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Agente de Policía se siente amenazado tras la desaparición de su hijo a manos de militares

La Sala de lo Constitucional realizó este lunes una audiencia para escuchar los testimonios de cinco familiares y un testigo directo de la desaparición de tres jóvenes de Armenia, Sonsonate. La Sala admitió la demanda de exhibición personal en febrero de este año y está a las puertas de sentenciar si miembros de la Fuerza Armada son responsables de detención ilegal.


Martes, 7 de julio de 2015
Sergio Arauz

El agente de la Policía Nacional Civil José Pleitez busca a su hijo -José- desde hace un año, cuatro meses y 18 días. Este lunes 6 de julio, este policía de 47 años de edad declaró como testigo ante un jurado compuesto por magistrados de la Sala de lo Constitucional, instancia judicial que busca establecer si hubo detención ilegal y la responsabilidad en ella de miembros de la Fuerza Armada, en un caso de alegada desaparición forzada de tres jóvenes de Armenia, Sonsonate, a manos de la Fuerza Armada.  

La audiencia, celebrada en un salón del Centro Judicial Isidro Menéndez, forma parte de un proceso de hábeas corpus o exhibición personal, una figura jurídica para evitar o poner fin a una detención arbitraria. La autoridad demandada, en este caso, es el puesto militar ubicado en la ciudad de Armenia, y los militares imputados están siendo procesados por el delito de desaparición forzada.

Pleitez fue uno de los seis testigos que respondieron preguntas de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de los abogados del Ministerio de la Defensa y de los abogados que representan a los familiares de los tres desaparecidos.

La audiencia fue presidida por los cinco magistrados titulares, incluido el presidente, Óscar Armando Pineda Navas. Los magistrados escuharon los testimonios de tres mamás y dos papás de los jóvenes que desaparecieron el 18 de febrero de 2014. El sexto testimonio fue el que aportó Fredy Villalobos, uno de los dos sobrevivientes de lo ocurrido ese día.

Pleitez comenzó relatando en qué contexto se enteró de la desaparición de su hijo. 'Era como la 1 de la tarde y miré que estaba un grupo de personas frente al puesto de los soldados, allí me dijeron que habían desaparecido a mi hijo y otros dos jóvenes. Pregunté por ellos y los soldados cerraron la puerta, me trataron mal”, dijo, tras una cortina de madera que lo protegia de las cámaras de la prensa y de la vista del público asistente a la audiencia. 

Durante casi cinco minutos, el agente, el quinto de los testigos en intervenir, explicó que él, al igual que mucha gente de la zona en la que desapareció su hijo, hizo posta frente al puesto en el que estaban destacados los militares que se llevaron a su hijo ilegalmente. 

—¿Se siente amenazado?— le preguntó el magistrado Rodolfo González.

—Tres soldados se metieron a mi vivienda… me siento amenazado —respondió Pleitez. Luego rompió en llanto.

Choto, para reforzar su afirmación, contó a los magistrados que días después de la desaparición de su hijo dos soldados se subieron al techo de su casa y un tercer uniformado lanzó patadas a la puerta de la vivienda. '¡Me rompieron la ventana!', exclamó.

—¿Usted ha puesto una denuncia? —preguntó el magistrado Sidney Blanco.

—Avisé a la Inspectoría de la Policía Nacional Civil... mire, es que los jefes de la PNC y Fuerza Armada se coordinan… pero nunca le han dado importancia a mis denuncias —respondió Pleitez.

—¿Lo han hostigado de otras formas? —volvió a preguntar Blanco.

—Me han hostigado, llegaron a mi casa a golpearme la puerta... reporté el caso, hice un informe al Comisionado de Sonsonate... —contestó, en tono indignado, el agente policial.

José Pleitez informó a los magistrados que su hijo eran un tapicero. Después de los magistrados González y Blanco, tomó la palabra el magistrado Florentín Meléndez y encaró a Pleitez:

—¿Tiene conocimiento de la razón por la que los acusados detuvieron a su hijo?

—La Policía los retiene... los detiene porque sí... así detuvieron a mi hijo.

Una ironía: parte del trabajo de Pleitez, como agente policial, es realizar patrullajes en conjunto con miembros de la Fuerza Armada. Los seis militares -cinco soldados y un sargento- que se llevaron porque sí a su hijo se han negado a detallar qué hicieron con los tres desaparecidos, más allá de decir que los liberaron en algún lugar de aquellas tierras de las afueras de la ciudad de Armenia que se disputan las pandillas Barrio 18 y MS.

La lucha de Pleitez y las otras víctimas es más que una lucha contra los seis militares acusados: la Fuerza Armada ha decidido acuerpar a los imputados, a quienes les ha costeado el pago de una defensa particular.

Al finalizar las entrevistas a los testigos, el magistrado Rodolfo González resumió a El Faro los alcances que podría tener una sentencia de hábeas corpus: 'En este tipo de casos, la Sala de lo Constitucional, por un lado, puede establecer que existe la desaparición forzada, sería el primer caso ocurrido después de 1992. También puede ordenar a la Fuerza Armada dar toda la información necesaria para dar con el paradero de las personas y abrir otro tipo de directrices que obliguen a más control a la Fuerza Armada o a la Policía Nacional Civil”. 

La Sala de lo Constitucional admitió la demanda contra la Fuerza Armada de El Salvador el 26 de febrero de este año, fecha en la que comenzó a recopilar información con la que pretenden establecer la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de José Choto -hijo del agente de policía-, Óscar Leyva y Francisco Hernández, quienes fueron detenidos aproximadamente a las 8:45 de la mañana del 18 de febrero de 2014 por seis militares que no los remitieron a ninguna delegación policial para acusarlos de delito alguno.

Este caso también está siendo monitoreado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. El expediente del caso al que tuvo acceso El Faro contiene carta de Ariel Dulitzky, presidente-relator, dirigida a las víctimas para notificarles que el gobierno salvadoreño ya fue avisado oficialmente de la demanda en su contra.

Esta carta explica que el el 31 de marzo de 2015, el gobierno de El Salvador recibió un comunicado oficial del Grupo de Trabajo en el que este organismo le pide realizar las investigaciones que esclarezcan el destino y paradero de los tres jóvenes de Armenia.  

Este caso de desaparición forzada que involucra a la Fuerza Armada está en espera de un veredicto en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate. Este tribunal recibió el expediente de un juez de Instrucción de Armenia que dictaminó que hay indicios suficientes para concluir que una patrulla de la Fuerza Armada de El Salvador retuvo sin motivo razonable a cinco civiles -tres de ellos aún desaparecidos- a los que encaminó por una vía férrea con rumbo desconocido.

Después de oír a todas las partes, el juez de Armenia, Rafael Menéndez, subrayó que el delito por el que están siendo juzgados el sargento Santos Coreto y los soldados Rónald Pozo, José Santamaría Constante, Juan Santiago, Manuel Santos y Arely Esquina, es calificado como un crimen contra la humanidad.

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