450 reos de las 19 cárceles del país serán liberados o puestos en fase de confianza o semilibertad en las primeras semanas de enero, reveló el director general de Centros Penales, Rodil Hernández. Dos meses después de una propuesta enviada por el papa Francisco al presidente Salvador Sánchez Cerén, el gobierno responde con este anuncio al 'acto de misericordia' con la población reclusa que pedía el Vaticano, una propuesta encaminada a descongestionar, de manera leve, los hacinados centros penitenciarios y los reclusorios para adolescentes y jóvenes que hay en el país.
Centros Penales espera que este mes de enero se defina la liberación de 150 reos mayores de 60 años y que padecen de alguna enfermedad terminal. Una medida similar se tomó en marzo de 2016 con la aprobación del Decreto 314 aprobado por la Asamblea Legislativa, aunque en esa ocasión se dejó por fuera a decenas de reos debido a la gravedad del delito cometido o porque aun no habían cumplido con las dos terceras partes de la pena. “Pero ahora estamos haciendo los análisis para que sí puedan verse beneficiados', explica Hernández.
Otra respuesta del gobierno a la propuesta del Vaticano -secundada por la Organización de Naciones Unidas y el Fondo para la Infancia (Unicef)-, es que otros 300 reclusos pasen a fase de confianza o semilibertad, luego de una depuración de expedientes que Centros Penales espera finalizar a mediados de enero. Estas fases implican que el reo salga de las prisiones durante el día. “Es una cuestión eminentemente administrativa que implica un esfuerzo mayor y grande de los equipos encargados de evaluar los expedientes de los reos”, dice Hernández. El objetivo, añadió, es que estas personas se integren al trabajo en granjas penitenciarias que se han habilitado, como la del municipio de Ilobasco, en el departamento de Cabañas.
Centros Penales administra 19 cárceles de adultos con una población de 34 mil 700 internos, según el cálculo oficial que había hasta junio de 2016. Con el cierre del penal de Cojutepeque, en junio de 2016, el hacinamiento en las 19 cárceles para adultos aumentó a 241 %.
En mayo de 2016 , la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que “es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal”. También ordenó “el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad” y exhortó a las autoridades a construir nuevos penales y adecuar como prisiones otros inmuebles estatales.
'En el ISNA el nivel de hacinamiento es perjudicial'
La petición del Vaticano y de Naciones Unidas no solo busca descongestionar el sistema carcelario de adultos, sino también los cinco reclusorios de menores de edad y los dos centros intermedios en los que están los mayores de 18 años que cometieron sus delitos siendo menores. Sin embargo, y pese a que hay señales de problemas en las instalaciones, aun no está claro si se aplicarán beneficios a esta población, explicaron representantes del gobierno que estudian el tema en una mesa oficial.
“La ley no nos faculta a dar un beneficio, a excepción que se haga un decreto legislativo, pero hay una mesa estudiando el tema”, dice a El Faro Irma Mejía, directora general del Sistema de Centros Intermedios, quien coordina la mesa que estudia los beneficios para jóvenes y adolescentes. En la mesa también está el fiscal general, la procuradora general, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mejía tiene una opinión particular sobre el alcance de la misericordia que ha pedido el papa Francisco: “A mi juicio, la misericordia aplica para personas con enfermedades terminales, o ancianos… esa es la misericordia a mí criterio. El Papa no ha sido específico”.
Aun así, Mejía señala que el tema se seguirá discutiendo y que incluso se ha llegado a perfilar una pequeña población de los Centros Intermedios (mayores de 18 años) que podrían ser los primeros en recibir los beneficios de “la misericordia” gubernamental. Se trata de 30 pandilleros de las dos principales estructuras criminales del país, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que, según dice Mejía, han llegado a niveles considerables de convivencia. Que miembros de las dos pandillas interactúan entre sí parece una ilusión pero a juicio de la directora Mejía, estos jóvenes lo han hecho bien: “Tienen un grupo musical, trabajan en artesanías… se ve que han mostrado intención. Si hubiera un beneficio podría comenzarse con ellos”, resume Mejía.
Mejía destacó que Unicef ha presionado mucho para cerciorarse que el Estado salvadoreño cumpla la Convención de Derechos del Niño. Este es un documento internacional que El Salvador suscribió y ratificó en 1990 y que, en su artículo 37, establece que ningún menor de edad debe ser sometido a tratos inhumanos durante su reclusión.
—¿A usted le parece que Unicef hace presiones desmedidas o innecesarias? -preguntó El Faro.
—Ellos están exigiendo lo que la Convención establece, pero lo que exigen no es para corregir la situación de los Centros Intermedios sino para los centros del ISNA.
—¿Por qué solo al ISNA?
—Es que ahí sí hay niños que están mal, el nivel de hacinamiento es perjudicial.
—¿Usted diría que los Centros Intermedios ofrecen buenas condiciones a los reclusos?
—Mi misión es custodiar, custodiar… y tratar de rehabilitar a los internos.
En los dos Centros Intermedios del país hay alrededor de 790 reos y la capacidad instalada es de más de 1 mil 200 reclusos.
A través de un vocero, Naciones Unidas explicó que aún no han recibido una respuesta oficial del gobierno sobre los beneficios a implementar a los adolescentes y jóvenes. “Naciones Unidas hará pública su petición al gobierno hasta que haya una respuesta por parte del Ejecutivo”, dijo a El Faro Carlos León, jefe de prensa de Naciones Unidas.
León confirmó que la petición que Naciones Unidas hizo, secundando la del papa, a finales de noviembre, incluía la posibilidad de que se liberara a jóvenes y adolescentes que hubieran cometido delitos menores. El Código Penal salvadoreño establece dos tipos de delitos: los graves y los menos graves. Los graves son los que son castigados con pena de cárcel por más de tres años.
El ministro de Justicia y Seguridad Ciudadana, Mauricio Ramírez Landaverde, citado por el Diario Colatino en una publicación del 23 de diciembre de 2016, explicó que el gobierno ya trabaja en la redacción de los términos legales para darle forma a esa propuesta, que será conocida también por la Corte Suprema de Justicia, según confirmó la directora Irma Mejía.
La petición de la Iglesia católica estuvo enmarcada dentro del 'Año de la misericordia'. “Su santidad el papa pidió al Estado que tuviera un acto de misericordia con los más vulnerables, y dentro de la Iglesia siempre se ha considerado a los reos como un grupo vulnerable”, dijo el director de Centros Penales, Rodil Hernández.
