El transito del 2015 al 2016 ha estado tan cargado de noticias que no ha habido pausa para hacer planes sobre el año en curso. La crisis de los migrantes cubanos o la toma de posesión del nuevo Presidente de Guatemala - y sus primeros inconvenientes - arrastraron la atención hacia la coyuntura. Pero ¿qué ofrece el año 2016 para Centroamérica?
2015 fue un año intenso en todo el mundo entre la persistencia de la crisis económica y el recrudecimiento de los focos de conflicto en Oriente o África y acabó con nubarrones por la crisis de alguno de los grandes países emergentes y en especial de China. También lo fue en Centroamérica donde las predicciones que hacíamos sobre 2015 en torno a los canales de Nicaragua o Panamá o a las iniciativas de lucha contra la violencia y el crimen organizado en forma de tregua o de alianzas externas no llegaron a protagonizar el año.
Las predicciones dejaron paso a un inesperado y esperanzador movimiento de protesta contra la corrupción y a una demanda ciudadana de democracia con manifestaciones en muchos de los países de la región. En Nicaragua con las protestas de los afectados por el trazado del Canal, en Honduras con la marcha de las antorchas, o en El Salvador con el run run sobre la CICIES. Pero nada eclipsó el movimiento de protesta de Guatemala que, en combinación con la acción de la justicia y el respaldo de la CICIG, forzó la renuncia de presidente y vicepresidenta y para pasmo de todos acabó con ellos en la cárcel. La obligación de encajar ese movimiento en las opciones electorales que resultaron con la elección de Jimmy Morales ilustra las dificultades para que ese movimiento se convierta en verdadera transformación. Pero ¿quién se iba a imaginar sólo un año antes que caerían gobiernos y mandatarios por la presión de los movimientos sociales?
Tres asuntos podrían marcar el año 2016 en Centroamérica desde una perspectiva regional. En primer lugar, esos movimientos sociales que desde la elección imprevista de Luis Guillermo Solís en el 2014 convocan a los ciudadanos ofendidos por la corrupción y por la incapacidad de los gobernantes para defender de una vez los intereses generales antes que los particulares. No hay este año más elecciones que las de noviembre en Nicaragua y las municipales de Costa Rica. Habrá que ver si el año 2016 nos permite ver cómo esos movimientos se organizan y estructuran y forman el germen de una nueva generación de partidos políticos más atentos al siglo XXI que al siglo XX y libres de malos hábitos.
En segundo lugar, éste será el año en que probablemente descubramos si la apuesta estadounidense por la Alianza de la Prosperidad con los países del Triángulo Norte es un compromiso real y una propuesta profunda como para generar un desarrollo articulado entre los tres países que intente de socavar las raíces de la violencia en toda la región. Mientras, la decisión de Estados Unidos de crear su marco particular de cooperación minimiza las posibilidades de que la Estrategia de Seguridad (ESCA) del SICA llegue a propiciar una reacción conjunta de la comunidad internacional para ayudar a la región a liberarse de la violencia.
Finalmente, en el bienintencionado limbo entre las predicciones y los deseos, aparece la posibilidad de que los países centroamericanos aprovechen el año 2016 para promover la renovación de los consensos subyacentes a los Acuerdos de Esquipulas que han marcado no sólo el enfoque regional del desarrollo sino también las estrategias nacionales estas últimas décadas. Pero que necesitan una reformulación urgente ¿Qué modelo de desarrollo necesitan los países de la región? ¿Cómo poner en marcha los principios e instrumentos necesarios para liberarse de la violencia, para rescatar la democracia de los intereses particulares o para romper con las tendencias excluyentes del desarrollo económico? No hay respuestas convincentes para este mundo cambiante sobre la mesa de debate de ningún país.
La necesidad de facilitar el retorno de Costa Rica a los órganos políticos tras los sucesos de diciembre podría ser una oportunidad que se sumaría a los avances existentes en torno a algunos mandatos presidenciales del SICA que demandaban esta reflexión. No obstante, estos procesos demandan el liderazgo de gobiernos y mandatarios y no es evidente que ningún país de la región tenga las condiciones para ofrecerlo. En todo caso, la definición de consensos compartidos de desarrollo no es monopolio de los gobiernos y quizás la esperanza de 2016 es que pueda surgir algo de la combinación entre la urgencia de reformular consenso y los nacientes movimientos sociales.
* Pedro Caldentey del Pozo es economista, y profesor e investigador en la Fundación ETEA, con sede en Córdoba, España. Fue, entre 2007 y 2012, Asesor Principal del Fondo España-SICA en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana.
