Una comisión. O sea, un grupo de personas de distintas credenciales: empresarios, funcionarios, religiosos, políticos… que discuten qué hacer en materia de seguridad pública. Esa es la estrategia que desde hace más de un mes afina el gobierno como su gran apuesta en el tema más sensible del país y que el presidente Salvador Sánchez Cerén espera presentar en los próximos días.
Aunque hay una larga tradición de comisiones –los ex presidentes Mauricio Funes, Antonio Saca y Francisco Flores juramentaron sus propias versiones- y muy poca evidencia de que esto haya tenido una utilidad práctica, la nueva comisión gubernamental tiene algunos puntos novedosos.
El presidente Salvador Sánchez Cerén, quien el lunes 8 de septiembre cumplió 100 días de gobierno, consiguió involucrar a algunos empresarios prominentes, como Francisco Calleja, dueño de Súper Selectos y uno de los hombres más ricos del país. Su presencia no solo es una medalla a la capacidad de convocatoria de la administración, sino que puede ser también un cortafuegos para las críticas de algunos sectores, particularmente de los grandes medios de comunicación que le tienen como uno de sus principales anunciantes, e incluso puede ser un muro de contención ante los gremios empresariales que pueden sentirse inclinados a dar el beneficio de la duda a un colectivo en el que se congrega uno de sus representantes más eminentes.
Sin embargo, una de las preguntas clave que ha gravitado sobre este esfuerzo desde el principio sigue contestándose con ambigüedades: ¿se va a dar continuidad al diálogo con las pandillas, que en un principio se conoció como “la tregua” y que inició el gobierno de Mauricio Funes? Hasta el momento hay dos señales claras: puertas adentro parece haber consenso en que el esfuerzo no tiene sentido sin diseñar una herramienta para entrar en contacto con pandilleros; puertas afuera se menciona el tema con pinzas, con mucho maquillaje político.
También hay un afán común: dejar todo lo fuera que se pueda a los actores originales de la tregua: al exguerrillero y exdiputado Raúl Mijango, a monseñor Fabio Colindres, al también exguerrillero Paolo Lüers y al representante de la OEA Adam Blackwell, que hasta hoy han sido marginados absolutamente de los encuentros.
Pero más allá de su propia agenda el gobierno y su comisión deben tomar en cuenta que las pandillas reiteraron recientemente un mensaje que podría resumirse así: seguimos ofreciendo nuestra voluntad de entrar en un proceso de paz… pero solo en uno en el que esté Mijango.
La mesa gigante
El gobierno ha montado una mesa gigante de consulta que ya está siendo presentada con el nombre de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, una iniciativa que en sus primeras reuniones incluyó “el diálogo con las pandillas” como uno de los puntos prioritarios de discusión. La mesa de Casa Presidencial en la que sesiona lo que pronto será una estructura parecida al CES –Consejo Económico y Social- tiene sillas para casi 100 personas y es presidida, en teoría, por el presidente Sánchez Cerén.
Puertas adentro, este grupo de gente cree imprescindible el diálogo con las pandillas como medida clave para reducir la ola de la violencia. Puertas afuera, el concepto “diálogo con las pandillas” no es mencionado en ningún documento oficial.
Al ser consultado, el ministro de justicia y seguridad pública, Benito Lara, esquivó dar una respuesta en firme sobre si la herramienta del diálogo con pandillas será utilizada: 'Aún no se ha discutido a profundidad. Acuérdese de que la comisión la estamos creando... de todas maneras si son temas que salen los vamos a discutir en algún momento', comentó.
Tras más de 100 días de gobierno, y “una tendencia al alza en el número de homicidios”, según documentos que la misma mesa de Casa Presidencial consulta, las acciones para combatir la ola de violencia anunciadas por las autoridades de Seguridad Pública se resumen en una medida impulsada por gobiernos anteriores con otro nombre y una promesa en construcción que corre el riesgo de convertirse en otro “Consejo Nacional”.
La medida promocionada y en ejecución es la Policía Comunitaria, una iniciativa muy similar a las Patrullas de Intervención Policial en la Comunidad (PIP-COM) fundadas en 2000 y relanzadas como Policía Comunitaria en la administración de Mauricio Funes.
La promesa en construcción es la creación de una comisión nacional muy parecida a otras comisiones nacionales que funcionaron en el pasado. Un ejemplo, la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y Paz Social juramentada por el expresidente Antonio Saca el 1 de septiembre de 2006 o la Comisión Nacional de Diálogo por la Seguridad creada por el gobierno anterior.
El Faro tuvo acceso a los documentos de insumo de esta mesa. Uno de ellos es el resumen de lo ocurrido en la reunión de la mañana del jueves 28 de agosto. El ministro Lara; el secretario de Diálogo y Comunicaciones, Franzi Hato Hasbún; y el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, presidieron una mesa en que también estaban sentados empresarios como Rafael Castellanos, del directorio de Fusades; Antonio Cabrales, de la Fundación Humanitaria –también expresidente de Fusades-, y Fidel Chávez Mena, representante legal de la familia Kriete, accionistas de la aerolínea Avianca. Chávez Mena, canciller del gobierno de Napoleón Duarte sirvió como enlace con el sector empresarial que conforma la mesa. Asimismo, sentado a esa mesa estuvo Francisco Calleja.
Monseñor Gregorio Rosa Chávez asistió como representante de la Iglesia Católica y el obispo luterano Martín Barahona representó a la Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz (IPAZ), que representa aproximadamente a 70 iglesias del país.
La secretaría técnica de este consejo está conformada por delegados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA). El papel de ambas instituciones es documentar y organizar los resultados de cada discusión de este Consejo Nacional de Seguridad que según el plan del gobierno se montará oficialmente en los próximos días.
El documento que resume lo ocurrido en esa reunión detalla las propuestas del gobierno, la iniciativa de la Iglesia Católica y la intervención de IPAZ. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública propuso los siguientes temas: comunidades en riesgo, policía comunitaria, el programa de Reinserción “Yo cambio” de centros penales, el diálogo con las pandillas y la creación de un fideicomiso para financiar todas la medidas que salgan de esta mesa. Sí, el Ministerio de Seguridad propuso para la agenda el diálogo con las pandillas.
La Iglesia Católica, según dice el documento, explicó que “no se puede prescindir del diálogo con las pandillas”, y pidió “tomar en cuenta al grupo que venía anteriormente de la iniciativa de Perdomo”, conocida oficialmente como “Proceso de Pacificación Nacional del país” del que fueron protagonistas el padre pasionista Antonio Rodríguez, integrantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Iglesia Católica y miembros de la iglesia evangélica.
IPAZ, creada este año, presentó un documento formal que resume un Modelo de Pacificación. IPAZ pide en concreto, y de forma inmediata, “reestablecer el diálogo de las iglesias y la sociedad civil con las pandillas y entre las pandillas” y para ello, explica el documento, el Ministerio de Justicia 'debe facilitar visitas periódicas pastorales discretas y programadas a los diferentes centros penales para conversar en privado con los liderazgos de todas las pandillas y sus bases, incluyendo al sector de privados de libertad de origen común.”
Para afuera
En la sesión de finales de agosto, cuando este Consejo aún era desconocido públicamente, la frase “diálogo con las pandillas” era la más recurrente en los documentos de memoria, pronunciada por las autoridades y por los líderes religiosos. Sin embargo, en la presentación y en los documentos oficiales, elaborados y con los logotipos del PNUD y la OEA, y el del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de este gobierno, el concepto ha sido eliminado.
“Es que es un tema que siempre está ahí, pero creo que para todos es incómodo ponerle así”, explica un líder religioso que integra esta mesa y que habló con El Faro bajo de condición de no publicar su nombre.
Formalmente, como dice el documento en poder de este periódico en el que hay una presentación oficial de cara al lanzamiento de esta iniciativa, el Consejo estará integrado por empresarios, iglesias, alcaldes, partidos políticos, “personas con experiencia y/o especialización en el tema” y será liderado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Hasta el momento en las reuniones no ha habido representación de los partidos políticos, pero la idea es crear una especie de 'tregua entre partidos' que permita dejar fuera de la contienda electoral el tema de seguridad pública, para proteger el trabajo de la comisión de las zancadillas polítias. Está por verse si la oposición está dispuesta a renunciar a un flanco tan jugoso.
Aunque el documento habla de diálogo, la palabra 'pandillas' no es mencionada en las siete páginas en las que también se incluye como principio rector “un manejo discreto del proceso” en el que se pide abstenerse de hacer declaraciones públicas 'agresivas y negativas'.
Pandillas condicionan diálogo a participación de Mijango
El 28 de agosto, la Mara Salvatrucha, las dos facciones del Barrio 18, la Mao Mao, la Máquina, la Mirada Locos 13 y algunas agrupaciones de reos comunes, como La Raza, suscribieron su último comunicado público a la nación reafirmando su compromiso de reducir la violencia.
Entre los compromisos adquiridos se lee: “Renovación y reafirmación de los cinco compromisos iniciales: 1. Cesar todo tipo de hostilidades entre los miembros de pandillas. 2. Cesar acciones contra miembros y familiares de la FAES. 3. Cesar acciones contra miembros y familiares de la PNC. 4. Cesar acciones contra miembros y familiares de Custodios del sistema penitenciario, y 5. Evitar al máximo la generación de víctimas civiles, llámese motoristas, cobradores, pasajeros y otros.”
Esta es la última de una veintena de cartas públicas en que los pandilleros han dejado por escrito su voluntad de paz. El último párrafo del comunicado es un largo agradecimiento a los mediadores originales del proceso: Raúl Mijango y Fabio Colindres, a quienes no mencionan por sus nombres. “… queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los facilitadores de este Proceso de Paz, que desde sus inicios nos han exhortado a seguir adelante… les decimos que haremos todo lo posible para no fallar, pero también les recordamos, que esta es tarea de todas y todos los salvadoreños”.
Días después de publicar el comunicado, representantes de la MS-13 y de las dos facciones de la pandilla 18 accedieron a conceder una entrevista a El Faro y en ella ampliaron el contenido de ese agradecimiento. “Desde el momento en que decimos en el comunicado que les agradecemos es que ellos son parte de esto”, comentó el representante del ala Sureña de la 18. Enseguida el resto completó la respuesta admitiendo que su gesto de paz tiene por cláusula la participación de Mijango en el proceso.
Hasta el momento, los mediadores originales han sido apartados del proceso uno por uno: La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica ha nombrado como únicos voceros autorizados para hablar del tema a monseñor Gregorio Rosa Chávez y a monseñor Jesús Delgado y prohibió expresamente al obispo castrense, Fabio Colindres, involucrarse en el tema. Colindres ya había entrado en contradicciones con la jerarquía eclesiástica luego de que la Conferencia Episcopal lo desautorizara como representante de la Iglesia Católica. Sin embargo, Colindres se sabía respaldado por el anterior Nuncio Apostólico, es decir, el representante del Papa en El Salvador, Luigi Pezzuto, quien desde el inicio fue un entusiasta de la tregua.
En un principio parecía que había dos Iglesias Católicas: una, la invocada por Colindres y otra la blandida por la Conferencia Episcopal… hasta que Pezzuto terminó su misión en El Salvador en enero de este año y fue sustituido por monseñor León Kalenga. Pese a que el nuevo nuncio tuvo algunos gestos de acercamiento con Colindres, prefirió no conflictuar con la jerarquía local y respaldar a la Conferencia Episcopal en su decisión. Colindres buscó entonces el abrigo de la Iniciativa Pastoral Por la Vida y por la Paz, en la que concursaba a título personal y se convirtió en vocero de la iniciativa que aglutina a la Iglesia Episcopal y a decenas de grupos protestantes… hasta que recientemente fue advertido por sus superiores de que se abstuviera de participar o de pronunciarse sobre el tema.
El resto de gestores del proceso han sigo marginados de cualquier esfuerzo oficial de pacificación: el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública y actual titular de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, quien es, junto con Mijango, el diseñador de la tregua, incluso fue excluido por el presidente Sánchez Cerén del gabinete de seguridad y de cualquier debate sobre seguridad pública. Hasta el momento, ningún representante del gobierno ha convocado o entrevistado o dialogado siquiera con Mijango o con Lüers. Estos últimos fueron, ambos, miembros del FMLN durante la guerra civil. Mijango renunció del partido por diferencias ideológicas en 2001 y Lüers tiene años de haberse acercado a la derecha representada en el partido Arena y de ser un abiert simpatizante de ese partido.
Lara restó importancia al condicionamiento de los pandilleros: 'Ellos están en la libertad de decidir con quien quieren hablar. Ese no es un problema. Nosotros tenemos una estrategia y vamos a seguir con ella. La estategia nuestra no está sobre la base de personas sino sobre la base de políticas a implementar', zanjó.
Según el comunicado de los pandilleros, ellos redoblaron sus esfuerzos de reducción de homicidios a partir del 24 de agosto, y efectivamente hay una ligera disminución: los primeros 23 días de ese mes promediaron 11.7 asesinatos diarios y los últimos seis días 9.1. Sin embargo el promedio de los primeros ochos días de septiembre dibujan, de nuevo, una tendencia al alza con 10.3 homicidios por día.
Sobre el comportamiento de los índices de asesinatos, los pandilleros dejaron claro que el comunicado es un gesto de buena voluntad y no un compromiso con cifras concretas; estas, dicen, dependen de que los mediadores vuelvan a contar con las facilidades que originalmente les dio el gobierno para mediar en los conflictos. “Ahí nadie está diciendo que van a bajar los homicidios, vamos a trabajar en que eso baje… vamos a trabajar todos, a ver si vamos como antes, porque de marzo de 2012 a julio de 2013 todos los homicidios estuvieron bajos”, explicó el representante de la MS-13, haciendo alusión a la sensible reducción de muertes violentas, hasta en un 50 % que El Salvador experimentó entre esas fechas.
Aunque en el discurso el ministro Benito Lara se ha cuidado mucho de no cerrarse a sí mismo la opción de incluir a Mijango en el proceso, en la práctica no ha tendido ningún puente de comunicación con el mediador, quien dice albergar esperanzas de que el actual gobierno retome el proceso que él inició: “Hay claridad en cuál es la medicina en los discursos. Tengo la impresión que hay exceso de prudencia, pero hay una evolución positiva. Yo percibo movimiento lento, pero movimiento… (aunque) tengo la impresión que hay un exceso de prudencia que espero que no termine rayando en la cobardía”, comentó Mijango.
