En una economía de mercado los actores principales son varios, entre ellos los empresarios, el estado y los partidos políticos. El estado y los partidos políticos, a través de sus políticas y de la Asamblea Legislativa, dirigen, regulan y supervisan el mercado. Los empresarios son los responsables de que el mismo funcione, de invertir, de generar la riqueza, obtener sus ganancias y retribuirle a la sociedad por medio de impuestos.
Los partidos políticos, por medio de la Asamblea, aprueban leyes que regulan el mercado; sirven como ejemplos la Ley de Asociaciones Público-Privadas recientemente aprobada y el caso CEL-ENEL, que sirven para determinar quién controla el subsuelo nacional y qué ganancia se permite en un bien monopólico como el gas. También la Asamblea interviene en el financiamiento de la economía en la parte que le corresponde al estado. Es el caso de los préstamos internacionales, que el estado ha buscado porque son una vía de financiamiento favorable, aproximadamente unos cinco puntos por debajo de los intereses del mercado y con el doble de plazo de pago. Por eso es tan grave que no se aprueben los que están pendientes en el Asamblea. Muchos de ellos son para incentivar la economía: el de ciencia y tecnología para preparar recursos humanos, el de carreteras para proveer la necesaria infraestructura, el de turismo que generaría empleo y actividad económica, el de Bandesal que es una línea de crédito para microempresarios, etc.
Pendientes en la Asamblea están también otras leyes importantes para regular el mercado y su financiamiento. Las más importantes son la Ley de Responsabilidad Fiscal, con la cual se trata de fijar límites al endeudamiento del país, y las leyes para reformar el sistema de pensiones, responsable de casi la mitad de la deuda pública que se acumuló en el quinquenio pasado. Otra ley importante es la de agua: sin agua no hay empresa que funcione, pero para que esta se use racionalmente y dure es necesaria una ley que regule su uso.
También tienen una tarea clave en la economía los empresarios, especialmente los grandes empresarios. Ellos son los que deberían crear oportunidades, abrir mercados, invertir, ser creativos para poder ser competitivos, aportar valor agregado a sus productos y, sobre todo, crear empleos. También son ellos responsables de pagar, proporcionalmente a sus ingresos, impuestos.
Existen ejemplos positivos de aportes de los empresarios. Los supermercados Calleja, que están promoviendo a los agricultores nacionales, incorporándolos a sus redes de producción y distribución. La cooperación recién establecida entre empresarios y GOES para la ejecución de Fomilenio II. Aeroman, industria basada en la reparación y mantenimiento de aviones basada en el aeropuerto Monseñor Romero, que emplea mano de obra calificada y que al hacerlo aporta valor agregado importante a sus servicios.
Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los grandes empresarios han aportado poco a un desarrollo económico sostenible y más justo del país. Algunos ejemplos:
Las gremiales empresariales –ASI, ANEP– en vez de promover el desarrollo de nuestro recurso humano y de la tecnología para ser más competitivos, de abrir mercados internacionales, etc., se han convertido en voz de un partido y de una posición política.
Factor clave para que las empresas sean competitivas es la inversión en ciencia y tecnología. De acuerdo a datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) para 2009, las empresas de El Salvador contribuyen con apenas el 0,9% del gasto total en investigación y desarrollo, lo cual es muy bajo comparado con 27% de Colombia, 38% de Uruguay, 45% de Brasil y 37% del promedio de América Latina y el Caribe.
El promedio de impuestos en América Latina es del 21% pero en El Salvador es de cerca del 16 % del PIB, en contraste con Chile y Brasil, ejemplos de desarrollo empresarial, que tienen impuestos superiores al 35% del PIB. Sin embrago, todo nuevo impuesto que se ha introducido recientemente en el país ha enfrentado una recia oposición del sector empresarial.
La inversión privada nacional en los últimos años es muy baja. La tasa de inversión total promedio en El Salvador es del 15.5% del PIB, en comparación con el 22.1% de Centroamérica en conjunto. Desde 2010 la inversión ha caído un promedio del 14%.
El otro factor clave en la reactivación económica es el Gobierno. Al analizar cuáles son las tareas pendientes del estado debemos empezar por reconocer lo que las últimas administraciones han hecho: lo principal ha sido mantener una relativa estabilidad macroeconómica en medio de una crisis internacional muy significativa y de un proceso de cambio. Los gobiernos del FMLN no han cometido “locuras económicas”; se ha mantenido el dólar como moneda de curso legal, se ha buscado un acercamiento con el sector empresarial, no se han producido nacionalizaciones, desde el quinquenio pasado se ha reducido el déficit fiscal, se han reducido los conflictos sociales, etc.
Los gobiernos del FMLN han incrementado la inversión social y han abierto áreas en las que antes no se invertía o se invertía poco, como son las mujeres y la medicina preventiva y básica. Han estrechado relaciones con países de los cuales antes estábamos aislados como Cuba, India y China, mercados potenciales importantes.
Pero falta mucho por hacer. Falta mayor claridad en la visión estratégica. El modelo de desarrollo económico de El Salvador está basado sobre todo en el consumo y el comercio (20% del PIB) y es muy dependiente de los Estados Unidos (60-70% en importaciones o exportaciones, o en remesas, primer rubro de ingreso de divisas del país), de sectores de poco valor agregado (ejemplo son las zonas francas, donde principalmente vendemos mano de obra barata) o de poco respeto al medio ambiente.
La primera tarea importante, aunque de mediano y largo plazo, es cambiar ese modelo de desarrollo por uno de mayor valor agregado (más Aeroman, menos zonas francas), de mayor respeto al medio ambiente (sin casos como el de las baterías contaminantes y con más agricultura y energía limpia; con un Fomilenio II que promueva más las industrias locales y menos los grandes desarrollos turísticos), que busque nichos específicos (más turismo interno de nacionales, e industrias con tecnologías apropiadas) y que abra mercados nuevos a través del cuerpo diplomático, etc. Para lograr ese cambio debemos seleccionar proyectos basándonos en los criterios básicos de generación de empleo y capacidad de aportar valor agregado.
En el corto plazo, el Gobierno debe aprovechar el periodo de tres años sin elecciones que se abre después del próximo marzo para buscar, especialmente con los partidos políticos, consenso en los puntos ya mencionados: aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobación de los créditos internacionales pendientes, reforma al sistema de pensiones... También en el corto plazo el Gobierno debe mostrar capacidad de ejecución, siendo eficiente en el desarrollo del Plan Quinquenal y de las prioridades ya establecidas como Fomilenio II.
Obstáculos importantes para el desarrollo de las actividades económicas son la violencia y la inseguridad ciudadana. En este tema la responsabilidad recae fuertemente en el Gobierno, que ha iniciado algunas acciones clave como la participación ciudadana a nivel local, la creación del Consejo Nacional de Seguridad, etc... Pero falta mucho por hacer. Es de resaltar la necesidad de acabar con la impunidad, de terminar la limpieza de los cuerpos de seguridad, de dar seguimiento y asegurar justicia en los casos de los “peces gordos” por el significado que tienen a nivel nacional.
Por último, el desarrollo de una economía que sirva a la población mayoritaria y pobre es también una responsabilidad de estado. La economía que mueven los empresarios produce el gran beneficio de generar empleo, pero también se puede, y debe, promover una economía en que los empresarios sean los micro y pequeños y cuyos beneficiarios principales sean los más pobres del país. En esta área el estado debe jugar un papel diferente, más activo. Algunos ejemplos son el financiamiento a las MYPES, la incorporación de las MYPES a las cadenas de producción (ejemplos son la política pública de paquetes escolares y la iniciativa del Grupo Calleja), el desarrollo de la agricultura en pequeñas parcelas, y el desarrollo de la Zona Norte, donde existe una infraestructura básica poco aprovechada.
Debemos desarrollar una economía que genere mayor empleo, sea más eficiente y creativa, que agregue mayor valor y que beneficie a más personas. Se puede lograr. Es más: existe ahora una oportunidad para ello. Pero es tarea de todos. Especialmente de los empresarios, los partidos políticos y el Gobierno.
*Mauricio Silva es representante del Gobierno de El Salvador ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
