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Guatemala inicia un plan para retirar a los militares de las labores de seguridad pública

El gobierno de Guatemala comenzó esta semana a poner en marcha un plan para eliminar de manera gradual la participación de militares en tareas de seguridad pública y enfocar la lucha contra la criminalidad “desde una perspectiva civil”, anunció el ministro del Interior, Francisco Rivas.

AFP / El Faro

 
 

Desfile de los kaibiles, una de las unidades élite de la Fuerza Armada de Guatemala. Foto Johan Ordóñez (AFP).

Desfile de los kaibiles, una de las unidades élite de la Fuerza Armada de Guatemala. Foto Johan Ordóñez (AFP).

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. En una primera fase del plan anunciado por el gobierno, los primeros cuatro meses del año 2017, se hará una reorganización de los 4,200 soldados que apoyan a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, para concentrarlos en zonas con alta incidencia criminal.

Con posterioridad, a partir de mayo, la fuerza militar en las calles será reducida en 50 %. y para finales de año será retirada por completo, explicó el ministro Francisco Rivas, titular de la cartera de seguridad.

“La labor de prevención de la PNC se está desarrollando con la finalidad de enfocar la seguridad desde un concepto mucho más integral”, dijo Rivas a periodistas.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala se enfrentan a una ola de violencia que deja unos 6,000 muertos al año, principalmente por luchas entre cárteles de las drogas y la acción de las pandillas que se dedican al sicariato, la extorsión y el narcotráfico.

La cifra de homicidios es similar a la que se registra en el vecino país de El Salvador, con la diferencia de que mientras Guatemala tiene 16.5 millones de habitantes, los salvadoreños son apenas 6.6 millones.

El ministro indicó que este año se graduarán unos 4,000 policías para sumarse a los 37,000 agentes que operan en la actualidad, y así poder suplir la salida de los militares.

Por su lado, el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, añadió que mantendrán las funciones de seguridad en fronteras y perímetros de las cárceles, así como en acciones humanitarias ante desastres naturales.

La participación de los militares en la seguridad pública ha sido rechazada por algunos sectores debido a la responsabilidad de la institución castrense en cientos de masacres en comunidades indígenas y otros crímenes durante la guerra civil, que entre 1960 y 1996 dejó 200,000 muertos o desaparecidos, según un informe de la Naciones Unidas.

Los opositores han señalado que la preparación de un soldado no es acorde con la seguridad pública.

© Agence France-Presse

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Texto Roberto Valencia / Infografía Andrea Burgos

 
 

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