Salvador Sánchez Cerén lleva una semana al frente del Ejecutivo y ya sabe que el Estado atraviesa graves problemas financieros. La reforma fiscal que el anterior gobierno intentó infructuosamente aprobar antes del traspaso de mando no ha podido darse debido a la negativa del sector empresarial y a la férrea voluntad del nuevo mandatario de intentar alcanzar acuerdos con todos los sectores para la toma de decisiones de esta envergadura.
Es loable la actitud presidencial, sobre todo porque implica que se ha percatado de la imposibilidad de sacar a El Salvador de la crisis en la que se encuentra sin la participación de todos.
La pequeña reforma fiscal planteada ahora está basada en tres puntos: impuestos a los bienes suntuosos, impuestos a la prensa e impuestos a transacciones financieras.
El primero es no solo necesario, sino elemental en cualquier sociedad que se rija por el interés público más que, como ha sido el caso en El Salvador, el interés de los más privilegiados. El único argumento en contra, que frenará la inversión en inmuebles, es tan indecente como aquel que proponía bajar el salario mínimo de los trabajadores maquileros para hacer la industria más competitiva.
La segunda, la que compete a la prensa, es la corrección oportuna de una ley obsoleta que pretendía el siglo pasado defender la libertad de expresión y de acceso a la información. Entre todas las plataformas de diseminación de información, es la imprenta la única que goza de este privilegio del cual algunos beneficiarios han abusado para evadir el pago de impuestos. Es oportuno hacer esta corrección, que debería ir acompañada de una ley que prohiba al gobierno anunciar otra cosa que no sean campañas de beneficio público y evitar así también que la propaganda se convierta en el premio y castigo para regular la crítica periodística y el amaño de los contratos estatales de publicidad.
La tercera propuesta, la de impuestos a las transacciones financieras, es más controversial, porque afectaría también a las clases medias que el gobierno asegura que no serán afectadas. Por eso es plausible la apertura al diálogo y la discusión para tener claridad de todas las consecuencias de esta reforma.
Pero el diálogo abre también una gran oportunidad para que los sectores involucrados alcancen acuerdos urgentes en materia de rendición de cuentas, de garantías de que los impuestos serán utilizados para atender las necesidades más urgentes de la población.
Esto, contrario a lo planteado en la mesa de diálogo, no pasa por aprobar más leyes de utilización de los recursos. El Salvador no necesita más leyes, sino mecanismos precisos para hacerlas cumplir. Las instituciones encargadas de velar por el uso de los recursos públicos son todas ineficientes, incapaces y por ende intrascendentes en un proceso democrático que urge de estos contrapesos.
El Tribunal de Ética gubernamental no ha cuestionado a ninguna de las dos administraciones en las que ha tenido competencia hasta ahora, a pesar de las evidentes violaciones a la ética cometidas por esos dos presidentes, incluyendo el abuso de los recursos del Estado para hacer campañas políticas, la entrega de contratos estatales a cambio de beneficios políticos o personales o la aceptación de favores o regalos comprometedores.
La Corte de Cuentas ya ha sido objeto de múltiples observaciones desde este mismo espacio, baste decir que el cambio de manos del gobierno en 2009 no fue capaz de revertir la nefasta tendencia de que esa institución, cuya cabeza es nombrada por la Asamblea Legislativa, sirva al gobierno de turno. Antes a Arena en alianza con el PCN y el PDC; ahora al FMLN en alianza con Gana, el PCN y el PDC. El comportamiento de esta institución, encargada de combatir la corrupción, es corrupto.
La tercera, la sección de Probidad de la Corte de Cuentas, quedó inutilizada cuando, al final del gobierno del presidente Francisco Flores, algunos de sus ex funcionarios decidieron quitarle facultades para revisar sus cuentas bancarias. El escándalo de corrupción del expresidente Flores demuestra entre otras cosas la nefasta decisión de la Corte Suprema de obedecer a los intereses de banqueros y exfuncionarios y restarle facultades a esa sección.
Los fondos públicos son de todos nosotros. No son ni de Arena, ni del Fmln, ni de ningún otro partido. Tampoco son de los grandes empresarios que pretenden siempre decidir cuánto y cómo quieren pagar. Son de todos. Por eso es urgente hoy, junto a la reforma para dotar de más fondos a un Estado en crítica situación financiera, reformar el funcionamiento de las instituciones que velan por el buen uso de esos fondos. Eso, y determinar las responsabilidades sobre la actual crisis financiera y el uso de los fondos públicos de las anteriores administraciones.
El problema de las finanzas públicas no es solo el bajo crecimiento, la falta de inversión, la poca productividad de la economía salvadoreña y la baja recaudación de impuestos. Es también la corrupción y el despilfarro. Y todo ello debería estar en la mesa de diálogo abierta por el nuevo gobierno.
