Si la premisa para entender a una institución parte del hecho de haber investigado y denunciado a esa institución, quizá sean muy pocos los que como Roberto Burgos conozcan tanto a la Fuerza Armada de El Salvador de la posguerra. El abogado Roberto Burgos fue parte del equipo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) que logró llevar a los tribunales internacionales casos en los que el principal acusado fue el ejército salvadoreño por acción, omisión o por obstaculizar la justicia. Él fue uno de los miembros del equipo que documentó el asesinato del empresario Ramón García Prieto (1994), para el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la Fuerza Armada obstaculizó la investigación. También trabajó en un caso que desnudó la arbitrariedad en el sistema de ascensos del aparato militar, pero también las amenazas y la persecución a la que fue sometido el denunciante. El caso del mayor Adrían Meléndez Quijano develó las decisiones arbitrarias que toma la cúpula del estamento militar, pero también el riesgo que corren aquellos que denuncian esas irregularidades. En ese caso, el denunciante y su familia fueron perseguidos y amenazado por denunciar que le bloquearon el ascenso a teniente coronel de manera arbitraria. 16 años después de la firma del paz, en el ejército todavía rondaban fantasmas que se presumían desaparecidos. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso pidió protección para el mayor debido a las amenazas en su contra y en contra de su familia. Un año más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a la Fuerza Armada a corregir su error, y el mayor (ahora coronel) pudo seguir escalando en la carrera militar.
En 2010, Burgos salió del IDHUCA y se convirtió en asesor de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, cuando esa oficina fue dirigida por la inspectora Zaira Navas. Duró un año en el cargo, y de esos pasajes recuerda las constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por policías, pero también aquellas que, erróneamente, las víctimas o sus familiares interponían ante esa inspectoría policial para denunciar a aquellos soldados que en los patrullajes conjuntos violentaban a ciudadanos indefensos. Burgos plantea tres riesgos en la Fuerza Armada. El primero tiene que ver con el hecho de que ni los soldados ni los oficiales graduados de la Escuela Militar están preparados para realizar labores de seguridad pública y ni siquiera han sido instruidos en doctrinas que velen por el respeto a los derechos humanos. Y el escenario se complica cuando esos mismos elementos no tienen a nadie que los vigile. 'Mi percepción es que la Inspectoría de la Fuerza Armada ha sido una figura decorativa', dice Burgos. El tercer riesgo, dice, es que no es cierto que la Fuerza Armada quiera ser controlada por el poder civil. La prueba, según él, fue aquel episodio de 2014 en el que el ministro Munguía Payés negó el acceso a sus archivos a un grupo de fiscales que investigaban un caso de tráfico de armas del ejército.
Este abogado hoy es Coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Funde, pero todavía desde esa instancia monitorea con peticiones de información cuáles han sido los avances o las negativas de la milicia en materias de transparencia y promoción de doctrinas de derechos humanos. Este abogado es graduado de la UCA en el 2000 y posee estudios avanzados de políticas de seguridad, defensa y contraterrorismo en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa con sede en Washington D.C.
Hace dos semanas El Faro publicó un reportaje en el que se narra un caso de desaparición forzada en el que cinco soldados y un sargento están acusados por la desaparición de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate. Burgos retoma este caso para hablar de los riesgos con esta Fuerza Armada, curiosamente potenciada por los dos gobiernos del FMLN.
La desaparición forzada es un delito cuya característica implica una práctica sistemática del Estado contra sus ciudadanos. ¿Cómo podemos entender este caso de Armenia en el que un sargento y cinco soldados están siendo juzgados por la desparición forzada de tres jóvenes?
¿Qué es lo que convierte un delito como este en una práctica sistemática por parte del Estado? En primer lugar, hay varios aspectos. El aspecto más simple sería el cuantitativo ¿cuántos casos han ocurrido? De pronto si decimos que solo ha ocurrido un caso que involucra a varias personas, parecería que no está reflejado en todo el país, entonces sería una práctica que no es sistemática. Todas comienzan con un caso, pero para ser calificadas como sistemáticas debe evaluarse la conducta de las autoridades encargadas de prever o de evitar que esto ocurra.
¿El problema es que un caso se repita hasta hacerse común?
Hablamos del perfil del victimario: ¿quién fue el responsable de esta desaparición? En el presente caso estamos ante un sargento que, al menos en el ejército o en el ejército occidental, se puede considerar como suboficial, o un oficial no comisionado. Es el nombre doctrinario, alguien que no es de la academia pero tiene un mando sobre la tropa y tiene disponibilidad de medios para cumplir las órdenes que se le asignan. Es decir, puede pedir vehículos, armamento, apoyo... entonces es un perfil con poder militar y autoridad sobre un grupo operativo de soldados.
Pero es una patrulla. No todo el ejército.
Eso también nos lleva a preguntarnos si es una práctica sistemática. ¿El resto de mandos de la Fuerza Armada podrían cometer esta clase de delitos? ¿Están preparados para no cometerlos? ¿Conocen ampliamente y están sensibilidades sobre el tema de derechos humanos de la población y los límites a su poder?
¿Usted qué cree?
Ahí entra el tercer aspecto. El perfil de los mandos de la Fuerza Armada y la cantidad de personas a las cuales le puede ocurrir. También hay que valorar cuál es el comportamiento posterior de las autoridades estatales. ¿Colaboran con investigación? ¿Ponen a disponibilidad de las víctimas y de las autoridades judiciales la información disponible sobre lo ocurrido ese día, o no?
En este caso no.
Es decir, si aquí se da esta serie de elementos: si el que comete una desaparición forzada tiene poder sobre una operación; si desconocemos el nivel de sensibilidad interna sobre la situación de derechos humanos y límites de poder; si estamos frente a un sargento que nunca fue depurado de la Fuerza Armada (tiene 25 años de estar de alta y obviamente vio en el conflicto como se daban esta clase de conductas)... y finalmente uno se pone de manera transparente a dar información a disponibilidad de los familiares de las víctimas, estamos al menos ante un riesgo evidente de que esto pueda convertirse en una práctica sistemática en las fuerzas armadas.
En este caso el ejército ha defendido al sargento y sus cinco soldados.
Han gozado de la asistencia legal del Ministerio de Defensa Nacional. No podemos negar que tengan derecho a una defensa letrada o técnica y que se presuman inocentes como lo establece la Constitución. Como derecho de cualquier persona, tienen derecho a un debido proceso, pero a mí en lo personal me parece bastante arriesgado que la Fuerza Armada ponga a disponibilidad de los presuntos victimarios una serie de medios de defensa.
¿La actitud de defender a sus elementos es un mal síntoma que puede indicarnos que este delito puede convertirse en práctica común?
A mí me preocupa y potencialmente puede ocurrir una violación sistemática de derechos humanos por parte de una gran cantidad de elementos militares desplegados en todo el territorio en tareas de seguridad pública, que no son tareas para los cuales estén entrenados y preparados.
Otra forma de preguntarnos. ¿El ejército desplegado en el territorio realizando tareas de seguridad pública puede convertirse en la máquina de represión similar a la de la guerra?
Hemos pasado agradeciéndole a la Fuerza Armada de manera constante por haber sido una institución ejemplar en la firma de los Acuerdos de Paz. Se ha creado un ideal alrededor de la Fuerza Armada de cómo ha sido capaz de ser una institución disciplinada que cumplió con los Acuerdos de Paz, cuando lo único que hizo la Fuerza Armada era hacer lo que siempre tuvo que hacer. Desde la constitución de 1950 se reconocía que el papel de la Fuerza Armada tenía otras competencias que ahora se le han eliminado, como por ejemplo garantizar el relevo en el poder, la erradicación de ideas exóticas o extrañas... casi que era una Fuerza Armada anticomunista, pero ahora sirviendo a un excomandante guerrillero que se llevaba con los comunistas. Eso es un buen símbolo, pero en realidad no debemos agradecerle a la Fuerza que haga lo que le corresponde hacer.
Dice que le estamos dando las gracias por no seguir reprimiendo, torturando o desapareciendo gente.
Yo siempre he sido bastante crítico con ese ideal de agradecimiento. En primer lugar, el sistema educativo de la Fuerza Armada ha cambiado muy poco, aunque se creó gracias a los Acuerdos de Paz un Consejo Académico conformado por civiles que tiene su sede en la Escuela General Capitán General Gerardo Barrios.
Es el Consejo Académico encargado de evaluar los planes de estudio de las academias de oficiales. ¿El Consejo Académico no permite a los civiles regular y controlar la educación que reciben las nuevas generaciones de militares?
Una de las aspiraciones de los firmantes de los Acuerdos de Paz, y también de la sociedad salvadoreña, era la de ponerle fin a los graves abusos de derechos humanos que se cometían en El Salvador, imputables en su mayoría a los antiguos cuerpos de seguridad y a unidades militares caracterizadas por su movilidad, poder de fuego y control poblacional. Para lograr este objetivo, era fundamental crear un nuevo tipo de educación para los mandos militares, una vez que se garantizara por supuesto la depuración de los peores elementos señalados por sus conductas aberrantes, tanto por la ONU como por la OEA y diversas organizaciones de la sociedad civil de entonces. Es así como se diseñó un nuevo tipo de organización de los planes de estudios militares, tanto a nivel de formación de oficiales, como de especialización de estos en los diversos centros militares que a finales de la guerra estaban concentrados en el “Centro de Estudios de la Fuerza Armada” (CEFA) y ahora “Comando de Doctrina y Educación Militar” (CODEM).
¿Qué papel juega entonces el Consejo Académico en la educación de los nuevos oficiales ?
Para el diseño del nuevo currículo de estudios y para ejercer un control sobre la forma es que se desarrollaban estos en la Escuela Militar, se formó un Consejo Académico que por vez primera reunió a civiles y militares enfocados en la tarea de hacer funcionar el nuevo sistema educativo militar y en los que el pluralismo político y la competencia profesional debía ser la característica común. Con el paso de los años, sin embargo, la composición de este Consejo Académico ha sido controlada en mayor medida por los miembros militares del mismo, dejando en evidente minoría a los civiles, y dejando la educación militar, cada vez más, como un tema propio de los miembros de dicha profesión; con poca o nula vinculación con el resto de centros de estudios que existen en el país, pese a que el desarrollo de la cultura era una de las líneas base de la nueva doctrina militar nacida en la posguerra.
El Consejo Académico de la Escuela Militar se rige por su propio reglamento interno, aprobado en 1994. Este le da al Presidente de la República la autoridad para controlar sus funciones y composición. Los miembros de este Consejo desarrollan sus atribuciones por un período de dos años y pueden ser reelegidos. La principal atribución del Consejo es aprobar los planes de estudio para candidatos a oficiales, vigilar los procesos de admisión a la Escuela Militar y velar porque la doctrina militar aprobada desde el primer Plan Arce 2000 y en sus actualizaciones, se vea reflejada en la educación militar que se imparte. Roberto Burgos dice que vale la pena hacerse algunas preguntas incómodas sobre cómo evalúan los miembros de este Consejo la efectividad de sus atribuciones, luego de los casos de violaciones a derechos humanos en los que se han visto envueltos cadetes y oficiales. Cuando habla de preguntas incómodas se refiere a las muertes de cadetes (el caso del cadete Erick Peña Carmona, quien murió en 2001 a consecuencia de unos golpes recibidos por otros cadetes en un castigo militar que se presuponía prohibido). O el caso del ahora Coronel Meléndez Quijano, a quien se le persiguió y amenazó por haber denunciado que le negaron un ascenso de manera arbitraria, durante la gestión del ex ministro Otto Romero; o el caso por desaparición forzada que involucra a una patrulla de alta en el Departamento de Sonsonate.
¿Podemos decir que la doctrina militar de la Fuerza Armada tras la firma de la paz sirvió únicamente para quitarle el rol de 'supra institución' que la ponía por encima de las demás instituciones?
La nueva doctrina militar le dio “sustento institucional” a los cambios que los mismos Acuerdos de Paz le dejaron al país: una institución menos deliberante, la eliminación de los antiguos cuerpos de seguridad, la supresión de las unidades de inteligencia militar, de las defensas civiles y la depuración de los oficiales directamente involucrados en los más sonados casos de violaciones de derechos humanos. En todo caso, la eliminación del “militarismo” en la sociedad salvadoreña, entendido este concepto como “la preeminencia de lo militar en una sociedad”, ha sido un proceso fallido, interrumpido. Han sido los que más lucharon contra esta herencia histórica los que le devolvieron su actual vigor, me refiero a las dos administraciones del partido en el gobierno, que devolvieron a la Fuerza Armada su carácter protagónico en temas de seguridad pública, inteligencia y ahora en la represión del delito. El despliegue militar en tareas propias de la PNC se ha convertido en la regla y no en la excepción. Si le sumamos a este panorama tan delicado el incremento de señalamientos por violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada o la tortura, ya tenemos para preocuparnos y hacer nuestros mejores esfuerzos para evitar el descalabro que han tenido los ejércitos de México y Colombia en esta clase de tareas que no son de su verdadera competencia.
Se supone que el Plan Arce 2000, que es en el se enmarca esta serie de cambios, sirvió para inculcar nuevos valores.
Esta nueva Fuerza Armada con nueva doctrina estaba limitada a inculcar a los militares el respeto a las sociedades civiles, el sometimiento a las autoridades de todo tipo, un nuevo rol que era limitado a proteger la soberanía interna y externa y además de eso el respeto a los procesos políticos electorales. Ya no era árbitro de la asociación presidencial.
De llenar urnas y matar gente… Eso es cambiar.
Pero el sistema educativo cambió muy poco y prueba de eso son algunos abusos que se han dado dentro del mismo: el asesinato de cadetes dentro de la Escuela Militar, algunos incluso con el mismo método, ahogados en la piscina de la Escuela Militar, abusos en algunas prácticas de campo, secretividad en la forma en que se sancionan a los oficiales responsables de esta clase de hechos, enjuiciamientos únicamente a oficiales de nivel medio e inferior y nunca a oficiales de nivel superior y que ha tolerado el endiosamiento de algunas figuras como el Coronel Monterrosa, Barrios y otros responsables de grandes violaciones de derechos humanos.
Y se sigue reverenciando la memoria del extinto batallón Atlacatl, responsable del caso jesuitas y del Mozote.
No se olvide que tuvimos un ministro de Defensa que en plena graduación de la Escuela Militar honró al presidente Saca entregándole un busto del Coronel Monterrosa. Es decir, podríamos nombrar una serie de actos aislados que no se les prestó atención en los últimos años y que demuestran que el sistema de educación e ideario militar sigue siendo casi el mismo.
¿Sabe qué tipo de estudios reciben los oficiales del ejército tras la firma de la paz?
El contenido de los estudios militares nunca ha incluido temas como una lectura crítica del papel de la Fuerza Armada en el conflicto armado, un análisis real de la responsabilidad en las violaciones de derechos humanos. Pero el gran ausente en el sistema educativo de la Fuerza Armada es el tema de la Corte Penal Internacional, el estatuto de Roma y la responsabilidad del Estado en el comportamiento de sus fuerzas militares en los conflictos internos y externos.
¿Hay al menos un reglamento o documento que contenga normas sobre respeto a derechos humanos?
Aquí se preparan Fuerzas de Paz, pero no se estudia la Corte Penal Internacional. Incluso en el 2005 con el apoyo de la Unión Europea se hizo el manual de derechos humanos para las Fuerza Armada, que fue creado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a cargo del licenciado Roberto Cuéllar, pero la única institución que no utilizaba el manual para derechos humanos en Centroamérica era El Salvador.
El manual era para Centroamérica y El Salvador no lo utiliza. ¿Por qué?
Sí, y no se utilizaba porque el general Otto Romero, Ministro de Defensa (durante la administración del presidente Antonio Saca) rechazó el manual porque incluía el tema de la Corte Penal Internacional como uno de sus últimos capítulos. Entonces ve usted que eso no ha cambiado.
¿La obligación del uso de ese manual era vinculante?
Bueno, participaron militares de toda Centroamérica y se había invertido tiempo y dinero, y podemos decir que no era vinculante, pero era lógico que al final de ese proceso se tuviera un manual y que se iba a usar en todas las academias militares del país.
¿Hubo algún argumento para no utilizarlo?
Yo pude constatar que se usaba en todas las academias militares de Centroamérica, pero en el caso de El Salvador la explicación que se dio en su momento, porque en el IDHUCA éramos observadores de las reuniones de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), era que no se utilizaba porque estaba el capítulo de la Corte Penal Internacional y no era del agrado de la cúpula militar.
¿Hay un documento en el que la autoridad militar desarrolle por qué se niega a utilizar el manual y a rechazar el capítulo de la Corte Penal Internacional?
En el año 2005 durante la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CEFAC), en Managua, se presentó por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos el entonces nuevo “Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas de Centroamérica”. Luego de este evento, en el que participó el entonces Subjefe del Estado Mayor Conjunto, la de El Salvador era la única Fuerza Armada que no utilizaba el mismo en sus centros de enseñanza. Se pidió una explicación al respecto a oficiales relacionados con la enseñanza militar, y la respuesta fue el rechazo del Ministro de Defensa de la época al desarrollo del tema de la Corte Penal Internacional entre el cuerpo de oficiales salvadoreños.
¿La respuesta se la dieron a usted?
Yo no cuento con una explicación oficial al respecto, pero en una petición de acceso a información pública formulada hace dos años, en la que se indagaba sobre la educación en materia de derechos humanos en el sistema de enseñanza militar, era evidente la preeminencia de temas de derecho internacional humanitario, sobre otros como las implicaciones institucionales en materia de derechos humanos durante la pasada guerra civil, o los procesos contra oficiales militares ante las jurisdicciones internacionales de derechos humanos. En estos temas, la Fuerza Armada salvadoreña sigue aferrada a manuales y documentos de hace cuarenta años, pese a que desempeña tareas de mantenimiento de la paz en varias zonas del mundo.
Sigamos hablando de la actitud de la Fuerza Armada en tiempos de paz. Hay un reconocimiento oficial de que se cometieron atrocidades en la guerra, pero no sabemos quién hizo qué y a quién se lo hizo.
La colaboración de las Fuerza Armada en cuanto al facilitar el combate contra la impunidad en todos los casos de El Salvador que tiene la Corte Interamericana ha sido muy poca o casi nula. Ejemplo: está el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, el Caso jesuitas, la masacre de El Mozote, la Masacre Las Hojas… La Fuerza Armada siguen negando de manera sistemática el acceso a los archivos militares que permitirían identificar a los responsables de los hechos que mencionaba, y que permitiría que las investigaciones realizadas por la Comisión y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos permitirían procesar, sancionar y eventualmente reparar a los familiares de las víctimas de estos oficiales militares que abusaron de su poder en el pasado.
En los gobiernos de derecha se negaba la existencia de los desaparecidos o, en el común de los casos, se ignoraba las resoluciones. En los gobiernos de izquierda hubo un reconocimiento, pero la reparación está ocurriendo lenta y a cuentas gotas. ¿A eso se refiere?
Me refiero a que la Fuerza Armada siempre ha alegado la pérdida de archivos, la destrucción de los mismos… no tiene las nóminas de los oficiales del batallón Atlacatl, no tienen diarios de guerra que permitan conocer en qué lugares estaban las unidades desplegadas en determinados momentos. Han perdido los partes militares, no hay certificados de las misiones asignadas, no hay nada. Siempre ha negado todo y nunca ha facilitados los documentos.
¿Entonces no es tan válido decir que la Fuerza Armada es la institución que más ha cumplido los acuerdos de paz?
Es un mito decir que es la institución que más ha cumplido con los Acuerdos de Paz y se ha transformado.
¿Qué evidencias hay de esto?
Además de la poca colaboración en casos de violación de los derechos humanos, y los nulos cambios en el sistema educativo, excepto tener un consejo académico, está también el aspecto de las figuras delictivas que se siguen utilizando en el interior. La ley de la carrera militar ha sufrido muy pocos cambios en lo que respecta a las responsabilidades para el cambio de cuerpos oficiales en materia de conducción, de violación de derechos humanos de sus tropas. Los fiscales militares siguen siendo elegidos desde el ministerio de la Defensa. Los tribunales de las jurisdicciones militares siguen conociendo de casos de delitos militares, pero también siguen siendo casi manejados desde el Ministerio de Defensa Nacional. Hay muy poca independencia. No hay vigilancia civil con respecto a la cúpula militar de la cartera de defensa nacional.
¿Se refiere únicamente a los delitos militares?
Sí, los tipos de delitos militares que se juzgan por excelencia son por subordinación, deserción y en algunos casos el incumplimiento de obligaciones militares propias, cuido y mantenimiento de equipos militares, provocar la indisciplina entre las filas, etc. La jurisdicción militar está para juzgar delitos militares exclusivamente como los que le menciono.
¿Podemos decir que todos tenemos la culpa de que el ejército se mantuviera en una blindado ante una sociedad que no lo vigiló?
Después de los Acuerdos de Paz, la comunidad internacional y el grupo de países amigos que impulsaron la negociación, le abrieron a la comunidad civil un espacio que nunca se había tenido quizás en la historia de la República, gracias a los recortes al aparato militar, para retomar el control de sus ejércitos. Eso tenía que pasar previamente por un proceso de depuración, como se intentó hacer aquí en El Salvador.
¿Fue exitosa la depuración del ejército que se hizo tras la guerra?
Recordemos la comisión AD HOC en el cual hubo gente tan eminente como el Dr. Abraham Rodríguez y recomendaron la depuración de una gran cantidad de oficiales del ejército precisamente por su implicación en graves violaciones de derechos humanos. Un proceso que se inició con éxito desde mi perspectiva, una ley de amnistía que todos sabíamos que era inconstitucional y que permitía la impunidad, que sigue sujeta a examen. Ese proceso avalado por la comunidad internacional, y con el fin de la guerra fría, esas fuerzas armadas sometidas por primera vez al poder civil era un proceso que tuvo que haber sido vigilado y continuado por el liderazgo político civil de cada país. Es decir, los presidentes de la república a través de los ministros de defensas nacionales civiles tenían que haber garantizado que las Fuerzas Armadas se modernizaran en este aspecto.
Entiendo que tras la firma de la paz se depuró al 50 por ciento de la Fuerza Armada. ¿Usted cree que no fue suficiente con la desmovilización de cinco Batallones de Infantería de Reacción Inmediata y de 22 batallones de infantería, de las Patrullas de Defensa Civil?
La depuración no fue ni transparente ni completa. Se concentró en los elementos de tropa y es de sobra conocido que oficiales de las promociones graduadas en los años sesenta como la responsable del asesinato de la comunidad jesuita de la UCA en 1989, no solo se retiraron con honores de la institución, sino que además continúan impunes y en algunos casos hasta haciendo negocios con el gobierno y algunas alcaldías. La depuración en las filas militares debe ser un proceso permanente. La Inspectoría de la Fuerza Armada debería dar a conocer sus funciones, el cumplimiento de metas, si es que las tiene, y facilitar la denuncia contra aquellos militares que incumplan la ley o abusen del poder conferido. Si se permite otra vez el comportamiento de “casta” en el estamento militar, repetiremos un error histórico que ya hemos pagado muy caro como país en el pasado. Depuración, profesionalización y separación de los militares de las tareas de seguridad pública deberían ser prioridades permanentes.
¿Cómo describiría el comportamiento de la Fuerza Armada en tiempos de paz?
Solo recordemos los comportamientos de los presidentes en la postguerra. Recuerdo que el ex presidente Antonio Saca andaba visitando las tropas uniformado de militar, las que estaban como batallón Cuscatlán en Iraq. Pocas veces he visto imágenes tan ridículas del comandante general de la Fuerza Armada disfrazado de militar. Recordemos también al diputado Gallegos, disfrazado de militar en Iraq, y peor aún, las recientes ceremonias en que el Presidente Sánchez Cerén, en 2014, recibe de Munguía Payés el bastón que lo reconoce como comandante y jefe de las Fuerza Armada y que garantiza la subordinación del ejército. Ese mandato se lo dimos la sociedad civil con los votos. Él quedó investido desde el momento que gana las elecciones y toma posesión el 1 de junio. No necesita un bastón de mando entregado por un ministro de defensa de dudosa reputación, que lo convierte automáticamente en mando militar, y además le obsequia, algo que hay que preguntar cuánto costó, un óleo para inmortalizar el momento que es “ungido como comandante en jefe”.
Esos son símbolos. ¿Qué otros elementos nos demuestran que la Fuerza Armada no evolucionó lo suficiente?
O sea, todos esos círculos del poder y además la impunidad de la Fuerza Armada como las compras de armamento, los procesos de licitaciones en compras alimentación, calzado, equipo deportivo, equipo de comunicaciones, la forma en que se reparten los cargos diplomáticos en el exterior. Es decir, procesos en los cuales el mando civil está totalmente exento. Se ha creado un nicho de poder al que yo le llamaba, precisamente de un artículo de El Faro, la quinta frontera: como que en El Salvador hubiese cinco fronteras y en el centro está el Estado Mayor y la prueba de esto fue que el 30 de mayo del año pasado, la Fiscalía intenta ingresar con el relevo presidencial al Estado mayor e investigar el tráfico de armas, y las autoridades militares le impiden a la Fiscalía, con orden judicial, ingresar y hacer su trabajo. No podemos saber lo que pasa allá adentro, aún cuando hay una Inspectoría…
¿Entonces para qué sirve la Inspectoría?
Hasta ahora ha sido una figura eminentemente decorativa. Yo formulé una petición de acceso a la información pública a raíz de unas denuncias que están proliferando de jóvenes desaparecidos y se señala a elementos militares responsables de esto. En mi petición preguntaba cuántos casos de desaparición forzada se han investigado en la inspectoría de la Fuerza Armada durante 2014 y la respuesta fue que ninguno. Mi percepción es que la Inspectoría de la Fuerza Armada ha sido una figura decorativa y si usted hace una revisión histórica en los medios de comunicación del país, ya desde el fin de la guerra civil, la Fuerza Armada estaba cumpliendo tareas de seguridad pública en aquella época para proteger las cosechas de café, planes como “El Caminante”, “Grano de oro”, y otros, eran planes de seguridad pública en el interior del país, muy relacionadas con la cosechas de café. Ahora no es que la Fuerza Armada la hayan sacado, es que nunca volvió a los cuarteles.
Su hipótesis es que la Fuerza Armada nunca volvió a los cuarteles.
Por eso es que al Ministro de Defensa, en una entrevista reciente por TV, decía “es que es muy difícil cumplir esta tarea porque necesitamos más leyes especiales que nos den más libertad”. Es decir, a él le estorba la estabilidad laboral de funcionarios públicos porque dice que es muy difícil darle de baja a un oficial. Le estorba la investigación del delito porque no podemos entrar a chocar con las pandillas porque ahí están los que investigan la escena del crimen y no podemos pasar por ahí. Y, además, le estorban los derechos humanos porque protegen a los pandilleros. Es decir, a este señor le estorban todas las garantías constitucionales.
Y ahora tiene más protagonismo.
La Fuerza Armada nunca se retiró de las tareas de seguridad pública. Lejos de ello ha sido una justificación para retomar el papel de relevancia política que alguna vez tuvo de manera ilegítima. El ministro de defensa y los comandantes de los cuarteles era una fuente obligada para una nota de prensa sobre la situación del país. Ahora hemos vuelto a hacer lo mismo con un Ministro de Defensa que un tiempo se convirtió en Director de la policía, Ministro de justicia y seguridad y luego Ministro de Defensa Nacional... y nadie sabe cuándo esta persona se va a retirar, nadie sabe cómo está todo eso de los ascensos de la Fuerza Armada. Hay todo una escala de ascensos que está siendo obtenida por una cúpula que nunca se retira.
Tiene elementos que sostengan el papel decorativo de la Inspectoría ¿ha investigado más sobre el papel que tiene?
No, pero lo vamos a hacer. Le puedo hablar de un elemento que me parece importante. Desde hace 10 años hay grupos en conjunto de policías y Fuerza Armada y las inspectorías nunca se han coordinado. Yo trabajé en ese programa de la PNC y jamás tuvimos comunicación con la inspectoría de la Fuerza Armada. Nadie sabe qué hace.
Usted trabajó en la inspectoría de la PNC. ¿Tuvo conocimiento de denuncias de abusos de derechos humanos por parte de esta institución?
Sí. Había policías que informaban en su momento sobre abusos que hacían militares que los acompañaban. Recuerdo particularmente algunas informaciones sobre jóvenes que habían sido amarrados por personal militar, jóvenes a quienes se les había apuntado con fusiles de asalto solo por estar en el techo de sus casas. También sobre el ingreso de personal de la Fuerza Armada a hacer cateos a casas sin una orden judicial, además de que no son la autoridad encargada de eso, sino la PNC, pero se veían como hechos aislados que preocupaban, que no habían proliferado en el 2010 cuando estuve yo ahí, pero ya se escuchaba que estaba ocurriendo.
¿Y qué pasó con esos casos?
Eran denuncias muy puntuales. Padres de familia presentaron denuncias a la inspectoría de la PNC, pero como eran abusos arbitrarios de personal militar se remitía a la inspectoría de la Fuerza Armada y ya no sabía qué destino tenían estos casos. Y no había acompañamiento ni nada por el estilo. Solo investigábamos sobre los abusos sobre miembros de la corporación, no de personal militar. Por eso insisto: ya que hay grupos de tareas y cooperación y coordinación en el terreno y andan juntos, ¿cómo es posible que no se esté coordinados y comunicados?Deberían de estarlo, hasta es una materia de inteligencia nacional, ¿quién vigila los que están en el terreno? ¡Nadie! La Inspectoría no anda ahí, la Procuraduría de Derechos Humanos no puede andar ahí porque peligran. Nadie anda ahí, nadie sabe. La gente tiene miedo de denunciar, la Asamblea no tiene una comisión parlamentaria seria que investigue y se mueva en el terreno...
¿Qué tendría que pasar para que existiera un control? Como usted dice, no sabemos qué pasa en el terreno ni dentro de la Fuerza Armada.
Mire aquí estamos ante un panorama bien difícil, porque en primer lugar el Estado como tal está amenazado. Hay algunos autores que han estudiado mucho este tema. Aquí estuvo un abogado chileno que se llama Andrés Domínguez Vial, y siempre insistía que para hablar de seguridad en un país debe estar garantizada la seguridad de las autoridades, la seguridad de las personas y las instituciones y la seguridad de las transacciones. Aquí en El Salvador no está seguro nadie: las autoridades están amenazadas porque matan a militares y policías, mucho menos la gente, las instituciones son dudosas y las transacciones no están seguras por las extorsiones.
Hay pandilleros matando policías y la policía es protagonista del 30% de las 431 muertes regitradas en marzo.
Lo que quiero decirle es que si no hay controles para mejorar el panorama, la medicina puede ser peor para la enfermedad, sobre todo en un país que no ha sanado las heridas del pasado y que la impunidad es un problema real. Todavía están en impunidad los problemas del pasado ¿cómo vamos a enfrentar los actuales? Para mí solo hay dos medicinas concretas: prevención y represión.
¿En qué sentido?
Prevención para una formación adecuada que va a ser desplegado en tareas de seguridad pública, particularmente para los militares, porque los policías se supone tienen formación en derechos humanos y pasan más filtros para poder ingresar. Y represión, en el sentido de que un militar cometa un abuso tiene que ser reprimido y dado de baja.
No es un problemas de reformas legales. ¿En la ley está establecido el castigo a malos elementos de Fuerza Armada?
Sí, en las leyes de la carrera militar y en las leyes disciplinares establecen cómo se va a ejercer el mando, como se van a tratar a las personas…
Es un problema de funcionarios que no aplican los recursos que tienen.
El problema es aplicación del marco legal que tenemos. Es que mire, cuando la gente habla de fortalecer más las instituciones, creen que es darle más dinero. No. Se trata de que lleven a la práctica los valores que justifican su existencia. ¿Para qué está un juzgado militar? Para juzgar militares. ¿Para qué está una inspectoría de la Fuerza Armada? Para andar vigilando qué hacen los militares, no estar esperando que le lleven casos al escritorio, debe haber más proactividad. Si trabajan militares y policías juntos, ¿cómo es que las inspectorías no se hablan? ¡Eso es inconcebible! O hagamos una sola, entonces. Si se van a desplegar tres batallones de reacción inmediata, ¿cuál es la unidad de investigación disciplinaria que se va desplegar con ellos? La policía tiene su unidad disciplinaria en cada despliegue, que son dos o tres policías que redactan informes y procesan las denuncias.
El inspector de la PNC ha llegado a decir que estamos en una guerra.
¡¿Y el ejército?! El ejército no está preparado para las tareas de seguridad pública, por eso no tiene unidad de investigación disciplinaria, no tiene códigos de detención de personas, conocimiento de los derechos de las personas detenidas, no tienen conocimiento ni de los derechos de las víctimas. La Fuerza Armada están para eliminar al enemigo externo, no para capturar. Para ser más claro, están para matarlo pues, un militar debe saber matar a su enemigo rápido y dejarse matar para que la sociedad tenga soberanía y paz, para eso es un militar.
Es decir que no sirvió de mucho a sentencia de la Sala de lo Constitucional que destituyó al general Payés y su gente en los principales cargos del Ministerio de Seguridad y la Policía. ¿La seguridad pública está militarizada?
Yo creo que está militarizada. Se ha militarizado la seguridad pública. Cuando después de los Acuerdos de paz la seguridad pública debía estar a cargo de la PNC, y se le puso civil porque eran civiles lo que la formaban. Los miembros de esta eran ciudadanos en uniforme haciendo tareas de seguridad pública, y que el policía sería un elemento importante es las comunidades, al igual que el maestro, el pastor o el sacerdote. Pero esta vinculación de policía y comunidad se ha visto interrumpida, y en la actualidad para mí totalmente eliminada aunque se haya invertido tanto en consultores y doctrinas de policía comunitaria que se ha quedado en grandes manuales. Porque ahora vemos una policía portando armas de guerra, realizando cateos corporales de manera indiscriminada y sin control, cubiertos los rostros con pasamontañas, policías que además están siendo atacados en su ámbito privado, policías a los cuales se les pone un militar a la par, dándole una percepción de que el policía él solo no puede, y como el militar le ayuda, necesitan fondos para hacer tareas que no les competen... entonces es un circulo viciosos de militarización que termina con un despliegue territorial.
¿Cree que haya más riesgos de esto que llama la militarización de la Seguridad Pública?
El problema puede ser mayor, las consecuencias peores y la militarización continua. Ahora un presidente del FMLN, cuando estaban negociando la paz, decían en sus comunicados que querían una sociedad civil sin militarismo y ahora vamos a tener tres batallones de reacción inmediata dominados por autoridades del ejército para combatir un problema de seguridad pública. ¿Qué van a hacer camiones blindados con ametralladoras en una comunidad asediada por pandillas? Nada, si los pandilleros se van a ir de ahí y los batallones se irán de ahí, porque no hay arraigo de la seguridad pública con la comunidad. Las comunidades están solas, y ahora pueden quedar en medio de dos fuegos, por eso están ocurriendo desapariciones. El despliegue del poder militar en los territorios conlleva abusos de una autoridad que no está hecha para ser comunitaria, sino para ser encuartelado a disposición del mando civil, en este caso a disposición del presidente de la república. En ninguna parte existen militares comunitarios, tal vez en Suiza que los ciudadanos son militares en algunos meses al año.
¿Y qué le diría usted a la gente que piensa que un militar armado afuera de la comunidad es disuasivo porque no existen suficientes elementos humanos para ejercer esta función contra la delincuencia?
Yo le diría que es cuestión de tiempo y que este militar que ahora ven como disuasivo del marero puede convertirse en responsable de abusos contra las mismas personas que no cometen delitos y que son vecinos. El mismo militar que llega a cuidar a la población, puede ser un factor de riesgo para la seguridad nacional, de los ciudadanos, porque no está preparado para eso y mucho menos para ser árbitro de los conflictos internos que hayan en la comunidad o a nivel local.
