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Sánchez Cerén pide al Instituto de Acceso que prohíba ingreso de público a la audiencia sobre viajes y gastos de publicidad

El apoderado legal del presidente de la República pide al organismo garante que, en contra de lo que establece la Ley de Acceso a la Información, se realice a puerta cerrada la audiencia oral programada para este miércoles 17 en que expondrán sus argumentos las dos partes en litigio: los ciudadanos que pidieron información sobre viajes del expresidente Funes y sus gastos de publicidad, y la Presidencia, que se rehúsa a darla.


Lunes, 15 de diciembre de 2014
Fátima Peña

La Presidencia de la República, que ya en el gobierno anterior contrarió la Ley de Acceso a la Información Pública cuando declaró bajo reserva la información sobre los viajes del presidente y sobre los gastos de publicidad, añadió la semana pasada una petición al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que este impida el acceso de particulares a la audiencia oral en que está previsto que se vean las caras los ciudadanos que han demandado esa información y los representantes de la Presidencia.

La Presidencia, en una carta al IAIP fechada el pasado martes 9 de diciembre y recibida por el Instituto el miércoles 10, también pide a los comisionados que garanticen que los medios de comunicación no divulguen el objeto de la discusión en la sesión de este miércoles 17.

Luis Javier Portillo se identifica en la carta como 'apoderado especial del Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén', y argumenta que dado que la información que se discutirá en la audiencia es de carácter reservado, es necesario asegurarse de que se impida que llegue a conocimiento del público. 'Con expresas instrucciones de mi mandante vengo a solicitar que en la audiencia se restrinja el acceso a los particulares, siendo que solo pueden acceder a ella la parte apelante y la apelada y sus representantes', dice Portillo.

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que la información sobre viajes de funcionarios y sobre gastos de publicidad es de carácter público. Es más, ordena que esa información se ponga a disposición del público sin necesidad de que alguien la solicite. En contra de lo que establece la ley, el gobierno de Mauricio Funes clasificó como reservada la información sobre el gasto publicitario de su gobierno y sobre sus viajes, y esto desató desde 2013 un litigio entre personas solicitantes de información y la Presidencia, que debe resolver el IAIP.

Consultada por medio de una llamada telefónica, una comisionada del Instituto aseguró a El Faro que el organismo garante del derecho de acceso a la información hará cumplir la ley en cuanto a que las audiencias son públicas.

El cambio de gobierno, el 1 de junio pasado, no supuso ningún cambio sobre las reservas de información. En el caso de los gastos publicitarios, el secreto se mantendrá durante siete años contados desde el 7 de mayo de 2012, justo el día en que la información 'oficiosa' debía publicarse. Pero, ese día, el secretario privado de Funes, Francisco Cáceres, declaró bajo reserva los gastos en publicidad.

Un año después de decidir ocultar los gastos publicitarios, la Presidencia declaró bajo reserva la información sobre los viajes de Funes, también para un plazo de siete años. El Faro reveló en julio pasado que Funes había realizado decenas de viajes durante su administración, muchos de ellos en aviones privados, incluida una aeronave del empresario Miguel Menéndez ('Mecafé'). El Faro también reveló los nombres de algunos de los acompañantes de Funes en esos viajes, que incluían a Mecafé y a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, a quien el gobierno de entonces entregó un pasaporte diplomático. Cuando El Faro preguntó al expresidente cuál era su relación con ella, puesto que hubo una petición de la Presidencia a Cancillería de entregarle pasaporte diplomático y además porque ella viajó también en alguno de aquellos aviones privados, se limitó a responder que no tenía por qué hablar de su vida privada.

En el caso de los millonarios gastos en publicidad, el argumento del gobierno Funes fue que si se revelaba montos y se identificaba a los conratistas, podía poner en desventaja competitiva a alguien. En el caso de los viajes, Funes argumentó razones de seguridad.

El IAIP debe resolver si ordena a la Presidencia liberar la información o si le da la razón al mantenerla bajo reserva. Para mientras, ha ordenado que se provea una copia de toda la información bajo litigio en tanto se llega a una resolución definitiva. Hasta ahora, la Presidencia ha incumplido los plazos, y ha alegado que la información está desperdigada en muchas instituciones y por eso es difícil compilarla.

El 4 de diciembre pasado, el IAIP fijó para este miércoles 17 la audiencia oral que dicta la ley para resolver apelaciones. Ese día deberían llegar, a las 2 de la tarde, representantes de la parte demandante (el Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción, ALAC) y representantes de la Presidencia. Después de esa audiencia, el Instituto decidiría quién tiene la razón, si quienes impugnan la reserva o el gobierno.

En su carta, Portillo menciona dos veces su pedido de que la audiencia se realice en privado, pero en la segunda ocasión agrega la petición de que se garantice que los medios de comunicación no informarán sobre lo que allí se discuta. “A ustedes pido: que se restrinja el acceso a los particulares a la audiencia oral, siendo que solo pueden acceder a ella la parte apelante y la apelada, y sus representantes. Además que ese Instituto garantice el carácter confidencial y reservado del objeto de la discusión, a efecto que no sea divulgada por los medios de comunicación, por empleados o funcionarios de esa dependencia y por particulares”.

Cuando tomó posesión, Sánchez Cerén prometió en su discurso hacer un gobierno con honradez y transparencia. Días después, anunció que la información que había sido reservada por el expresidente Funes estaba en estudio. Sin embargo, el 23 de julio, Casa Presidencial siguió negando la información de los gastos de publicidad y viajes con el argumento de que tiene reserva de siete años.

El artículo 82 de  de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el solicitante a quien alguna institución haya denegado la información solicitada podrá presentar un recurso de apelación ante el Instituto. Si el IAIP admite el recurso de apelación, según el artículo 91 de la misma ley, tanto el solicitante como la institución que ha negado la información serán llamados a una audiencia oral de carácter público.

El Instituto respondió al representante de Sánchez Cerén que decidirá sobre la petición de hacer una audiencia en privado solo después de pedir opinión a la parte demandante. El coordinador de ALAC, Roberto Burgos, dijo a El Faro que no están dispuestos a avalar una audiencia secreta. “Es una contradicción con la naturaleza de la transparencia tan hablada por el gobierno y es una contradicción con el derecho a la información de todos”, dijo.

Marcos Rodríguez, quien fue subsecretario de Transparencia en el gobierno de Funes y en la administración Sánchez Cerén tiene el cargo de secretario de Transparencia y Anticorrupción, dijo a este periódico que no conoce el caso. El Faro quería pedirle que valorara la petición del presidente Sánchez Cerén de que, contrario a lo que dicta la ley, la audiencia del miércoles se haga a puerta cerrada. Rodríguez acompañó desde su cargo de subsecretario de Transparencia el nacimiento, la redacción y la entrada en vigencia de la ley. 'Desconozco cómo funciona el mecanismo de quiénes pueden y quiénes no pueden entrar a las apelaciones', se excusó. 'Quien debe resolver eso es el Instituto”. 

En el Instituto, la comisionada Herminia Funes se plantó firme cuando El Faro le pidió, vía telefónica, que respondiera si atenderán el pedido del presidente Sánchez Cerén: “El Instituto respeta la ley y las audiencias son públicas. Cualquier institución nos puede pedir que reservemos todo, pero en el Instituto sabemos que las todas las audiencias son públicas”, recalcó.

La Ley de Acceso a la Información Pública cobró vigencia en mayo de 2011. Los primeros tropiezos de la ley los presentó el presidente Mauricio Funes, quien se convirtió en el primer gran violador de la normativa. Meses después de la vigencia de la ley elaboró un reglamento que incluyó causas para reservar información que no estaban contempladas en la ley. Asimismo, retrasó 15 meses la instalación del Instituto de Acceso a la Información esgrimiendo argumentos que no existían en la ley. Cuando, finalmente, juramentó a los comisionados del Instituto, este carecía de fondos porque el presidente tampoco incluyó en el presupuesto de la nación el presupuesto de funcionamiento del organismo.

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