El 15 de septiembre, alrededor de 25 familias originarias del caserío El Castaño, en el municipio de Caluco, huyeron de la zona y se convirtieron en los primeros refugiados en un albergue para desplazados por la violencia de las pandillas. La Alcaldía de Caluco tenía planes de albergarlos durante un mes, pero la alcaldesa Blanca Orellana denunció que fueron presionados por la Policía para desmantelar el refugio.
El 7 de octubre, 19 días después del éxodo, los habitantes de El Castaño tuvieron que regresar, con miedo, a su caserío.
Más de dos meses después de haber retornado, las familias siguen sintiéndose inseguras. No todos regresaron, y en la zona hay casas abandonadas. Algunos vendieron su ganado y dijeron que no regresarían por miedo a que las pandillas cumplieran las amenazas de muerte que habían enviado a la comunidad. “El temor no se acaba”, dice uno de los retornados.
La Policía patrulla de a poco por la zona, da charlas a los habitantes sobre organización comunal, pero también insiste en que la comunidad es responsable de su suerte por haber permitido que las pandillas tomaran el control del territorio. Algunos hombres dicen que los policías los han incentivado a que se armen y se defiendan ellos mismos, pero las autoridades niegan esta versión.