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Políticas antipandillas para ganar elecciones

Comenzaron como un populismo punitivo diseñado por Arena para conservar la presidencia, no para solucionar el problema, y han sobrevivido a la alternancia en el poder. Las políticas represivas insisten en la descripción de las pandillas como empresas delictivas transnacionales y desatienden así las desigualdades sociales de El Salvador. Es políticamente rentable que la violencia parezca un problema más regional que doméstico.

ElFaro.net / Publicado el 16 de Febrero de 2017

Los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una guerra civil de doce años dieron paso a importantes cambios en El Salvador. Éstos incluyen una mayor libertad de expresión y una prensa más abierta, la transformación del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en un partido político, reformas judiciales, así como la desmilitarización del sector de seguridad. Pese a estos avances, la democracia salvadoreña sigue siendo frágil. Las políticas neoliberales implementadas por administraciones consecutivas conservaron las desigualdades económicas, y cualquier reducción de la pobreza se debe más a la migración y las remesas, que a las políticas públicas. El sistema judicial se caracteriza por ser ineficaz, mientras la Policía Nacional Civil se asemeja cada vez más a los abusivos y corruptos cuerpos de seguridad que remplazó.

El crimen y la violencia, sobre todo los homicidios y la extorsión, se han convertido quizás en el mayor problema de la posguerra. En gran parte está asociado a las actividades de las pandillas callejeras, principalmente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Ambos grupos se formaron en los barrios de inmigrantes de Los Ángeles, distritos empobrecidos, hacinados y de por sí afectados por pandillas. Es ahí donde muchos refugiados centroamericanos encontraron cobijo, pero tuvieron que vivir en la clandestinidad por no poder obtener asilo. A principios de la década de los noventa, muchos pandilleros no ciudadanos fueron deportados a sus países de origen. Sin oportunidades de inserción social, absorbieron a grupos juveniles territoriales ya existentes. Por la ausencia inicial de una política de pandillas, y años más tarde por la implementación de una estrategia de mano dura, la Mara Salvatrucha y la Dieciocho empezaron a desarrollar estructuras más sofisticadas, ampliar sus actividades criminales y ejercer una violencia más indiscriminada y brutal.

La evolución de las pandillas en El Salvador se debe en gran parte a los planes represivos que se implementaron a partir de la década de los 2000. En julio de 2003, el gobierno arenero del presidente Francisco Flores (1999-2003) lanzó su Plan Mano Dura, con el objetivo declarado de controlar a las pandillas y reducir el elevado número de homicidios. Sin embargo, se trató de una estrategia populista punitiva que, básicamente, buscó posicionar favorablemente al partido gobernante en los comicios presidenciales de 2004.

El plan resultó ser popular entre una población harta de la crónica inseguridad y posibilitó la victoria electoral del partido conservador. En las calles, supuso barridas policiales de los barrios, la limpieza de grafiti y patrullajes conjuntas entre policías y militares. Además, una Ley Antimaras, finalmente declarada inconstitucional, autorizó la detención de supuestos pandilleros por su apariencia física.

Si bien muchos de ellos fueron liberados por no comprobarse algún crimen, los arrestos masivos de pandilleros saturaron las cárceles aún más. La segregación de los centros penitenciarios según afiliación pandilleril les permitió, además, fortalecer la cohesión y la estructura de sus grupos. El Plan Mano Dura fue ampliamente criticado, por carecer de componentes de prevención y rehabilitación/reinserción, ocasionar violaciones a los derechos y provocar un aumento de la tasa de homicidios.

El gobierno de Antonio Saca (2004-2009) continuó la estrategia de su predecesor. En respuesta a las críticas previamente vertidas, el Plan Súper Mano Dura abarcó la prevención (Plan Mano Amiga) y la rehabilitación/reinserción (Plan Mano Extendida). Sin embargo, estas orientaciones alternativas quedaron politizadas y subfinanciadas. La represión siguió siendo el enfoque dominante. Al mismo tiempo, el discurso oficial empezó a pintar a las pandillas como empresas delictivas transnacionales. Las características organizacionales que las autoridades les atribuyeron a las pandillas tuvieron implicaciones significativas para el control de pandillas.

El presidente salvadoreno Francisco Flores, acompañado del viceministro de Defensa, general Álvaro Rivera y el director de la Policia Nacional Civil, Ricardo Meneses, anuncia el 20 de octubre de 2003 la segunda fase del plan anti delictivo "Mano Dura", frente a un grafiti de la temida pandilla "Mara Salvatrucha" en la ciudad de Sonsonate. Flores informó que desde el inicio del Plan Mano Dura, mas de 3,000 delincuentes han sido capturados.

Francisco Flores, al anunciar el 20 de octubre de 2003 la segunda fase de su plan Mano Dura, frente a un grafiti de Mara Salvatrucha en Sonsonate. Foto Archivo El Faro.

Describirlas como grupos con motivaciones delictivas y de carácter transnacional legitimó la represión, más que la prevención y rehabilitación. Asimismo, trasladó la responsabilidad por la solución del nivel doméstico al nivel regional, y desvirtuó la atención de las desigualdades sociopolíticas de la sociedad salvadoreña.

Debido al agravamiento tanto de la violencia como del accionar de las pandillas, la estrategia de mano dura se convirtió en un problema político y fue oficialmente descontinuada a mediados de 2006. Pero, en la práctica, la represión se mantuvo como el enfoque preferido para un gobierno que se mostró reacio a destinar más recursos a la policía investigativa o la reducción de la exclusión social. Paradójicamente, las medidas manoduristas persistieron en las administraciones del FMLN que, como partido de oposición, las había rechazado enérgicamente por años.

El coro de papel

La apertura política de la posguerra incrementó la libertad de expresión, elevó los estándares académicos entre periodistas y propició la modernización de los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, la libertad de prensa tiene sus límites en reportajes sobre el statu quo y los grupos de poder. El profesionalismo periodístico, además, se ve contrarrestado por la limitada autonomía de las salas de redacción, modestos salarios y débiles normas éticas. Los principales obstáculos para el periodismo salvadoreño están en las estructuras oligopolísticas de propiedad, el uso político de la publicidad y la autocensura periodística. Los intereses políticos y comerciales de los dueños de los medios de comunicación, así como las prácticas periodísticas, ayudan a explicar por qué la cobertura informativa enmarcó la problemática de las pandillas y sus respuestas de una forma que promovió el populismo punitivo.

La Prensa Gráfica es un periódico sumiso y dócil, con una línea editorial conservadora, pero más tolerante que su principal competidor. Su periodismo se caracteriza por ser neutral, mantener los debates dentro de los límites de premisas aceptables, y producir una cobertura blanda y conformista. El Diario de Hoy se destaca por su brusco lenguaje, perspectiva altamente conservadora y desaprobación del disenso. A menudo desestima criticas como retórica comunista y toma una postura ideológica explicita y deliberadamente más favorable a la mano dura y los intereses de los grupos privilegiados del país.

Durante la vigencia de los planes mano dura, ambos periódicos encasillaron a los pandilleros como “demonios folclóricos”, una minoría de individuos criminales y violentos responsables por la mayoría de los homicidios. Imágenes visuales “documentaron” el peligro que representaron estos jóvenes tatuados y desafiantes, mientras un lenguaje metafórico los deshumanizó e hizo permisible su exterminio.

Las notas vincularon la afiliación pandilleril a decisiones de estilo de vida o la desintegración familiar y disociaron las pandillas de su contexto social más amplio. La cobertura de los operativos policiales y las exhibiciones públicas de pandilleros buscaron entretener a costa de tolerar las violaciones a los derechos humanos. Ambos periódicos impulsaron el miedo, amplificaron la interpretación oficial de la problemática de las pandillas, y fomentaron el respaldo popular a la mano dura mediante un enmarcado episódico.

Aunque las representaciones mediáticas no determinan la opinión pública, la moldean y hacen que ciertas interpretaciones de la realidad social sean más probables que otras. La televisión y los periódicos salvadoreños transmiten información política, y se ha encontrado que influyen en las opiniones ciudadanas de los principales problemas del país. Mediante su función de establecer la agenda, los periódicos ejercen una influencia importante en la opinión pública. La investigación de encuestas sugiere que el contenido mediático contribuyó a que los salvadoreños percibieran la situación de las pandillas como más grave de lo que era y apoyaran las políticas de mano dura a pesar de su ineficacia.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) buscaron promover una política alternativa de pandillas, que integrara la prevención social, una aplicación de la ley respetuosa de los derechos humanos y la rehabilitación/reinserción. Las organizaciones estudiadas implementaron diferentes estrategias de incidencia, que dieron preferencia o a una influencia directa en las políticas o a cambio sobre el terreno. Esto pudiera conllevar el empoderamiento de grupos sociales desfavorecidos para que elaboren sus propias soluciones a sus problemas o creen programas innovadores que le demuestren al gobierno una mejor manera de abordar un problema. Si bien estos esfuerzos no representan intervenciones directas en el proceso de formulación de políticas, podrán modificar el contexto de las mismas y presionar a la administración a adoptar directrices distintas.

Mediante métodos etnográficos se estudiaron tres organizaciones. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) es una organización de incidencia legal, establecida por un grupo de abogados para promover los derechos humanos y el Estado de derecho en El Salvador. Su personal aplicó sus conocimientos jurídicos a investigaciones legales y de políticas para cuestionar la mano dura y proponer un programa local para la prevención de pandillas.

Homies Unidos (cerrada en 2012 por falta de recursos) fue un grupo de rehabilitación de pares y la única ONG en El Salvador que fue fundada por, y trabajó con, pandilleros. Sus integrantes buscaron empoderar a sus pares para que se imaginaran una vida libre de violencia y drogas, aunque no sin su pandilla. Basándose en su experiencia de primera mano con las pandillas, el personal de Homies Unidos dio testimonio para disuadir a jóvenes en riesgo de incorporarse a las pandillas, implementó proyectos de rehabilitación en comunidades afectadas por pandillas y alertó a defensores de derechos humanos de abusos policiales contra pandilleros.

Portada del libro "Mano Dura", de la investigadora académica Sonja Wolf, sobre las políticas represivas antipandillas en El Salvador después de la guerra civil.

Portada del libro "Mano Dura", de Sonja Wolf, sobre las políticas antipandillas en El Salvador después de la guerra civil.

El Polígono Industrial Don Bosco es una organización Salesiana de desarrollo, concebida por un sacerdote español, que brinda educación y capacitación en microempresas a jóvenes de bajos ingresos. Ubicada en una comunidad afectada por pandillas al oriente de San Salvador, la organización ha sido ampliamente reconocida por su aparente éxito en modelar un programa de prevención y rehabilitación de pandillas. El proyecto incorpora a jóvenes en riesgo y, cuando inició la investigación, a expandilleros y adolescentes infractores. Mediante este programa, el Polígono ha intentado mostrar una manera innovadora de abordar la problemática pandilleril que pudiera ser replicada por las autoridades.

En los tres casos, las características organizacionales, así como el contexto sociopolítico de El Salvador, moldearon las estrategias de incidencia y, en última instancia, sus resultados. Tres factores contextuales fueron clave para el éxito o fracaso de la incidencia de las ONG: la persistente influencia de la élite, la naturaleza del partido de gobierno y la concentración de los medios de comunicación en manos de la élite.

La reducción de la violencia y el crimen de las pandillas sólo se dará si se pone fin a la exclusión social que lleva a los jóvenes a integrarse a ellas. Esto, a su vez, requiere la restructuración de la sociedad salvadoreña, incluidas sus relaciones de poder y sus desigualdades socioeconómicas.

La resistencia de la élite a estos cambios dificulta los enfoques alternativas al control de pandillas. Como el partido de gobierno defendía los intereses de la elite, no tuvo incentivo para emprender un verdadero control de pandillas. El manodurismo siguió siendo la respuesta oficial preferida, porque le permitió al gobierno mostrarse preocupado por la seguridad pública sin tener que abordar las causas estructurales. Los principales medios de comunicación asistieron en este esfuerzo, al crear un pánico moral ante las pandillas, legitimar la mano dura sobre otras opciones de políticas, y dar poco espacio a voces disidentes. Las ONG fueron en gran parte ineficaces en promover un control alternativo de las pandillas, porque sus estrategias no consideraron estas tácticas y no movilizaron presión suficiente para el cambio de políticas.

 

*Sonja Wolf es Catedrática de CONACYT adscrita al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México. Esta entrega se basa en su libro Mano Dura: The Politics of Gang Control in El Salvador (Austin: University of Texas Press, enero de 2017).