La publicación en Confidencial.com.ni de una nota diplomática en la que el gobierno de Nicaragua lanzó contra el PNUD una triple acusación política –“injerencismo, financiamiento a partidos y tergiversación de datos oficiales” – ha tenido la virtud de sacar a luz todo lo que se oculta bajo el secretismo oficial. Ahora sabemos que cuando los argumentos técnicos esgrimidos en septiembre del año pasado para desmantelar los programas del PNUD no convencieron, el gobierno recurrió a absurdos alegatos políticos. El último y más desfachatado es que el PNUD –aliado y soporte de cinco administraciones, incluyendo dos presididas por el comandante Ortega, en la promoción del desarrollo social– es considerado por este gobierno como ¨el principal enemigo de la lucha antipobreza¨.
Las imputaciones políticas contra el PNUD carecen de veracidad, no porque las políticas de esta institución y sus funcionarios estén a prueba de errores, sino porque no existe alguna evidencia que sustente los cargos. Por el contrario, desde que Ortega regresó al poder en 2007, el PNUD fue abandonando gradualmente su papel como un interlocutor amplio de toda la sociedad nicaragüense, y poco a poco su misión quedó reducida a ser una mera contraparte del gobierno. Ese fue el proceso que de forma progresiva ocurrió, bajo la presión oficial, con los coordinadores-representantes Alfredo Missair, Pablo Mandeville y Silvia Rucks, contrastando con la gestión más amplia, plural y proactiva, que promovieron Francesco Vincenti, Carmelo Angulo y Jorge Chediek, al tenor de la voluntad política de los gobiernos de los presidentes Chamorro (1990-97), Alemán (1997-2002), y Bolaños (2002-2007). Uno de los principales beneficiarios de esta política del PNUD, de promover el diálogo y puentes con la sociedad civil, fue precisamente el Frente Sandinista como partido de oposición, su red de gobiernos locales, organizaciones de jóvenes, mujeres, productores y demás espacios de construcción de ciudadanía. Pero al regresar Ortega al poder en 2007, el nuevo régimen decidió liquidar esa dimensión ciudadana de la democracia, para sustituirla por el ordeno y mando de la pareja presidencial, a través del partido, los CPC, y los ¨gabinetes de la familia¨, amputando de forma definitiva el mandato del PNUD.
Por el gran reconocimiento nacional que existe ante esa fructífera labor desarrollada por el PNUD durante más de 30 años, el lenguaje anti diplomático utilizado por Cancillería para atacarlo ha causado estupor, pero en realidad es la misma retórica que ha utilizado este régimen autoritario para denigrar y criminalizar a todo el que disiente del poder antidemocrático. Es el inconfundible lenguaje maniqueo que envuelve en frases de amor-fe-familia-comunidad, la prédica del odio que antes utilizó contra otros representantes diplomáticos, entre 2008 y 2009, cuando la oposición denunció la primera arremetida autoritaria y el fraude electoral. Lo que sorprende más bien es el momento para lanzar el golpe, pues aparentemente nada ni nadie amenaza a lo inmediato el poder casi absoluto de Ortega, que presume de su popularidad y fortaleza política y de un matrimonio perfecto con la gran empresa privada y los inversionistas. Entonces ¿por qué exhibir de forma tan burda el rostro autoritario del poder, en una confrontación con el PNUD y la ONU, en la que no tiene nada que ganar?¿Es el mero afán de control absoluto de todos los recursos económicos, o acaso la necesidad de enviar un mensaje político preventivo, más allá del PNUD, a la Unión Europea, OEA, Estados Unidos, y otros actores internacionales?
Posiblemente se trata de una combinación de ambas cosas, pero el saldo que nos deja es un mensaje intimidante, alto y claro, cuya resonancia trasciende incluso las elecciones de noviembre 2016. Al renunciar a los valores que representa el PNUD y atacar a esta institución de forma inescrupulosa, Ortega ha proclamado que su régimen no está dispuesto a aceptar algún estándar mínimo de transparencia, democracia, rendición de cuentas, o diálogo pluralista, ni hoy ni mañana. Es el asalto final del poder autoritario, desafiando a las reservas democráticas del país y a la comunidad internacional en pleno.
La respuesta del PNUD también ha sentado un precedente, no solo porque ha sido inequívoca y contundente al desmentir al gobierno, sino porque se hizo pública de forma oportuna. De no haberse revelado en Confidencial la nota oficial del gobierno nunca habríamos conocido esta reacción del PNUD, y esa es una de las ventajas incomparables de la transparencia, por lo cual las organizaciones internacionales que la predican –empezando por el mismo PNUD, el Banco Mundial y el BID– deberían practicarla siempre, y no solamente en situaciones extremas.
El pueblo de Nicaragua tiene derecho a saber ahora, cuáles son las consecuencias inmediatas y mediatas del cierre de los programas del PNUD que han sido suspendidos por la acción gubernamental. ¿Cuáles serán las comunidades afectadas, cuántos recursos dejará de recibir el país, cuál es la situación específica de cada uno de los proyectos, y de qué forma impactará esta crisis a futuro con la comunidad donante? Del monólogo oficial del gobierno no esperamos nada, pero el PNUD está obligado a informar toda la verdad con transparencia.
*Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. Este artículo apareció publicado originalmente en Confidencial.
