Roberto Rosales se dirige a las otras 12 personas reunidas en el salón para hablarles sobre la importancia de la educación. “La educación formal hace más agradable la vida de uno y de los demás. La educación formal la enseñan de primero a sexto grado”, dice Rosales, en su lección del 22 de junio, Día del Maestro en El Salvador. El salón gris tiene un cartelito que advierte 'prohibido el uso del celular' pegado en la pared y tiene las cortinas cerradas para apreciar mejor los documentos que se proyectan con un rayo de luz. Las palabras de Rosales son un intento de apaciguar a José Huiza y Vladimir Chanchán, que están enfrentados, sentados en lados opuestos de la mesa. Huiza y Chanchán no discuten: pelean.
Como si fueran estudiantes de primero a sexto grado, dos de los 13 miembros del Consejo del Salario Mínimo se retan a enfrentarse después de esta sesión en que deben resolver la controversia desatada después de que el 1 de junio el organismo acordara, con votos de empresa privada y sector laboral, proponer un aumento al salario mínimo que el tercero en disputa, el gobierno, rechaza.
Huiza es uno de los representantes del sector laboral y se dirige a Chanchán, médico que representa al Ministerio de Agricultura: “Afuera ya no somos nada. Por lo tanto, no creás que vas a tener el montón de policías cuidándote”, advierte José Huiza a Vladimir Chanchán. “A mí me podés hallar donde querrás”, responde el médico representante del gobierno, aceptando el reto. Sus ojos brillan de furia. “Yo no te tengo miedo, ¿oíste?”, añade, mientras enfatiza con su dedo índice apuntando a Huiza. Y así transcurre la sesión del Consejo del Salario Mínimo reunido en las instalaciones del ministerio de Trabajo.
Roberto Rosales, que intenta moderar, es un abogado que preside el Consejo desde 2009. El organismo reúne a tres partes: representantes del gobierno (de los ministerios de Economía, Agricultura y Trabajo), de la empresa privada y de los trabajadores.
Huiza no ha de gozar de mucho aprecio en las filas del gobierno. Antes de esta sesión ya tiene un antecedente de esos que han incomodado al gobierno del FMLN: fue uno de los firmantes de la demanda con que la Sala de lo Constitucional ordenó al gobierno del FMLN que pague un interés más alto por el uso de los fondos de pensiones, debido a que la administración obliga a los cotizantes por medio de las administradoras de fondos de pensiones a adquirir títulos del gobierno y paga mucho menos que los intereses que reconoce a quienes le compran letras del tesoro o bonos cuando necesita endeudarse para obtener liquidez.
Chanchán, el médico, fue secretario de la alcaldía de San Marcos, en poder del FMLN. Tres semanas antes de esta sesión, el 1 de junio, los representantes laborales acordaron con los representantes de la empresa privada un aumento al salario mínimo del 15 %, dividido en 5 % anual por los próximos tres años. El gobierno, algunas organizaciones ciudadanas, universidades, la Iglesia Católica e incluso algunos diputados de derecha saltaron a desdeñar la decisión por considerar paupérrimo el aumento. El aumento aprobado significa que por cada día quienes laboran en el campo recibirían en el primer año 20 centavos diarios adicionales, 33 centavos quienes trabajan en las maquilas, 37 centavos los del sector comercio y servicios, y 41 centavos los trabajadores de las industrias.
Esta sesión del Consejo del Salario Mínimo sucede horas después de que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, anunciara que devolverá el acuerdo al organismo para demandar que se apruebe un incremento mayor. El gobierno pide hacer llegar el salario mínimo a 300 dólares para los trabajadores urbanos, y a 250 dólares mensuales para los rurales. Guevara considera que el decreto viola los derechos humanos porque “no cubre el costo de la vida de la población trabajadora”. En la tarde del Día del Maestro, los encargados de decidir el salario mínimo de los salvadoreños han hablado de la rentabilidad de las pensiones, de políticas neoliberales y hasta del trabajo del arzobispo de San Salvador. Y otros se han amenazado. Se sobreentiende que con agredirse físicamente, aunque no llegan a explicitarlo. Pero hacen alusión, por ejemplo, a la protección policial o, en realidad, al momento en que desaparezca la custodia policial.
A la cabeza de la mesa se han sentado Rosales, quien preside la cita, y a su derecha César Villalona, un asesor dominicano que representa al ministerio de Economía en el Consejo. Del lado izquierdo de Rosales y Villalona están los cinco representantes del gobierno, que ocupan todo un lado de la mesa, con Vladimir Chanchán en la segunda silla. Frente a ellos, o sea a la derecha del presidente del consejo y de Villalona, están los cuatro representantes de la empresa privada, con el abogado René Agustín Rodríguez Pérez en la cuarta silla. Al final de este lado de la mesa, a la derecha del abogado Rodríguez, se sienta José Huiza, y complementa el cuadro Miguel Ángel Alfredo Ramírez Urbina, también representante de los trabajadores, sentado solo en el cuarto lado del rectángulo. Ramírez probará en estas dos horas y media ser una de las voces más beligerantes del Consejo.
Esta manera de ocupar la mesa ha llevado al gobierno y a organizaciones sociales afines al partido FMLN que los representantes de los trabajadores están del lado de la empresa privada. Y estos señalamientos se cuelan en las sesiones del consejo.
'¡El arzobispo ni trabaja! Él vive de las ofrendas'
Una media hora antes de las amenazas, el Consejo revivió la sesión de la semana anterior al revisar el acta. En esa oportunidad, cuatro organizaciones (la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Confederación Sindical de Trabajadores, el Frente Sindical Salvadoreño y el Centro para la Defensa del Consumidor) habían pedido audiencia ante el Consejo para exponer sus puntos sobre sobre el aumento aprobado. Ramírez y Huiza plantearon que el Consejo ya habían recibido a esas organizaciones. “Yo no voy a permitir que quieran venir a insultarnos”, dijo Ramírez. El sector empresarial respaldó su idea y propuso que se sometiera a votación si recibían o no a las organizaciones. Villalona les dijo que ese era un punto que no debí ni someterse a discusión, pues consideraba que era obligación escucharlos de nuevo. En tono molesto, Villalona retó a los representantes del sector trabajador:
—Demuestren que ustedes representan a la clase trabajadora. Que la ANEP está sola en esto con una mafia sindical es un problema que no tiene nada que ver con nosotros como representación gubernamental. Pedimos que ustedes demuestren ante FESPAD que lo que ustedes han decidido es legal.
—Pido respeto al señor Villalona —replicó Ramírez—, que no quiero entrar en discusiones sobre la legalidad de los tres que estamos representando a los trabajadores aquí. Necesito que el señor Villalona evite el insulto y aquellas acusaciones peyorativas, pues acaba de llamarnos mafia. (...) Si mis actuaciones no han caído en gracia, eso es otra cosa.
—Ustedes representan los intereses de los grupos oligarcas, no de los trabajadores y se comprobó con el acuerdo al que llegaron con la ANEP —insistió Villalona.
—No podemos andar ofreciendo lo que no se puede dar. Si el gobierno andaba ofreciendo los 300 dólares al sector urbano y 250 al sector agrícola, lamentablemente no se ha podido, pues las condiciones de El Salvador no son iguales a las de Guatemala o a las de Honduras. En Guatemala ni siquiera se respeta el salario mínimo.
—Una de las personas que dio declaraciones más fuertes sobre lo que ustedes aprobaron fue el arzobispo de San Salvador, monseñor Escobar Alas —dijo el representante del gobierno, en alusión a que el prelado dijo que el aumento del 15 % gradual es insuficiente. Ramírez lo atajó:
—¡Monseñor Alas ni trabaja! Vive de las ofrendas.
El presidente del Consejo, Rosales, zanjó la discusión al decir que el reglamento del Consejo le permite convocar a sesiones extraordinarias para tener audiencias por lo que nadie tiene que votar. Antes de terminar la remembranza, Ramírez soltó otra defensa del aumento que él aprobó junto al sector empresarial: que el porcentaje de salario que subirá es mayor a la rentabilidad de las pensiones que el gobierno paga a los trabajadores. “Dicen 'pobrecita la gente que el aumento al salario del 15 % es de miseria' y la rentabilidad que se nos está pagando a los ciudadanos es del 1 %. Eso es bochornoso, vergonzoso y miserable. Es más el 5 % que este Consejo ha aprobado que el 1 % (...) Por eso les digo que para mí todo eso es ganancia”, dijo Ramírez.
El artículo 38 de la Constitución salvadoreña obliga al Consejo a definir el salario mínimo atendiendo al costo de la vida y dice que un salario mínimo debe ser tan alto que permita satisfacer “las necesidades normales del hogar en el orden material, moral y cultural”. Las necesidades materiales, morales y culturales. El artículo 146 del Código de Trabajo añade que “para apreciar el costo de la vida deberán considerarse los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud, de una familia obrera promedio, campesina o urbana”. Hace ocho años, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que el salario mínimo decente urbano en El Salvador no podía ser inferior a 458 dólares. Uno por debajo de ese monto no permitiría satisfacer las necesidades mínimas de una persona en El Salvador, estableció el PNUD. Con el aumento propuesto, el mayor de los salarios mínimos llegaría este año a 263 dólares mensuales.
Superado el trámite de aprobar el acta, tras media hora de una lectura monótona del secretario del Consejo que no capta las emociones de esa reunión, comienza formalmente la sesión 75. El Consejo vuelve al punto por el que sus miembros se estaban desangrando la semana anterior: los pedidos de las mismas cuatro organizaciones ciudadanas: FESPAD, CDC, FSS y la CSTS. Todas piden que se les reprograme audiencia para después de esta semana del Día del Maestro, esas que dos tercios del Consejo no han querido conceder. La razón de la petición es que todas las organizaciones, menos FESPAD, alegan que deben participar esta semana en el Foro de Sao Paulo, un cónclave de partidos de izquierda del que es anfitrión el FMLN. FESPAD solo menciona que deben atender “otros compromisos”.
Pero FESPAD tiene otra petición. La Fundación solicita una copia certificada del acta del 1 de junio -cuando se aprobó el aumento- y del audio de la reunión. Además, advierte a los miembros del Consejo que “nos podemos encontrar ante la ejecución del (delito de) actos arbitrarios, si el acuerdo emitido no responde a los criterios señalados para el salario mínimo en el artículo 38, ordinal 2° de la Constitución y en los artículos 144 y 146 del Código de Trabajo”. Este es el punto que cataliza un debate que en cuestión de minutos se intensifica hasta llegar a las amenazas.
Ramírez sugiere, ante la advertencia de FESPAD de una posible comisión de delito, que se tomen la próxima sesión del Consejo para revisar lo que se va a enviar a la oenegé. “Hay que leer lo que le vamos a mandar. ¿O están pensando solo mandar el paquete sin que lo leamos? Es un acta certificada, hay que ver si va correcta o no, simple y llanamente. Hay que ver los audios. ¿Cómo se los van a mandar sin oírlos yo? ¿Cómo los va a ir a oír otro y yo no los he oído? ¿Creen que es lógico? ¡Por favor, hombre!”, dice, exaltado.
Villalona y Chanchán, representantes del gobierno, apelan a la transparencia. “Están diciendo que lo van a revisar. ¿Cómo van a preparar información que debe ser del dominio público?”, dice Chanchán. Acto seguido, aún con el uso de la palabra, se molesta cuando Ramírez lo interrumpe una vez más.
—Lo que pasa es que, presidente, o pone orden o vea qué hace —dice Ramírez, en relación con la respuesta a FESPAD. El médico que representa al Ministerio de Agricultura replica:
—¿Orden de qué? Vos sos el que estás rompiendo el orden. Sos un mal educado, sos un mal educado.
—Hay una petición.
—Escuchá. Como no entendés hay que explicarte todo —dice Chanchán, en tono de exasperación.
—Hay que responder formalmente, no hay que colgarlo en la web.
—Como te cuesta entender hay que explicarte. Ubicate.
—¡No´mbre!
—Es información pública.
En este punto interviene José Huiza para decir lo que Vladimir Chanchán interpreta como una amenaza.
—La sesión no es esa la normal. Ustedes están equivocados, cada uno somos miembros del Consejo. Afuera ya no somos nada. Por lo tanto, no creás que vas a tener el montón de policías cuidándote ante el pueblo que te está viendo.
—¿Me estás amenazando? —le pregunta Chanchán.
—No, yo te estoy amenazando, te estoy explicando así como decís vos que hay que poner atención. Me extraña, si decís que sos un médico y no respetás. Cuando alguien está hablando tú tienes que escuchar. (...) Le digo al señor presidente que ponga un poco de orden en la sala. No es así como el Consejo acostumbra discutir las cosas formales.
Es entonces cuando el presidente del Consejo, Roberto Rosales, alude a la importancia de la educación básica, cuando sermonea sobre la importancia de no interrumpir el uso de la palabra. Pero Chanchán no parece escucharle y vuelve a la carga:
—Qué bueno, Huiza, que no necesitaste muñequitos para explicarte. Estás reconociendo que lo que vas a recibir es una copia de lo que se va a entregar y obviamente se va a responder con la formalidad de cómo se ha peticionado (sic). Ahora bien, como de seguro estás mal acostumbrado te voy a seguir respondiendo. Y seguís hablando y te voy a seguir respondiendo: a mí me podés hallar donde querrás. Vos y quienes sean y no te tengo miedo. ¿Oíste? Que te quede claro.
El tono sigue igual hasta el final de la reunión. Villalona acusa a los representantes de los trabajadores de tener miedo a debatir. Huiza, sardónico, lo niega:
—Aquí no hay uno al que yo le pueda tener miedo en ese aspecto
Villalona le apunta con el dedo índice y se sube a un pedestal de inteligencia superior:
—Déjame terminar. Te damos la palabra para que hables una hora, si la quieres, si te alcanza, si el cerebro te da para hablar una hora.
La reunión termina con un acuerdo: revisar la información que se entregará a FESPAD.
Al final de esta sesión se habrá gastado un poco menos de 800 dólares. Los integrantes del Consejo reciben 57 por cada round al que asisten. Como se reúnen al menos una vez por semana se embolsan 228 dólares solo por asistir a reuniones que promedian dos o tres horas de duración, según Villalona. En total, los 13 miembros del Consejo que sesionaron hoy recibirán 741 dólares. Es decir, casi tres salarios mínimos urbanos.
Y los 228 dólares que puede obtener cada miembro del Consejo al mes son superiores a lo que ganaría una trabajadora de maquila, ya contando el aumento propuesto.
Cuando la reunión empezó había 14 botellas de agua y 13 latas de gaseosas sobre la mesa. Una botella de agua de 250 mililitros vale 25 centavos de dólar en el supermercado y una lata de gaseosa de 354 mililitros cuesta al menos 50 centavos. O sea, había unos 10 dólares de bebidas sobre la mesa. Durante las dos horas de reunión se consumieron algunas botellas de agua más y algunas tazas de café. Una amable empleada del Ministerio de Trabajo hacía rondas periódicas para ofrecer café o pan dulce a los miembros del Consejo y a los periodistas. Cada vez que alguien se termina una botella, una gaseosa o un pedazo de pan dulce, ha consumido más que el equivalente diario al aumento de salario que el Consejo ha aprobado.
*Fe de errata: En la versión original de este artículo se escribió equivocada la nacionalidad de un asesor del ministerio de Economía. Este artículo fue corregido a las 10:38 de la mañana del 28 de junio de 2016.
