la independencia de la Corte de Cuentas
Si la Corte de Cuentas hiciera su trabajo... Prácticamente desde cuando obtuvo representación legislativa, el FMLN (legislatura 1994-1997) alzó la bandera de la lucha contra la corrupción. Esa bandera incluía transformar la contraloría del Estado para que esta fuera garantía de que los siempre escasos fondos públicos fueran usados correctamente. Los diputados efemelenistas se pasaron años reclamando una Corte de Cuentas despartidizada. Desde 2011, sin embargo, cuando la correlación legislativa para elegir magistrados le favoreció, el FMLN procuró colocar en la Corte a personas militantes o que respondan al partido de izquierdas. Sánchez Cerén podría dar un golpe importante en favor de la probidad si impulsa una reforma que con claridad distancie a la Corte del control de los partidos políticos y la separa en dos instituciones distintas para que la misma que investiga no sea la misma que juzga lo investigado.
4. Transparentar los sueldos y...
¿Cuánto gana el presidente? ¿Cuánto gana un ministro? ¿Los diputados reciben algún sobresueldo? Hace años, cuando Gloria Salguero Gross era presidenta de la Asamblea Legislativa, esta decidió eliminar la bolsa de dinero público que la presidencia de la legislatura podía utilizar a discreción. La 'partida secreta' del Órgano Legislativo se esfumó. En la Presidencia de la República, sin embargo, hay una fuente de dinero oculta a los ojos del público que permite que los ejecutivos del gobierno reciban en concepto de honorarios mucho más que los 5 mil dólares que nominalmente obtienen como remuneración por su labor. Los sobresueldos en el Ejecutivo podrían justificarse tomando en cuenta que a la administración le conviene reclutar ministros y otros funcionarios con altas capacidades, pero que difícilmente irían a trabajar al sector púbico si este no puede competir en el pago de sueldos con lo que sí puede ofrecer el sector privado. La transparentación de los sueldos de los ministros y otros funcionarios sería un gran paso para ayudar a resolver otro de las grandes dificultades del Estado salvadoreño: ¿a quién le consta que aquellos fondos destinados a funcionamiento del Estado, incluido el presupuesto para pago de informantes y otras necesidades de seguridad nacional, se utilizan como deben usarse? Si el uso de dinero púbico para financiar operaciones del Organismo de Inteligencia del Estado no puede ser detallado ni a la Corte de Cuentas para que esta a su vez lo pueda dar a conocer a los contribuyentes, ¿cómo se garantiza que el gasto en inteligencia se usa en eso y no se deriva hacia otros destinos?
5. Financiamiento de partidos
En los últimos años han abundado las informaciones que evidencian vínculos entre partidos políticos y crimen organizado. Cuando la Asamblea Legislativa estaba discutiendo la Ley de Acceso a la Información, los legisladores decidieron que esa no era la normativa en la que incluirían la obligación de los partidos políticos de transparentar sus fuentes de financiamiento privadas. ¿Cómo prevenir, por ejemplo, que a los partidos -y por lo tanto a los funcionarios- los financie dinero sucio? Los diputados dijeron que para eso estaban trabajando ya en una futura Ley de Partidos Políticos. Finalmente, la Ley de Partidos Políticos tampoco incluyó la obligación de rendir cuentas públicas a la ciudadanía sobre los financiadores privados. ¿Sería correcto que un gobierno extranjero pudiera jactarse de haber 'puesto' a un presidente salvadoreño? Hace un mes El Faro reveló que según investigaciones de la Fiscalía, el Banco Cuscatlán se prestó a que dinero de Taiwán fuera enviado a una cuenta para la campaña presidencial de Arena correspondiente a 2003-2004. ¿Sería correcto que un capo de la droga financiara la campaña de un alcalde, de un diputado, de un presidente salvadoreño? Sánchez Cerén puede establecer un parteaguas si impulsa enérgicamente una reforma a la Ley de Partidos Políticos y otra a la Ley contra el Lavado de Dinero, para transparentar el financiamiento de partidos y de candidatos. Eso sería un gran servicio de prevención ante el empuje del crimen organizado, siempre atento a las posibilidades de penetrar al Estado.
