Este sábado 28 de junio terminaron su mandato dos de los tres magistrados de la Corte de Cuentas, entre ellos el presidente Rosalío Tóchez. Los diputados a quienes la Asamblea Legislativa ha encargado preparar una propuesta de nuevos magistrados se declararon en sesión permanente tras caer en la cuenta del largo proceso que aún tenía pendiente y el corto tiempo para realizarlo, pero el reloj avanzó más rápido que ellos y la institución encargada de garantizar el buen uso de los fondos públicos quedó sin su cabeza. Solo quedará en funciones un tercer magistrado, Jovel Humberto Valiente, a quien tampoco le queda mucho tiempo en el cargo, pues termina su gestión el 8 de julio.
Para este viernes 27 de junio, los legisladores de todas las bancadas llegaron al acuerdo de eliminar 34 nombres de la lista de 83 aspirantes, así que solo han quedado en estudio 49 nombres. Este primer filtro lo han realizado con base en la revisión de los informes de antecedentes que presentaron 14 instituciones: Fiscalía General, Ministerio de Hacienda, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, las secciones de investigación profesional y de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Dirección de Centros Penales, el Tribunal Supremo Electoral (para informar sobre afiliaciones partidarias o candidaturas a cargos de elección popular), el Tribunal de Ética Gubernamental, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública. De los 83 nombres analizados, solo 12 tienen todas las casillas en blanco, sin ningún informe.
Y, no obstante la importancia de los cargos en juego, los diputados alegan que tanto los reportes de antecedentes como su revisión deben mantenerse en secreto, porque según ellos se trata de información 'personal'. Antecedentes que incluyen casos de soborno, negligencia, insolvencia con el fisco, investigaciones abiertas en la Fiscalía, registros pendientes en la sección de Probidad, paternidad irresponsable o la afiliación partidaria de los aspirantes.
El proceso intenta romper la tradición de elegir funcionarios con notorios cuestionamientos de competencia y sin credenciales de moralidad notoria. Asimismo, y a partir de una serie de resoluciones de la Sala Constitucional emitidas durante 2013, con independencia partidaria.
El Faro tuvo acceso al informe oficial de la comisión legislativa que evalúa a los candidatos, elaborado por la unidad técnica de la Asamblea Legislativa. Los 12 candidatos que aparecen sin mención alguna pueden sostener que, según la información oficial, no han tenido afiliación a ningún partido político, nunca se han encontrado insolventes en el Ministerio de Hacienda, no tienen juicios de cuentas en curso ni han sido señalados ni denunciados por nadie ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, la Fiscalía o la Policía Nacional Civil. Sí: hay quienes tienen incluso cuentas pendientes en la misma institución que quieren llegar a dirigir: 13 de ellos tienen señalamientos de la Corte de Cuentas.
La institución consultada que más señalamientos hizo fue el Ministerio de Hacienda: 33 de los 83 candidatos tenían insolvencia con el fisco en el momento en que la Asamblea pidió la información.
De los aspirantes a cuidar los fondos públicos, 12 aparecen en los registros de la Policía por algún tipo incidente. Dos de ellos aparecen señalados por 'amenazas y lesiones'. Otro ha sido acusado de estafa, otro tiene un registro de violencia intrafamiliar, otro aparece acusado de cohecho, delito cometido por un funcionario público que se aprovecha de su cargo para pedir sobornos o dádivas. El resto de casos no son especificados, como el de un abogado, aspirante número 21 de la lista, que tiene 12 casos en la PNC, de los cuales no se amplía sobre ninguno.
Entre los 83 aspirantes a magistrados de cuentas hay 25 que aparecen en los registros del Tribunal Supremo Electoral como candidatos a diputados y alcaldes o como afiliados a un partido político.
La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia reportó que 24 de los aspirantes que han ejercido cargos públicos tienen asuntos pendientes por solventar. La mayoría de casos son por no presentar su declaración de probidad al inicio o al final de sus funciones. Los informes enviados por la Corte Suprema de Justicia registran que 15 de los aspirantes han sido denunciados en la Sección de Investigación Profesional, instancia encargada de revisar irregularidades en el gremio de abogados y notarios.
Nombres famosos
Entre los candidatos hay numerosos exfuncionarios, incluidos algunos que se han repetido en varios cargos públicos o que se han postulado repetidas veces para distintos puestos en el Estado.
El exministro de Agricultura y expresidente del ISTA Pablo Alcides Ochoa es uno de los candidatos al cargo. Este funcionario tiene nueve expedientes abiertos en la Corte de Cuentas. Uno es un examen especial por la venta de áreas naturales protegidas del período 2005- 2009. También aparece señalado en una auditoría de la presidencia del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y en una investigación por uso de vehículos del Estado en horas o días no laborales.
La Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos reporta que este exfuncionario tiene 29 expedientes, de los que 22 están en trámite. Todos los casos se relacionan con anomalías de su gestión como presidente del ISTA.
Pablo Alcides Ochoa Quinteros es fundador de la firma Ochoa Benítez Asociados S.A. de C.V, que administró una carpeta de trámites de Latin America Spas, empresa asociada a Ada Mitchelle Guzmán y a Miguel Menéndez, 'Mecafé', amigo y financista del expresidente Mauricio Funes. Ochoa Quinteros integró “Los Amigos de Mauricio”, grupo que financió la campaña de Mauricio Funes para la elección de 2009. El 4 de enero de 2010 fue nombrado presidente del Instituto de Transformación Agraria (ISTA) y el 5 de septiembre de 2012 lo juramentó como ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), cargo que desempeñó hasta el final de la administración Funes.
Otro aspirante a presidente de la Corte de Cuentas es el presidente de la Corte de Cuentas, quien terminó su gestión este 28 de junio. Rosalío Tóchez Zavaleta, un abogado que hace seis años y medio prometió lealtad al partido FMLN. El 19 de diciembre de 2008, Tóchez Zavaleta firmó 'El Asocio Político para El Cambio', un documento de tres páginas en el que un grupo de profesionales se comprometía a 'guardar respeto mutuo, sinceridad y lealtad' al FMLN. El documento lo firmaron Medardo González, secretario general del FMLN y Tóchez, que aparece como presidente del movimiento ciudadano.
En los reportes que enviaron a la Asamblea Legislativa las 14 instituciones, este funcionario aparece con un expediente abierto en la Fiscalía por actos arbitrarios y amenazas. En la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene cuatro expedientes por despidos arbitrarios. Tóchez también tiene dos denuncias archivadas en la sección de investigación de la Corte de Suprema de Justicia.
Otro aspirante que brilla por su notoriedad reciente es Ástor Escalante, un abogado que durante el gobierno del presidente Antonio Saca (2004-2009) fue director de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública. Durante la campaña presidencial que culminó con las votaciones de febrero y marzo pasados, Escalante se declaró partidario de Saca, en el intento de este por obtener por segunda vez la presidencia de la República. En los últimos años ha estado no solo en diversidad de cargos, sino también en diversidad de candidaturas. Fue fiscal en funciones en 2009 durante algunos meses, y fue candidato a fiscal en 2012. El 25 de abril de ese año fue elegido fiscal general por la misma legislatura que había eligido al fiscal anterior, Romeo Barahona, tres años atrás, y a la que ya solo le quedaban 36 días de gestión. En julio de ese año, su elección fue anulada por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ahora, Escalante está en la lista de aspirantes al cargo de magistrado de la Corte de Cuentas que evalúa la Asamblea Legislativa.
Al inicio de la administración Funes, en junio de 2009, Escalante, como fiscal en funciones, sorprendió al país cuando en un tiempo inusualmente breve -cuatro días- dio por cerrado el caso de la muerte del exdirigente arenero Adolfo Tórrez. Aunque las pruebas determinaron que no había señales de que Tórrez hubiera disparado un arma de fuego, Escalante concluyó que este se había suicidado con un tiro al pecho.
El 31 de marzo de 2014, el expresidente Funes sorprendió al país al escoger a este partidario de Saca como superintendente general de electricidad y telecomunicaciones. El anterior en el cargo, Luis Méndez Menéndez, había renunciado días antes 'por razones personales'. El diputado Roberto Lorenzana, secretario de comunicaciones del FMLN, criticó a Funes por hacer nombramientos en los últimos días de su mandato. Lorenzana es el secretario técnico de la presidencia del gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
El entonces presidente Funes rechazó las críticas de Lorenzana y dijo que él no podía dejar acéfala la Siget durante los dos meses que le faltaban de mandato. La Siget dirigada por Escalante inició el proceso de subasta para otorgar un grupo de frecuencias de televisión, que por ahora ha sido detenido por la Sala de lo Constitucional, al admitir a estudio una demanda de inconstitucionalidad.
En el informe legislativo con los datos de cada aspirante, Escalante aparece con un expediente abierto de oficio por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que investiga si el procedimiento para asignar frecuencias de radio y televisión es antidemocrático y excluyente.
Otro candidato destacable entre los 83 es Manuel Chacón, quien compitió por el cargo de fiscal general de la República en 2009, cuando la Asamblea nombró a Romeo Barahona. Es conocido en el mundo jurídico penalista y se hizo famoso hace ya 20 años, cuando defendió a un oficial de la hoy desaparecida Policía Nacional, acusado de haber participado en el cruento asalto al Banco de Comercio, en 1994. En el atraco, perpetrado en la Calle Rubén Darío de San Salvador por un grupo de hombres armados vestidos con uniformes de la Policía Nacional, murieron seis personas.
Este abogado ha sido asesor del despacho del general David Munguía Payés, ministro de Defensa. Chacón también ha sido presidente residente de la empresa Inversiones Energéticas (INE), subsidiaria de la autónoma CEL y recientemente representó al expresidente Antonio Saca en su demanda de calumnia contra el dirigente de Arena Hugo Barrera.
El Faro revisó y filtró la información que sirve base para evaluar a los 83 candidatos. En la gráfica puede ver los resultados:
