Opinión /

Una reforma manchada


Lunes, 4 de agosto de 2014
El Faro

La recién aprobada reforma fiscal es no solo necesaria, sino además justa. No hay ninguna de las enmiendas aprobadas que sea reprochable, y los lamentos de algunos medios de comunicación y las amenazas de las gremiales de la empresa privada de que estos costos serán trasladados a los consumidores solo reflejan su nula voluntad de contribuir al desarrollo de su país, de contar con un Estado capaz de proveer a todos sus ciudadanos de las condiciones mínimas para una vida digna; particularmente en momentos en que el Estado padece una grave situación financiera y la mayor parte de la población se encuentra en deplorables condiciones de vida.

Advertir que un cobro de 25 centavos por transacciones financieras de cien dólares es un freno a la inversión y al crecimiento económico es aún más absurdo cuando estos mensajes provienen de gremiales que jamás se han pronunciado siquiera por el hecho de que la banca cobre 62 centavos por cada retiro de efectivo, independientemente de la cantidad, en algunos cajeros automáticos. Ya solo esto habla de unas gremiales empresariales que piensan siempre y solo en las ganancias para los grandes empresarios; ni siquiera para los medianos ni pequeños que de todos modos pagan cuotas por transacciones financieras menores, no al Estado pero sí a la banca privada, lo cual nunca ha sido motivo de reclamo por parte de quienes presuntamente deberían también representarlos, sobre todo la ANEP.

La protesta, también airada, porque se intente cobrar impuestos a los periódicos impresos, es igual de mezquina pero además obsoleta. La ley de imprenta, hecha a imagen y semejanza de otros países, fue impulsada por una agenda liberal en la primera existencia formal de la República Federal de Centroamérica. Tenía por fin garantizar la libre publicación del pensamiento sin restricción alguna más que lo que fuera contra la Constitución y el honor. El hecho de que la imprenta fuera dispensada del pago de impuestos tenía como fundamento evitar que mediante tasaciones se volviera prohibitivo la diseminación de ideas o la crítica a los gobiernos. En aquellos años, durante la primera mitad del Siglo XIX, no había ningún otro medio de comunicación.

Ahora, con la radio, la televisión y el internet, la ley de imprenta es obsoleta e injusta en un sistema en el que todos los demás medios sí están obligados a pagar impuestos.

Por ello esta reforma era urgente, necesaria y justa.

Sin embargo, el FMLN optó por manchar esta reforma. Por enturbiarla y convertirla en una triquiñuela a la misma usanza de las que en el pasado protestó con toda la autoridad moral y legitimidad que ha perdido ahora.

Pasar una ley en un madrugón fue apenas la primera parte del agravio. Aterrizar otra vez en la aritmética, por encima de todos los procedimientos establecidos para la convivencia política y sacrificando la esencia misma del quehacer parlamentario (el debate, la discusión abierta al público de la formación de leyes) es un acto no solo de prepotencia política, sino además de irrespeto a los ciudadanos y de desprecio a la democracia.

Pero hacerlo, además, pactando a cambio la entrega de la Corte de Cuentas a Gana, es pervertir una reforma fiscal que merecía haber nacido limpia.

Es un insulto pactar una reforma para obtener más dinero a cambio de entregar la vigilancia de ese mismo dinero a un cómplice que ya ha demostrado su incapacidad y su nula voluntad de velar por el buen uso de los fondos públicos; cuyo principal vocero, un diputado de la junta directiva, debería estar en los primeros lugares de esa lista de funcionarios a ser investigados.

No se podrá avanzar en la consecución de un sistema fiscal más justo, que permita una mejor distribución del ingreso, si no se avanza al mismo tiempo en una profunda reforma al ejercicio de contraloría en el Estado.

Era muy difícil, en tiempos de Arena, esperar que desde la Asamblea se tomaran medidas para el establecimiento de una Corte de Cuentas transparente, responsable y eficiente. Pero era lo primero que el FMLN estaba obligado a hacer tras su llegada al poder, si quería mantener la congruencia con sus reivindicaciones y sus promesas históricas. Lamentablemente hoy, con este acto, la exguerrilla parece nuevamente haber sido seducida por las trampas del poder, y preferir los pactos oscuros, como ya es usual desde que llegaron a la presidencia del Órgano Legislativo, al cumplimiento de una misión que parecía de verdad tener aspiraciones transformadoras.

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