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Honduras persigue al narco allá donde campesinos luchan y mueren por la tierra

Honduras ha lanzado un operativo para combatir estructuras del narcotráfico en el Aguán, en la costa atlántica hondureña, una de las zonas de descarga de la droga que proviene de América del Sur. Mientras, el conflicto por la tierra que se libra ahí desde 2009 ha cobrado la vida de otros dos campesinos.

 
 

Dos soldados encargados de la custodia del director del Instituto Nacional Agrario de Honduras hacen guardia frente a la finca San Isidro, una de las propiedades del empresario Miguel Facussé. La finca está en medio de los territorios tomados, desde diciembre de 2009, por los integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Desde 2010, en el valle del Aguán se ha incrementado la presencia de militares para “pacificar” la zona. Fotografía del reportaje Disparos en el valle.

Dos soldados encargados de la custodia del director del Instituto Nacional Agrario de Honduras hacen guardia frente a la finca San Isidro, una de las propiedades del empresario Miguel Facussé. La finca está en medio de los territorios tomados, desde diciembre de 2009, por los integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Desde 2010, en el valle del Aguán se ha incrementado la presencia de militares para “pacificar” la zona. Fotografía del reportaje Disparos en el valle.

El Ministerio Público, la Policía y el Ejército de Honduras han desplegado un fuerte operativo para desarticular bandas del narcotráfico en el Bajo Aguán, Tocoa, un vasto valle ubicado en la zona atlántica en el que desde 2009 se libra una batalla por la tenencia de la tierra y las plantaciones de palma africana entre campesinos y terratenientes. A la fecha se cuentan 129 campesinos asesinados, una veintena de guardias de los terratenientes y decenas de desaparecidos en medio los constantes enfrentamientos. 

La Operación “Venado”, que se desarrolla con el apoyo de la Fuerza Militar Xatruch, que permanece en la zona del Bajo Aguán y el II Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), es coordinada por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La operación, ejecutada en el Valle del Aguán, a unos 245 kilómetros al noreste de la capital, se llevó a cabo "con el objetivo de efectuar tres allanamientos y aseguramientos (decomisos) de varios bienes", entre ellos "tres viviendas, dos lotes de terreno y 30 vehículos propiedad de José Angel Bonilla Banegas(30)", explicó el Ministerio Público a través de un comunicado.

En el texto se explica que Bonilla ha "adquirido 30 vehículos para facilitar el paso de narcóticos desde Colón hasta la frontera con Guatemala". 

La ATIC dijo además que su empresa "Transporte de Bonilla" formaba parte de una "estructura a menor escala con las que contaban los grandes grupos criminales como Los Cachiros y los Valle Valle". Dos miembros de Los Cachiros, del departamento norteño de Colón, se entregaron a la justicia de Estados Unidos, donde estaban acusados de traficar drogas. También cuatro miembros de los hermanos Valle Valle, que tenían sus bienes en el departamento de Copán (noroeste), fueron extraditados por el gobierno hondureño a Estados Unidos, acusados del mismo delito.

Medios hondureños vincularon a Bonilla Banegas como empleado de la Corporación Dinant, la empresa acusada de la desaparición y asesinato -vía sicariato o enfrentamientos en los que participan sus guardias de seguridad- de los campesinos que luchan por la tierra en esa zona.

En un comunicado emitido este viernes 24, Dinant negó que Bonilla Banegas haya sido empleado de la compañía. "Si bien es cierto Transportes Bonilla brindó servicios tercerizados de fletes a Dinant entre el 2012 y el 2013, en ningún momento el Sr. Bonilla ha sido empleado directo de Dinant o sus afiliadas. Nuestra empresa no tiene control sobre las actividades personales de nuestros empleados, contratistas o suplidores, pero a la vez no tenemos tolerancia a actividades ilegales de ninguna naturaleza", dijo la empresa en un comunicado difundido a la prensa hondureña.

Según Dinant no cuentan con reportes de que la empresa de Bonilla haya brindado servicios de flete a la compañía de "2013 a la fecha".

Esta no es la primera vez que Dinant es vinculada con historias del narcotráfico en el Aguán. En 2011, tras la liberación de los cables de Wikileaks, salió a la luz un cable de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, fechado el 4 de marzo de 2004, en el que la embajada reportó el aterrizaje, descarga y posterior destrucción de una narcoavioneta en una finca de Miguel Facussé, ubicada en el municipio de Trujillo. Miguel Facussé (1924-2015) era el presidente de la corporación Dinant y uno de los empresarios más poderosos de Centroamérica. 

Sobre este incidente, en octubre de 2015, Dinant respondió a El Faro que la empresa "nunca ha estado involucrada en ninguna actividad relacionada al narcotráfico o cualquier otro tipo de actividades ilegales, como tampoco lo estuvo en vida el Sr. Miguel Facusse", dijo Roger Pineda, director de relaciones corporativas de la empresa. "Así como muchos otros dueños de tierra en diferentes regiones del país, Dinant ha sido víctima de traficantes de droga, quienes al menos en una ocasión, han utilizado de forma ilegal nuestras propiedades, sin nuestro conocimiento, cooperación o permiso para realizar las actividades de contrabando sin que este sea detectado por las autoridades de nuestro país", agregó. 

Honduras está catalogada como puente del trasiego de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos. En 2012, Naciones Unidas estimó que el 80% de la droga que termina en Estados Unidos se almacenaba en Honduras, antes de recorrer camino hacia la frontera sur de ese país. El gobierno hondureño ha dicho que mantiene una ofensiva contra los narcotraficantes que, a su juicio, provocan siete de cada diez homicidios que se registran en el país.

Un Aguán con otra guerra

Un guardia vigila una de las entradas del asentamiento La Confianza, en el Valle del Aguán, Honduras, un territorio dominado por un movimiento campesino que pretende tierras en manos de ricos terratenientes hondureños. Aunque esta organización niega poseer armas de uso privativo de los militares, se pueden ver algunos fusiles automáticos en manos de sus miembros. Los campesinos organizados y armados se enfrentan con los guardias organizados y armados de los terratenientes por el control de las plantaciones de palma africana, un laberinto de palmeras que se extiende por todo lo ancho de la costa caribeña. Tres años y más de 60 muertos después, el conflicto se asemeja mucho a una guerra, y el Estado es apenas un observador silencioso en esta batalla entre dos frentes. Fotografía parte de la crónica La revolución de las palmeras.

Un guardia vigila una de las entradas del asentamiento La Confianza, en el Valle del Aguán, Honduras, un territorio dominado por un movimiento campesino que pretende tierras en manos de ricos terratenientes hondureños. Aunque esta organización niega poseer armas de uso privativo de los militares, se pueden ver algunos fusiles automáticos en manos de sus miembros. Los campesinos organizados y armados se enfrentan con los guardias organizados y armados de los terratenientes por el control de las plantaciones de palma africana, un laberinto de palmeras que se extiende por todo lo ancho de la costa caribeña. Tres años y más de 60 muertos después, el conflicto se asemeja mucho a una guerra, y el Estado es apenas un observador silencioso en esta batalla entre dos frentes. Fotografía parte de la crónica La revolución de las palmeras.

Dinant y otros terratenientes sostienen desde 2009 una disputa con campesinos por vastas extensiones de tierra cultivadas de palma africana en El Aguán. Disputas es un eufemismo, cuando en realidad lo que en el Bajo Aguán ocurre son batallas, asesiantos y desapariciones. La inmensa mayoría de las víctimas son campesinos, como lo eran los dos jóvenes asesinados el pasado 19 de junio, apenas tres días antes de los operativos antinarcos en la zona.

"Esta tarde, un vecino de la Comunidad Panamá, Tocoa, Colón, acabó con la vida de dos jóvenes que pertenecían a un grupo en recuperación de tierras, y que departían en la cancha de fútbol, cuando se detonaron los disparos en medio de la población, entre ellos niños y niñas", reportó el portal ViaCampesina.org, el domingo 19 de junio.

"Defensores y defensoras de DDHH del Bajo Aguán, lamentan el asesinato de Allan Reyneri Martínez Perez (19) y Manuel Milla (25), miembros del movimiento campesino Gregorio Chávez, hoy a las 4:00 p.m. informó Glenda Chávez, lideresa de la comunidad y coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA)", escribió ViaCampesina.org

Según el sitio criterio.hn, los asesinados habían estado recuperando una parcela "que pertenece a la Cooperativa Panamá, pero que actualmente está en poder de la empresa COFRUCO, que tiene fincas de Naranja. Consta de 10 hectáreas y los campesinos la están urbanizando para solares".  

"Alan Martínez,  era hermano de Cristian Martínez, quien fue secuestrado el año pasado por guardias de la empresa Dinant con ayuda de efectivos del ejército. Manuel Milla era el coordinador del grupo en recuperación de la parcela y que bautizaron como colonia 26 de Mayo en la comunidad de Panamá Trujillo, Colón", publicó criterio.hn.

Según el sitio, en mayo pasado, guardias de la empresa COFRUCO balearon un joven del movimiento campesino “Gregorio Chávez”, el mismo al que pertenecían los asesinados del domingo 19.

El lunes 20, organizaciones de campesinos denunciaron los jóvenes fueron asesinados por un supuesto sicario, con lo que la cifra de asesinados por razones del conflicto se elava a 129 campesinos.

En tanto, los terratenientes sostienen que les han matado cerca de 20 personas, la mayoría guardias que contrataron para defender las propiedades de las tomas y desmienten las acusaciones de los campesinos. 

Desde el 2009, los campesinos y las organizaciones de derechos humanos denuncian que el Estado hondureño es apenas un testigo que no investiga los asesinatos y las desapariciones en el Aguán. De hecho, cuando el Estado ha montado operativos en la zona ha sido para perseguir a los campesinos acusados de usurpar las tierras o pera desarmar a la población campesina, pero no al ejército de guardias de los terratenientes. 

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