El 24 de Enero de 2013 se firmó el acuerdo “Santa Tecla Municipio Libre de Violencia” en la colonia San José del Pino, con presencia de los principales actores estatales y no estatales involucrados en el proceso de la tregua. Óscar Ortíz, entonces alcalde municipal y hoy vicepresidente de la República, firmó el acuerdo. Junto a él lo hizo Dany Fredy Ramos Mejía, alias Sisco, en nombre de la Mara Salvatrucha.
El concepto de los Municipios Libre de Violencia surgió, oficialmente, de la necesidad de territorializar el proceso de tregua a fin de que no fuese solo un pacto entre pandillas sino un compromiso de las pandillas con la sociedad y el Estado. En este sentido, con la firma del acuerdo, la Mara Salvatrucha se comprometía con las autoridades municipales y la sociedad a dejar de cometer homicidios y otros ilícitos, y el Gobierno central y municipal expresaba el compromiso de generar oportunidades de desarrollo y empleo. Es así que, en Santa Tecla, se conformó la Comisión Municipal por Santa Tecla Libre de Violencia, integrada por representantes del municipio y de varios ministerios (Obras Públicas, Salud, y Agricultura y Ganadería, entre otros), y por representantes de las comunidades incluyendo a los llamados “jóvenes constructores de paz”. Por años, la alcaldía de Santa Tecla ya había jugado un rol protagonista en la prevención de violencia en comparación con otros municipios del país, pero el acuerdo “Municipio Libre de Violencia” marcaba aun así un cambio significativo en sus políticas: la alcaldía dejaba de enfocarse solo en prevenir que los jóvenes ingresaran en la pandilla (el grupo beneficiario al que se suele llamar “jóvenes en riesgo”), y se lanzaría también a invertir en la reinserción social y laboral de jóvenes pandilleros que en un tiempo infringieron la ley.
Los jóvenes pandilleros que participaban en estas actividades se autodenominaban “jóvenes constructores por la vida y la paz” y tenían representación directa en la Comisión Municipal por Santa Tecla Libre de Violencia a través, entre otros, de Dany Fredy Ramos. La Comisión se reunía una o dos veces al mes con el objetivo de dar seguimiento a los diversos proyectos que se venía implementando y cada Ministerio tenía una planificación que fijaba qué trabajo iba a realizar en las comunidades. Según su informe anual, en 2013 la alcaldía de Santa Tecla invirtió un total de 800,000 dólares bajo el rubro presupuestal “Municipio libre de violencia”. En San José del Pino se realizaron programas y actividades a fin de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer la prevención social. Para los “jóvenes constructores por la vida y la paz” se montaron iniciativas de generación de ingresos a través de cria de tilapia, un huerto para el cultivo de chiles, y un lote de bicicletas para alquiler. El objetivo era reducir su dependencia económica de actividades ilícitas.
El proceso de pacificación dio sus frutos: índices de delincuencia más bajos, fortalecimiento de la gobernanza local y del papel de las autoridades de Seguridad Pública, desarrollo de la comunidad en materia de servicios públicos y niveles de convivencia, y mejoras en el tejido social y el sustento local. Cabe mencionar que el establecimiento en 2012 de un puesto de Policía Comunitaria en la colonia sentó la base para el proceso de pacificación. A base de beneficios en seguridad, servicios públicos y programas de desarrollo y reinserción para la población local, incluso para jóvenes en riesgo y miembros de la pandilla, el Estado estaba recuperando el control social y territorial en una zona que por muchos años había estado bajo control total de la Mara Salvatrucha por ser la cuna de algunos de sus principales líderes nacionales.
A pesar de los éxitos, en el transcurso de 2014 el Estado abandonó su compromiso con el acuerdo “Santa Tecla Municipio Libre de Violencia” y dejó a los habitantes de la colonia San José del Pino, incluidos los “jóvenes constructores de paz”, en abandono. Un abandono provocado por cambios de estrategias de Seguridad Pública y cambios en las autoridades a raiz de las elecciones presidenciales en 2014 y municipales en 2015. El financiamiento de proyectos había terminado a finales de 2013 por lo que la Comisión Municipal por Santa Tecla Libre de Violencia dejó de funcionar, algo que por falta de transparencia nunca se informó a los habitantes ni a los jóvenes, quienes durante 2014 mantenían aún la espectativa de que las autoridades iban a retomar el rumbo.
Esta espectativa desapareció definitivamente con la captura, en octubre de 2014, de los líderes de la Mara Salvatrucha en San José del Pino, entre ellos Dany Fredy Ramos, acusado de cobrar personalmente 20 dólares de extorsión. Según el abogado de Dany el Estado había puesto una trampa a su cliente, versión sustentada por varios actores locales de la colonia, que dieron testimonio de que Dany estaba en una reunión en la comunidad en el momento en que supuestamente tuvo lugar el ilícito. Fue condenado a quince años de prisión. Cuando en enero 2015 fue sustituido el jefe del puesto de Policía Comunitaria en la colonia, que había jugado un rol protagonista en el proceso de pacificación por convertir líderes locales en coproductores de seguridad –un aspecto clave de la Filosofía de Policía Comunitaria–, se pudo concluir que el proceso de pacificación definitivamente estaba muerto y que sus principales actores locales quedaban en absoluta vulnerabilidad.
Hoy en día hay en la zona nuevas expresiones de violencia pandilleril y, a pesar de la presencia permanente de la Policía en la colonia, la pandilla mantiene el control territorial. Esto tiene relación directa con el hecho de que la población haya perdido la confianza en la Policía, a la que ya no considera policía comunitaria por cambios en su presencia y operatividad en la zona. La alcaldía tampoco se presenta ya en la colonia y ha dejado en abandono los proyectos iniciados en 2013, entre otros una oficina de mediación de conflictos y otras líneas de trabajo que, irónicamente, el actual Gobierno promueve e implementa en otros municipios con su Plan El Salvador Seguro. El déficit en seguridad pública, en servicios públicos y en legitimidad del Estado favorecen el control social de la pandilla en la zona. Es así que existe el riesgo de que la situación en la zona se convierta nuevamente en una inestabilidad e ingobernabilidad que se había superado con el proceso de pacificación.
La clave para consolidar el control social y territorial está en la combinación de garantizar la seguridad pública a través de la policía comunitaria, y de prestar servicios públicos e implementar programas de desarrollo y reinserción con un enfoque a largo plazo. Justamente este enfoque a largo plazo es el que el Estado parece haber perdido al dejar en abandono el compromiso que tuvo con la sociedad y con la pandilla. El acuerdo “Santa Tecla Municipio Libre de Violencia” es solo un ejemplo.
*Margriet Zoethout es licenciada en Estudios Latinoamericanos. En 2014 realizó una investigación sobre la tregua con análisis a nivel nacional, municipal y local en la colonia San José del Pino de Santa Tecla. Durante 2015 y 2016 realizó una segunda investigación en la misma colonia a petición de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) de El Salvador. El resultado se publicó en la revista semestral 'Policía y Seguridad Pública'.
