Por las implicaciones logísticas que conlleva abrir 2 mil 872 urnas que se utilizaron para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa en el departamento de San Salvador el 1 de marzo pasado y revisar voto por voto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amplió el plazo original que había emitido para ejecutar el recuento de votos y otorgó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) seis días más para que determine de una vez por todas quiénes serán los 24 diputados del departamento de San Salvador para el período 2015-2018.
La Sala emitió un comunicado este viernes en el que precisa los puntos de su resolución del martes pasado en la que ya ordenaba el recuento de votos de San Salvador, para diputados de la Asamblea Legislativa, en virtud de presuntas anomalías detectadas en el conteo definitivo de votos, un proceso que duró 20 días y que terminó el 25 de marzo.
La Sala admitió el martes 14 de abril cuatro recursos de amparo interpuestos por igual número de candidatos a diputados por el departamento de San Salvador de los partidos Gana, PCN, PDC y CD y ordenó contar, una vez más, los votos de esa circunscripción. Tuvieron que pasar 54 horas para que el Tribunal por fin tomara una decisión, pero no fue en el sentido de acatar la orden, sino de solicitar una aclaratoria este jueves.
Además de insistir en que debe ejecutar un recuento completo de todas las papeletas contenidas en las urnas que se utilizaron el 1 de marzo en el departamento de San Salvador, la Sala ha dado un plazo improrrogable para el recuento de votos hasta el 27 de abril. 'Dado que el TSE no ha dado inicio al recuento ordenado (...) y que la misma autoridad demandada manifiesta que “el plazo conferido sería insuficiente dada la falta de recursos humanos y materiales”, este Tribunal concede un nuevo plazo improrrogable (...) Ello en atención a las implicaciones logísticas propias de la medida cautelar ordenada', reza la aclaratoria de la Sala.
'Se insiste en el recuento total de las papeletas, por cuanto, como se sostuvo en la resolución cuya aclaración se pide, como consecuencia de este recuento que se ordena se podrían “provocar cambios en el número de votos válidos en dicho departamento, en el cociente electoral, los respectivos residuos, y por ende, en la asignación de escaños”, dice la Sala.
En su solicitud a la Sala el TSE había justificado su renuencia a acatar la orden diciendo que no tenía presupuesto suficiente para abrir nuevamente las 2 mil 872 urnas y revisar papeleta por papeleta. El recuento, decía el colegiado electoral, requiere diferentes recursos como personal capacitado, papelería, alimentación, pago de remuneraciones y horas extras, espacio físico, entre otros.
El Tribunal también preguntó a la Sala si debían incluir en el recuento los votos que cada Junta Receptora de Votos (JRV) calificó como impugnados y que si tendrían la potestad para reclasificar la validez de un sufragio, es decir, pasarlo de nulo a válido, y viceversa. La Sala insistió en su escrito este viernes que el conteo debe ser completo y que cada una de las papeletas será sujeta a reclasificaciones.
'El TSE está obligado a buscar todas las alternativas posibles, entre las cuales están el uso de su propio personal, apoyo de universidades, organizaciones no gubernamentales y cualesquiera otras instituciones que estimen conveniente', dice la Sala.
El Tribunal había pedido la aclaración con los votos de los magistrados Julio Olivo, Miguel Ángel Cardoza, Ana Guadalupe Medina y Fernando Argüello Télez. Ulises Rivas, magistrado que representa a la Corte Suprema, no firmó la petición.
Las dudas de los magistrados para aplicar lo ordenado por la Sala eran de índole económigo y logístico. 'Necesitamos 1.4 millones de dólares para el recuento', expresó Argüello Téllez a los medios de comunicación. La magistrada Medina declaró que había un remanente de 2 millones de dólares de las elecciones presidenciales de 2014 del cual podían echar mano.
El recuento de votos definitivo, el proceso que se desarrolló en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, empleó a casi mil personas que se distribuyeron en 59 mesas de trabajo. Para procesar los votos del departamento de San Salvador había 16 mesas.
El martes 14, el TSE entregó credenciales de autoridades electas a los diputados, y en el caso de la diputación 24, la misma le fue entregada al general retirado Mauricio Ernesto Vargas, un general de La Tandona, a quien la Fiscalía estadounidense ha dibujado, en juicios migratorios en aquel país, como un perpertador de abusos de derechos humanos. Este nombramiento como diputado, a partir de la resolución de la Sala, queda suspendido temporalmente.
La decisión de la Sala derivó de la admisión de los recursos de amparo de los candidatos Josué Alvarado, del PDC; Óscar García, del PCN; Erving Ortiz, de Gana; y Douglas Avilés, de CD, el cual mantuvo una cerrada disputa con el partido Arena durante en el conteo de votos definitivo para obtener la silla 24 de San Salvador.
La Sala emitió la orden de contar los votos nuevamente en base a resoluciones escritas de los propios magistrados del TSE en las que admitían que los votos en San Salvador no se habían contado de manera adecuada. Entre las anomalías detectadas por cuatro de los cinco magistrados del TSE está la consignación de actas con cero votos, el no conteo de votos preferentes, entre otras inconsistencias, las cuales quedaron plasmadas en los documentos con los cuales querían dejar firmes los resultados de las votaciones de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano.
