Publicidad

Cara a cara con el hombre que pudo haber auditado al expresidente Flores (pero que no lo hizo)

El 21 de octubre, el jefe de la sección de Probidad se comprometió ante los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a hacer en dos meses lo que su oficina no hizo durante diez años: concluir las auditorías al patrimonio del expresidente Francisco Flores. Este examen va a llegar muy tarde. En 2014 se cumplió el plazo que la Ley de Enriquecimiento Ilícito señala para establecer alguna responsabilidad.

Jimmy Alvarado

 
 

El jefe de la sección de Probidad, Carlos Pineda, acudió el miércoles 21 de octubre a una audiencia especial convocada por los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Pineda, arrinconado y contra las cuerdas desde hace un par de meses, fue a escuchar la nueva orden que le ha dado el IAIP: entregar el 21 de diciembre, plazo definitivo, las auditorías de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes a los representantes de la oénege Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC).

Durante la audiencia, Pineda reveló cómo funciona la sección de Probidad, pero también las razones detrás del paro técnico de esta instancia, que durante 10 años no previno -ni investigó siquiera- que los funcionarios se enriquezcan ilícitamente. Forzado a responder, Pineda dio por primera vez una explicación oficial sobre las razones que lo llevaron a quedarse de brazos cruzados y a no concluir la auditoría a las cuentas del patrimonio del expresidente Flores, a sabiendas de que el plazo de prescripción de 10 años para investigar cualquier posible responsabilidad ilícita del mandatario estaba próximo a vencer.

En la audiciencia, Pineda también confesó por qué decidió dejar a medias la investigación en curso contra el exmandatario, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) perseguía a Flores en una trama de corrupción política que derivó en la acusación por el desvío de millonarios donativos de Taiwán a las cuentas del partido Arena, utilizados más tarde para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca. 

El jefe de la sección de Probidad ingresó a la audiencia en silencio. Cuando El Faro intentó abordarlo para preguntarle por qué su oficina dejó prescribir el caso de Francisco Flores, él pasó de largo. No contestó ninguna pregunta sino hasta que llegó el momento de  confrontar a los comisionados del IAIP y a los apelantes, los representantes de la oénege ALAC.

El jefe de Probidad, Carlos Pineda se refugió en una de las salas principales del IAIP para no ser cuestionado por un grupo de 20 periodistas que lo esperaba para que diera alguna declaración, minutos antes de que comenzara la audiencia a la que había sido convocado. 

El jefe de Probidad, Carlos Pineda se refugió en una de las salas principales del IAIP para no ser cuestionado por un grupo de 20 periodistas que lo esperaba para que diera alguna declaración, minutos antes de que comenzara la audiencia a la que había sido convocado. 

El comisionado Jaime Campos presidió la audiencia, que duró una hora y media. Pineda arrancó exponiéndo cómo funciona la sección de Probidad, y sobre las etapas en el análisis de una declaración jurada de patrimonio.

Primero hay una etapa preliminar, cuando Probidad recibe las declaraciones de cada uno de los funcionarios. Se trata de un formulario que es llenado al inicio y al cese de funciones, en el que los declarantes colocan la información de su patrimonio y de sus bienes. Junto con este formulario adjuntan documentación que justifique que su capital se corresponde con "los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa", como establece la ley de enriquecimiento ilícito.

Si lo que está plasmado en el formulario coincide con los documentos que están en los anexos, los analistas emiten una hoja de cumplimiento total. Si no está completo, emiten una hoja de cumplimiento parcial y le dan al funcionario la oportunidad de enmendar la declaración.  En los últimos días, los diputados Carlos Reyes y Reynaldo Cardoza han mostrado a los medios de comunicación hojas -con respuesta de la oficina de Probidad- con la observación "cumplimiento total" para decir que la Corte Suprema de Justicia les ha dado un finiquito.

Pineda aclaró que esa es solo la primera etapa - que se sigue para auditar el patrimonio de los funcionairios- y que la observación "cumplimiento total" solo implica que se cumplió el requisito formal de presentar la declaración.  

"Quiero aclarar algo. El hecho de que un funcionario tenga cumplimiento total no significa que no haya cometido un ilícito. Muchos se confunden y dicen yo tengo un finiquito de Probidad. Y eso no es cierto. Ese es un documento que lo único que le dice es que cumplió con los requisitos de ley. Pueden resultar muchas cosas en la etapa de comprobación", dijo Pineda.

Durante la audiencia, el jefe de la sección de Probidad dijo que la segunda etapa es la de comprobación. Esta consiste en comparar lo declarado con la información que obtienen de solicitudes de bancos, de registros de compras de vehículos y de reportes del Ministerio de Hacienda (entre otros). Pero Pineda reveló que su oficina no tiene la capacidad de realizar la etapa de comprobación para todas las declaraciones patrimoniales. 

Pineda trató de justificar que no tiene las auditorías finales de los expresidentes porque desde julio de 2015 la Corte Suprema de Justicia aceptó una resolución del Instituto de Acceso a la Información y comenzó a entregar versiones públicas de las declaraciones juradas de patrimonio. Dijo que esto ha impedido el funcionamiento normal de su oficina. Probidad recibió en 2015  8 mil 135 declaraciones juradas de patrimonio más 1 mil 187 informaciones complementarias. Hasta el 21 de octubre esta oficina había entregado 5 mil 182 declaraciones en versiones públicas. Pineda explicó que su oficina está compuesta por un equipo de 23 personas, de este grupo solo 5 son analistas (auditores) que deben revisar, en total, los expedientes que ingresan y la información que está solicitando el público.

"Es más yo con toda sinceridad les digo: hemos paralizado el trabajo ordinario. Porque el hecho de preparar las versiones públicas hay que digitarlas. No es que sacamos fotocopia y tachamos lo que ya estamos claros que es información confidencial", dijo Pineda.

El comisionado Jaime Campos, lejos de solidarizarse con la carga laboral de Pineda, le cuestionó al jefe de Probidad sobre su respuesta del 9 de octubre de 2015, en la que afirmó que solo contaba con exámenes preliminares, pero ninguna auditoría terminada.

-Nosotros lo que estamos haciendo es (…) A nosotros nos envían todos los informes bancarios, informes del registro público de vehículos, los informes del Ministerio de Hacienda y todas las instituciones que nosotros solicitamos según sea la información que ellos están declarando- le respondió Pineda.

-¿Cómo es que pasa a la etapa de comprobación? ¿Cuándo finaliza y con qué finaliza esa etapa?- repreguntó Campos.

-Cuando todas las instituciones a las que hemos solicitado los informes, pues nos los entregan, nosotros procesamos la información. Y elaboramos el último informe que nosotros damos a conocer a la Corte, donde empezamos a hacer los cruces de toda la información recabada con la información declarada para aclarar e ir estableciendo que existen o no existen indicios de algún tipo de enriquecimiento ilícito- dijo Pineda. 

En 2014, Carlos Pineda tuvo un año para concluir la auditoría al patrimonio de Francisco Flores. Durante la audiencia, se excusó de haberlo dejado a medias. Pero sus argumentos fueron contradictorios. No pudo precisar cuánto tiempo le puede durar a su equipo terminar una auditoría  a una declaración de patrimonio. Incluso para el caso que más atención ha recibido de la prensa en los últimos días, el primer enjuciamiento por enriquecimiento ilícito contra un diputado (Reynaldo Cardoza), no pudo precisar cuánto tiempo le tomó hacer el examen a esa declaración de patrimonio

-¿En promedio cuánto tarda en realizar un examen hasta llegar al examen final de declaraciones de patrimonio?- preguntó el comisionado Campos.

-Es bastante variado. Es muy difícil sacar ese promedio. Porque hay declaraciones patrimoniales que le pueden resultar un análisis un promedio de… una hora".

-¿Una hora?"

-Depende de las dimensiones del patrimonio. Hay otra que puede durar… ¿qué? ¿4 o 5 días? Porque es demasiada la información patrimonial que existe, y hay que ir verificando balances, estados financieros y así de cada uno y de su grupo familiar. Porque no solo es el declarante involucra la esposa y los hijos. Es complicado de darle un promedio que se puede tardar un analista".

-Tal vez le comprendí mal… -interrumpió Campos-. Yo me refería a cuánto dura en general hasta que pudieran publicar un examen final.

-Igualmente es bastante variable -prosiguió Pineda-. Puede resultar que las solicitudes de información por fuentes externas nos venga su contestación bastante ágil, en ese caso nosotros procesamos la información dependiendo la capacidad que tengamos en ese momento".

Al comisionado Jaime Campos, Pineda no le lograba aclararle las dudas, y por eso volvió a la carga:

 -¿Cuánto duró la sección de Probidad en realizar el examen final a las declaraciones de patrimonio presentadas por el diputado Reynaldo López Cardoza?"

-Podría ser... No tengo el dato exacto. Pero pudiera ser unos dos meses, tres meses, dos meses.

-¿De dos a tres meses?

-Sí. Eso… Eso… Digamos… Apartándonos de… de… de las otras labores ordinarias.

El comisionado Jaime Campos, entonces, aprovechó la oprtunidad para dejar ir una estocada en alusión al caso que los reunió aquella mañana.

-¿Qué sucede con aquellos análisis o exámenes de la sección de Probidad cuando son posteriores o han sido emitidos posteriormente a los 10 años que establece la Ley de Enriquecimiento Ilícito".

Pineda, que supo leer el movimiento, intentó esquivar el golpe hablando quedito.

-Prescriben-dijo en voz baja.

-¿Prescriben?

-Sí...

El jefe de la oficina de Probidad comunicó al IAIP, el 21 de octubre, que está investigando a 13 funcionarios, que no podía adelantar los nombres de estos y que tampoco podía decir que estaban ya terminadas dichas auditorías.  “Creo que ya terminados, no puedo decir que terminadas porque aún no he informado a la Corte que en algunos casos no se ha encontrado nada”, añadió Pineda, quien aclaró que a parte de los 13 exámenes en proceso -y el del diputado Cardoza- no ha entregado ningún otro informe final, es decir, su oficina no ha hecho ninguna otra auditoría. 

Xenia Hernández de la oénege ALAC aprovechó para consultarle al funcionario por qué su oficina no había hecho su trabajo, tomando en cuenta que enero de 2014, la Corte Suprema de Justicia le devolvió la facultad de pedir información a los bancos. 

-Como usted dice que terminar una auditoría puede tomar de dos a tres meses, surge la siguiente pregunta: Ya que en enero de 2014 se les devolvió esta potestad, ¿por qué  no se realizó este tipo de análisis a la declaración del expresidente Flores en vista que también prescribía cualquier acción que se pudiera tomar en su momento? -cuestionó la abogada.

-Fue en enero de 2014 que nos devolvieron las facultades de investigación. En febrero de 2014, nosotros estábamos enviando ya solicitudes de información al sistema financiero de algunas denuncias que nos habían sido presentadas. Ahora bien el problema fue que en ese momento el Tribunal nos pidió la certificación de todo el expediente y nosotros tuvimos que certificar todo el expediente quedando prácticamente algunas cosas a medias en nuestra parte de verificación y comprobación y en la realización del informe final, el cual ya no se siguió porque ya estaba en sede judicial. Entonces yo recibí la, la, la instrucción de parte de Corte que lo terminemos y eso es lo que estoy haciendo.

El comisionado Jaime Campos les aclaró a los representantes de la CSJ que estaban en la fase de cumplimiento, que ya había una resolución de entrega de los documentos, y que a partir de ese momento los dueños de la información eran los ciudadanos que la solicitaban. Así que pidió a los representantes de la oénege ALAC que establecieran el plazo final de entrega, el cual quedó fijado en dos meses: el 21 de diciembre Probidad debe entregar las auditorías a las declaraciones de patrimonio de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. 

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad