El pasado lunes, primer día de agosto y primero en serio de las vacaciones de temporada, estuve en una agradable tertulia con amistades de verdad y con uno de los amores de mi vida. De esos amores no estuvieron presentes los tres restantes porque están fuera del país; el otro, mi madre, por razones lógicas no participó en la mentada reunión. Irremediablemente, la conversación arrancó con el tema del momento: la sentencia de inconstitucionalidad contra la siniestra amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993.
Este extraordinario fallo fue conocido mediante un comunicado oficial de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitido el miércoles 13 de julio, y notificado posteriormente tanto a este servidor –José Benjamín Cuéllar Martínez– como al ciudadano Pedro Antonio Martínez González y a la ciudadana Ima Rocío Guirola, por ser los tres sujetos procesales que asumimos los riesgos y firmamos el 20 de marzo de 2013 la demanda inicial y que nos mantuvimos vigentes como tales hasta el desenlace positivo del esfuerzo.
Regresando a la velada, frente a este acontecimiento de trascendencia mayúscula para el país y habiendo conocido ya la posición de la dirigencia del partido de Gobierno y de quien ingresó como inquilino principal a Casa Presidencial hace ya más de dos años, una de las personas asistentes me preguntó cuál era mi opinión al respecto. Lo hice con palabras duras, pero ciertas. No faltó quien me pidiera ser políticamente correcto, sugiriéndome resumir en una palabra mi juicio sobre la postura de eso que aún hay quien llama izquierda. “Pusilánimes”, me propusieron a manera de ejemplo.
“¡No!”, arremetí indignado. “¿A cuenta de qué?”. Pusilánime es quien –según el diccionario– muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Puede haber algo de eso. Pero el término se queda corto. Son, hay que decirlo con todas sus letras, simplemente traidores, es decir, quienes cometen traición. Y el significado de la palabra traición, siempre con el diccionario en la mano, es el siguiente: “Falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida”.
Lo anterior no hubiera trascendido más allá del lugar y el momento en que ocurrió, si el personaje ese que han instalado como secretario de comunicaciones del Ejecutivo, vocero gubernamental o merolico presidencial no hubiese dicho lo que acaba de decir. “Durante muchos años”, afirmó atrevido Eugenio Chicas, “estuvimos esperando una resolución como esa; pero veinticinco años después, ¿qué utilidad práctica tiene realmente?” Para este malogrado portavoz oficial, la inconstitucionalidad de la amnistía más aberrante de los tiempos modernos representa para el país “una enorme complicación”.
Quiere Chicas respuestas a su pregunta sobre la utilidad práctica de este excepcional suceso. Le va la primera: “La Ley de Amnistía viola el derecho de acceso a la justicia de ciertos casos que no se han querido ventilar aquí en el país... Y mientras no se haga justicia, las estructuras que cometen graves violaciones a la sociedad van a seguir siendo impunes”. Fuente, lugar y año: Salvador Sánchez Cerén, hoy primer mandatario, en la Asamblea Legislativa en 2007.
En otra sesión plenaria realizada antes, el 15 de abril del 2005, siendo aún oposición, el FMLN propuso derogarla. Ante el férreo rechazo del entonces granítico bloque de derechas, se escuchó otro argumento que confirma la utilidad práctica de haber mandado esa amnistía al basurero de la historia: “Les pedimos a los otros protagonistas del conflicto –se escuchó exigente al entonces diputado y ahora canciller Hugo Martínez‒ que tengan la valentía, para que se sepa la verdad”.
Finalmente, su líder histórico sostuvo que la oposición parlamentaria a dicha derogatoria era “para proteger a algunos de sus oficiales”, del Ejército, claro, que entonces eran diputados. Eso aseveró Shafick Handal, agregando un interesante y sobre todo desafiante planteamiento: si ese bloque de derechas estaba convencido de que únicamente la izquierda había cometido atrocidades, ¿por qué no sepultaban la amnistía y juzgaban a sus responsables? Shafick se respondió a sí mismo, exclamando: “¡Porque quieren seguir mintiendo!”
A esas palabras pronunciadas con coherencia y coraje por el finado Handal no le están guardando la fidelidad debida quienes ven la derrota de la amnistía como una complicación para el país. Pero es ley de vida: hasta en las mejores familias, así como hay personas encumbradamente grandes, también las hay miserablemente chicas.
Y otra utilidad práctica debe adicionarse: con su actitud de cara a este enorme e histórico triunfo de las víctimas en su lucha contra la impunidad, la llamada izquierda y la derecha partidistas han colocado otro clavo más en el ataúd de una polarización falsa y únicamente conveniente para quienes se han querido presentar, a lo largo de la posguerra, como acérrimos rivales. A final de cuentas han resultado ser patéticos iguales. Desde hace un buen rato, cuando me preguntan dónde está la izquierda salvadoreña, no me queda más que responder: “Al fondo, a la derecha”.
