Los gobiernos militares que rigieron a El Salvador entre 1950 y 1960, lo hicieron bajo el amparo de la Constitución de 1950, que definió un nuevo papel para el Estado como el promotor principal del desarrollo nacional. El Estado se dedicó con mayor ahínco a la construcción, ampliación o habilitación de teatros y salas de cine, y a su utilización propagandística y a la transmisión de conceptos sanitarios. Acerca de la campaña de moralización esta pretendía trastocar las pautas culturales de relación y entretención de los salvadoreños, lo que se vio reforzado con un mayor apoyo económico a la cartera de Cultura Popular que a la de Defensa Nacional.
Con respecto al control de la actividad teatral, este se rigió por el Reglamento para Teatros, Cines, Radioteatros, Circos y demás espectáculos públicos de 1948. Según se consigna, para poder presentarse en público todo espectáculo debía de ser previamente autorizado por el Concejo de Censura y Sección de Espectáculos Públicos o por el correspondiente organismo en las demás poblaciones del país. No podrían asistir a ninguna clase de espectáculos las personas ebrias, los enfermos contagiosos que fueran visibles o que fueran acompañados de animales. En los teatros de primera categoría no entrarían quienes vistieran sucia o indecorosamente. Serían expulsados y castigados conforme a ley quienes perturbaran al público con silbidos, palabras obscenas, etc. Estaba prohibido escupir y fumar fuera de las áreas designadas en el recinto de espectáculos.
A principios de noviembre de 1953 se decide que don Alfredo Agesilso Massi – técnico especializado en trabajos fílmicos de sonido– fuera encomendado para una misión oficial de colaboración con técnicos norteamericanos. Tal misión consistiría en la sincronización de películas sobre tópicos sanitarios que serían exhibidas en el Campo de Marte y otros lugares públicos capitalinos durante el IV Aniversario de la Revolución de 1948.
En el Decreto 1620, del 18 de octubre de 1954, se proclama la ley de fomento de teatros y cines, en ella se declara que los particulares que promuevan espectáculos públicos podrían gozar de ciertos beneficios en un lapso de tiempo de 5 años desde la vigencia de dicha ley. El Estado apoyaría la construcción, ampliación o habilitación de teatros y salas de cine declarados de utilidad general. En esta disposición Lo más interesante de esta disposición es que los empresarios beneficiados debían de exhibir anuncios, películas cortas y todo material propagandístico o informativo de las acciones de cualquier agencia gubernamental, central, local, autónoma o de cualquier nivel administrativo.
Para 1956 se autoriza el pago de dos mil quinientos seis colones con veinticinco centavos a la Compañía Salvadoreña de Café S.A. como aporte del gobierno de El Salvador para cubrir la impresión de veintidós copias – en varios idiomas – de la película para propaganda del café salvadoreño. La película fue filmada por Cine Revista Salvadoreña. En 1959 el Estado giró un anticipo de gastos para la revelación y sincronización en México de las películas “La Marcha de la Cultura en El Salvador” y “Desfile del 15 de setiembre de 1959”.
A mediados de 1954 el gobierno del coronel Oscar Osorio informaba que en la consecución de un nivel moral satisfactorio era necesario atender a la juventud, la cual estaba enfrentada a graves y profundos problemas de orden moral, nacidos de una docencia deficiente que en el pasado se despreocupó por entero de esta situación. El Estado, durante los años de 1953 y 1954, había evitado la introducción de publicaciones obscenas, películas cinematográficas, fotografías, dibujos, discos, impresos y toda clase de objetos pornográficos que estaban escapando al control de las autoridades.
Para 1956 el gobierno del teniente coronel José María Lemus señalaba que se había iniciado una campaña de moralización popular. En ella se ponían controles a la venta de aguardiente en las ciudades y el campo, se habían cerrados prostíbulos, se había dado persecución a la vagancia, al decomiso de publicaciones pornográficas y se habían prohibido espectáculos incitadores del relajo social. Con el fin de contribuir a la eficacia de la campaña moralizadora, el presidente Lemus instituyó un premio para la población salvadoreña que en el transcurso de cada año observara los más altos niveles de moralidad y cultura. El premio consistiría en la construcción de una obra material de primera importancia en la población que lo conquistara.
Con respecto al apoyo que los gobiernos del período en estudio dieron a la moralización y educación de los salvadoreños se tiene que la cartera de Cultura Popular tuvo entre el 14% y el 18%, mientras que la cartera de Defensa Nacional entre un 10% y 11%. Esto contrasta con el análisis de las asignaciones de los diferentes presupuestos de gastos de El Salvador durante el período 1931-1944 que demuestra que la cartera de Instrucción Pública absorbió entre el 8% y el 11%, en tanto que la cartera de Guerra recibió entre el 17% y el 20.5%. Estas cifras evidencian que a escala general la cartera de Guerra obtuvo un poco más del doble en dinero que la cartera de Instrucción Pública.
El afán de los gobiernos de Osorio y Lemus de impulsar el cambio de las costumbres de los sectores populares en El Salvador se explica debido a que durante los años cincuenta se efectuaron reformas en el interior del aparato administrativo estatal, así como la realización de obras de infraestructura que promovieron el desarrollo del cultivo del algodón y el crecimiento de la industria manufacturera. Todo esto trajo como resultado el aumento de obreros, capas medias asalariadas y pequeña burguesía, acompañado de la migración rural hacia los centros urbanos.
*Chester Rodolfo Urbina Gaitán es docente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Universidad Nacional de Costa Rica. Este texto se deriva del artículo 'Diversiones públicas y moralización en El Salvador (1948-1960)' , publicado en el Anuario de Estudios Centroamericanos, No.35-36, Año 2009-2010
