Raúl Mijango, el principal negociador de la tregua entre pandillas auspiciada por el gobierno en marzo de 2012, denunció este lunes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al fiscal general, Luis Martínez, “por acoso y persecución política”. Mijango cree que las “actuaciones arbitrarias” del titular de la Fiscalía lo están dañando a él en un ámbito personal, pero sobre todo al proceso de diálogo con los líderes de las pandillas que promueve.
“En múltiples ocasiones la Fiscalía me ha señalado de una serie de delitos, pero nada de eso se ha judicializado, y lo único que se ha hecho es dañar mi honor y afectar el trabajo que yo desarrollo”, dijo.
Más allá del simbolismo de la denuncia (las resoluciones de la PDDH no son vinculantes), este episodio supone un giro de tuerca adicional en la tensa relación que ambos personajes han mantenido desde que el fiscal Martínez tomó las riendas de la Fiscalía, en diciembre de 2012. “Este fiscal, sin conocer del proceso, llegó de un solo a calificarlo de ‘tregua hipócrita’”, se quejó Mijango, y calificó como “actuaciones perversas” las desempeñadas por el fiscal en este tema.
A pesar de la belicosidad del discurso del fiscal Martínez contra la tregua y sus promotores, acompañadas incluso con filtraciones a la prensa dirigidas a dañar la imagen de los mediadores, en la actualidad no hay abierta ni una causa en la que Mijango esté siendo procesado, y el fiscal aún no ha aclarado qué delitos persigue en su investigación contra la tregua.
Con la denuncia, el exguerrillero y exdiputado dice querer sentar un precedente, para que ningún funcionario actúe más allá de lo que la ley le faculta.
Mijango se mostró también muy molesto por la posibilidad de que las declaraciones en contra del proceso amilanen a cualquier otra persona que crea que la solución al problema de violencia pase por dialogar con las pandillas: “No quiero permitir que se criminalice la acción civilizada del diálogo como una herramienta para buscar soluciones”.
De hecho, el mediador asegura que la agresividad del discurso del fiscal Martínez está permeando en los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, presentado con bombo y platillo a finales de septiembre por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
“La campaña (de la Fiscalía) tiene como propósito afectar al proceso en el que yo he participado, pero sobre todo afectar a todos aquellos que crean en el diálogo para buscar soluciones al problema de la violencia”, dijo Mijango, quien cree que esa es la razón por la que, hasta el momento, “el Consejo parece querer seguir haciendo lo mismo que se hizo durante 20 años y no tuvo resultados”.
Sobre el repunte en los homicidios de los últimos meses, lo atribuyó precisamente a que el Estado comenzara a obstaculizar el trabajo de los mediadores.
A juicio de Mijango, la tregua “sigue viva”, aunque, “después de los desatinos que se han cometido, al problema entre las pandillas se ha sumado el problema entre las pandillas y el Estado”, cuya expresión más violenta son la treintena de agentes de la PNC y el más de un centenar de pandilleros muertos en choques armados.
Pese al agravamiento de la situación de violencia, Mijango cree que no costaría que el país regrese a promedios de cinco o seis homicidios diarios, en lugar de los diez que se promedian desde enero. “Dando las facilidades que había, esto se resuelve en una semana”, dijo. Entre lo que él llama “facilidades”, la primera es que de nuevo le permitan entrar en los centros penales para dialogar cara a cara con los líderes de las pandillas.