Representantes de los partidos GANA, ARENA, PDC, PCN y FMLN se reunieron el 26 y 27 de agosto con representantes del gobierno en un hotel de Ataco para discutir medidas para combatir la inseguridad. El encuentro contó con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por parte de los partidos políticos estuvieron presentes Jorge Velado, presidente del COENA, Medardo González del FMLN, Manuel Rodríguez del PCN, Rodolfo Parker del PDC, Andrés Rovira por parte de GANA y Hato Hasbún, representante del gobierno. Esta reunión se da en el contexto del mes que ha registrado una cantidad de asesinatos histórica. Agosto ha registrado ya un promedio de 28 homicidios diarios. De hecho, el 27 de agosto se cometieron 51 homicidios.
Al final de la reunión, los representantes de los partidos y del gobierno acordaron un pacto que contiene 10 compromisos que ayudarán a combatir la criminalidad. El primer compromiso en materia de seguridad que fue acordado en la reunión contempla la conformación de un comité interpartidario que “facilite la creación de un marco legal relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación”.
Los partidos y el gobierno también acordaron estudiar la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito y solicitar a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional, que agilice la resolución sobre los $900 millones para contratación de préstamos y colocación de bonos. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en junio de este año en donde se cuestionaba el proceso de aprobación del decreto de los $900 millones.
Esto ocasionó un avalancha de críticas por parte de funcionarios del gobierno y por miembros del FMLN a la Sala de lo Constitucional debido a que en ese paquete de préstamos se encontraba un monto destinado para medidas de combate a la criminalidad. En junio de 2015, los homicidios alcanzaron un promedio de 26.1. El presidente Salvador Sánchez Cerén incluso achacó a los magistrados de la Sala el aumento de la violencia en el país.
Además de buscar más recursos para combatir la inseguridad y para financiar los planes de seguridad del gobierno, el acuerdo contempla la necesidad de fortalecer la coordinación entre la FGR y la PNC y apoyar cualquier medida que logre facilitar la implementación del bloqueo de la señal telefónica al interior de los centros penales. En marzo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Antiextorsiones. Dicha ley prohíbe a las compañías telefónicas a brindar su servicio a los privados de libertad y les ordena que consideren reducir sus ganancias en beneficio del bienestar público.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reconoció y felicitó el sábado en San Ignacio, Chalatenango, a todos los partidos políticos que participaron en la reunión interpartidaria y afirmó que la ONU y la OEA garantizarán el cumplimiento del pacto. Rodolfo Parker, coordinador general del PDC, confirmó en un canal de televisión que después de la firma del pacto esperan volver a reunirse lo más pronto posible para evaluar medidas que propicien la reducción de los homicidios y la liberación de territorios controlados por las pandillas.
