JUIGALPA, Nicaragua. Policías nicaragüenses armados con granadas lacrimógenas impidieron este sábado a miles de campesinos participar en una marcha de protesta contra la construcción de un canal interoceánico en la ciudad de Juigalpa, al este del país alegando que fue 'ilegal'.
La Policía 'nos cerró el paso por todas las vías, es lamentable lo que está viviendo Nicaragua', acusó la líder de los campesinos que se oponen al canal, Francisca Ramírez.
Miles de campesinos que se oponen al proyecto canalero por temor a perder sus tierras salieron la tarde del viernes y la mañana de este sábado en camiones o en autobuses desde sus comunidades hacia la ciudad de Juigalpa, 140 kilómetros al este de Managua, departamento de Chontales.
Su avance fue bloqueado por la Policía, que se instaló en diferentes puntos de acceso, como El Tule, La Lechera, el puente de Ochomogo -este y sur del país- mientras que en algunas vías colocó troncos y miguelitos, denunció la abogada de los campesinos, Mónica López.
Según López, durante la movilización también fueron detenidos temporalmente al menos 20 manifestantes, pero la Policía no ha confirmado aún la versión.
La Policía declaró sin embargo en un comunicado que las protestas campesinas se han 'realizado de forma ilegal, sin autorización de las autoridades'.
Informó que este sábado en seis cruces de carretera hubo tranques con 'grupos de personas en actitud hostil, armadas con garrotes, machetes, piedras y armas de fuego'.
'Queremos pasar'
A los campesinos 'no los dejaron entrar, venían como 15 mil', dijo Cruz Mejía, uno de los pocos que logró llegar al puente 'La Tonga' de Juigalpa, donde fueron rodeados durante varias horas de manera intimidante por un centenar de policías, constató AFP.
'Queremos pasar!', gritaban los manifestantes. 'Es nuestro derecho', reclamaban en medio de un tenso ambiente y bajo un ardiente sol.
La marcha contra el canal fue convocada por el Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, una organización que integran productores y campesinos ubicados en la zona del proyecto.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entregó en junio de 2013 al consorcio Hong Kong Nicaragua Development Invesment (HKND), del chino Wang Jing, el derecho de construir un canal interoceánico de 276 km en el sur del país.
'Ortega ladrón, traidor, vende patria', vociferaban los manifestantes.
'Pedimos la derogación de la concesión canalera' establecida en la ley 840, afirmó a la AFP el productor José Sequeira, originario del municipio El Tule, departamento de Río San Juan (sur).
El proyecto, valorado en 50 mil millones de dólares, desplazará entre 30 mil y 120 mil campesinos.
Miedo a la expropiación
'Tengo miedo que me expropien', dijo Adolfo Jarquín, un agricultor de 56 años, quien es dueño de más de 100 hectáreas de tierras.
'La ley dice que si quieren expropiar mi tierra pueden hacerlo', reprochó por su lado el productor de granos Domingo Romero, de 65 años, quien posee 100 hectáreas de tierra en el municipio caribeño de Bueyes de los Bueyes, por donde pasaría el canal.
La movilización recibió el apoyo de activistas de la oposición, principalmente de la disidencia sandinista, entre ellos el ex comandante guerrillero y ex miembro de la dirigencia sandinista, Henry Ruiz.
La ley canalera 'es una entrega sin condiciones del país', dijo Ruiz a la AFP, en alusión a los daños ecológicos del proyecto y la potestad que tendría la empresa china de adueñarse de las tierras que necesite para las obras.
Según un estudio publicado el año pasado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, el canal facilitaría el acaparamiento de 2 mil 900 km de tierras que serían expropiadas a precios irrisorios a campesinos e indígenas.
Francisca Ramírez dijo la AFP que desde que se anunció el proyecto los campesinos 'viven en zozobra', no tienen derecho a crédito en los bancos y las autoridades se niegan a realizar obras de desarrollo en sus municipios.
'En los bancos nos dicen que estamos en una zona roja que puede ser expropiada en cualquier momento', cuestionó Ramírez.
Asimismo, la dirigente campesina había dicho esta semana en rueda de prensa que el gobierno circulaba versiones desde diciembre pasado de que el proyecto del canal no podía avanzar por falta de dinero con el fin de desalentar las protestas, algo que tomó fuerza previo a la marcha de este fin de semana.
Según Ramírez, un enviado del gobierno al que identificó como Alcides Altamirano, dijo a los pobladores: 'tranquilos, eso (del canal) no va, no hay dinero, no sigan marchando, no se anden arriesgando'.
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