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Fiscal pide desaforar a diputado por lavado de $10 millones

El 17 de octubre de 2007, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos advirtió a El Salvador que Wilver Alexander Rivera Monge pertenecía a una organización que traficaba cocaína. Este viernes, la Fiscalía pidió desaforarlo por lavado de 10 millones de dólares. De una vez, el fiscal general solicitó antejuicio contra el diputado Abilio Menjívar por intento de homicidio.


Domingo, 31 de agosto de 2014
Efren Lemus

El fiscal general de la República, Luis Martínez, pidió el viernes a la Asamblea Legislativa que esta despoje de la protección constitucional al diputado suplente de la coalición PDC-PCN Wilver Alexander Rivera Monge, para que responda ante los tribunales por la acusación de lavar unos 10 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

“Ha sido un trabajo de más de ocho meses que realizamos con el equipo de la UIF (Unidad de Investigación Financiera) y equipos especializados en lavado de dinero para establecer los hechos que se le imputan a la estructura relacionada con El Repollo”, dijo Martínez.

El Repollo es el sobrenombre de un empresario llamado Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, quien fue deportado desde Guatemala en marzo del año pasado. A él se le acusa de dirigir una red que enviaba dinero hacia Costa Rica y Panamá para comprar cocaína que luego almacenaba temporalmente en sus ranchos de playa y fincas, para posteriormente trasladarla a Guatemala.

Los nexos entre El Repollo y el diputado Rivera Monge son de conocimiento de las autoridades desde el 17 de octubre de 2007. Ese día, desde Los Ángeles, en Estados Unidos, una oficina de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) envió una lista de personas sospechosas de narcotráfico.

La DEA informó que Rivera Monge era dueño de un autolote sobre el Bulevar Constitución, en San Salvador. Facilitó su número de teléfono y dijo que era parte de la organización. Durante cinco años, la investigación no reportó avances significativos. Fue hasta en agosto de 2012 cuando la Fiscalía logró la confesión de un miembro de la red. Para ese año, Rivera Monge ya era diputado y, por lo tanto, ya tiene el blindaje constitucional que establece que ante una acusación de un delito grave contra algún legislador, este no puede ser procesado en los tribunales sin que antes la Asamblea Legislativa delibere si hay lugar a formación de causa. Por eso el fiscal acudió a la Asamblea a solicitar que se haga antejuicio contra Monge para despojarlo de su protección.

El testigo criteriado repitió ante las autoridades que Rivera Monge facilitaba vehículos para el traslado de dinero y cocaína. Dijo, además, que observó que en el autolote del diputado se hacían pagos en efectivo por actividades de narcotráfico. La Fiscalía, sin embargo, no procesó al diputado. El caso llegó hasta la captura de El Repollo y 19 personas por tráfico de droga.

La semana antepasada, el Juzgado Noveno de Instrucción ordenó un juicio contra la banda de El Repollo por tráfico de drogas. Y el jueves pasado, la Fiscalía capturó a ocho personas por el delito de lavado de dinero. Entre esas personas están la esposa y el hijo del diputado, Wilver Alexander Rivera Sifontes y Arenis Leonor Sifontes Meléndez.

“Tenemos hechos suficientes para comprobar el delito contra el diputado Wilver Rivera y su estructura familiar por el lavado de más de 10 millones de dólares”, dijo el fiscal Martínez.

El diputado Rivera Monge participó en una serie de extrañas compraventas de vehículos e inmuebles cuyo resultado era en algunos casos perder dinero. En otros, simplemente, las operaciones permiten hacer vínculos con algunos casos criminales. Por ejemplo, Rivera Monge, según el textigo clave, compró un pick up Kia blanco a la Aseguradora Suiza por 8 mil 600 dólares. Eso sucedió el 4 de julio de 2007. El diputado fue dueño de ese vehículo durante solo cinco días. El 9 de julio vendió el pick up, por 9 mil 100 dólares, a Efraín González Barrera, un albañil que vive en San Marcos, quien según un testigo clave traficó droga desde Nicaragua en varias ocasiones y envió dinero por medio de Western Union hacia las cuentas de Ulloa Sibrián.

Cinco meses más tarde, en diciembre de 2007, González Barrera traspasó el vehículo por 10 mil dólares a Jorge Alberto Morán, uno de los arrestados por trasladar dinero adherido a su cuerpo u oculto en compartimentos secretos de vehículos rumbo a Costa Rica, que serviría para pagar la cocaína.

Rivera Monge y Morán ya antes de ese traspaso aparecen también vinculados en otra compraventa: el diputado había vendido una cuadrimoto Yamaha azul a Morán por 4 mil dólares. Tres años antes, el diputado la había comprado por 9 mil dólares.

Según el testigo, el diputado Rivera Monge tenía claro que, pese a la maraña de traspasos entre los miembros de la organización, el vehículo Kia se utilizaría para cometer un delito. El diputado habría entregado el pick up por medio de uno de sus socios: “Ulises es un compadre y socio de Wilver, como de 36 años de edad, salvadoreño, blanco, cara delgada, alto, cuerpo regular, pelo negro ondulado, que usa bigote. Como socio de Wilver, en el autolote facilita los carros a la organización, también le llevó un vehículo tipo camioncito, marca Kia que Wilver le mandó a Ulloa para que la organización lo usara en el traslado de droga”.

Contra el diputado Abilio

El fiscal Martínez aprovechó su visita a la Asamblea para solicitar antejuicio contra otro legislador: el diputado Abilio Menjívar, del partido Gana. Este está acusado de participar junto a otras personas en un intento de homicidio en Pasaquina, La Unión, en julio de 2012.

Según la Fiscalía, la víctima salía de un velorio cuando le dispararon varias veces. Pese a que sufrió tres balazos, la víctima sobrevivió, pero en los siguientes meses recibió amenazas del diputado Menjívar, aseguró la Fiscalía. Finalmente, en noviembre de 2013, el sobreviviente fue asesinado.

El fiscal Martínez dijo que existió participación del diputado Menjívar en el asesinato, pero no especificó por qué en la solicitud de antejuicio no se relaciona ese hecho. Esa duda, dijo, se esclarecerá cuando inicie el proceso judicial. “Todo indica que hubo algún grado de participación del diputado (en el asesinato)”, sostuvo.

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