Columnas / Migración

Los números de la Bestia

La administración Trump ha sido una donde los números han marcado un punto de quiebre. Su impacto ha sido tal que han marcado un antes y un después en términos de inmigración, desatando lo que muchos defensores de los derechos de los migrantes han dado por llamar 'cacería de brujas', con especial saña en contra de los latinoamericanos.

Martes, 11 de abril de 2017
Diego Murcia

La administración Trump ha sido una donde los números han marcado un punto de quiebre. Su impacto ha sido tal que han marcado un antes y un después en términos de inmigración, desatando lo que muchos defensores de los derechos de los migrantes han dado por llamar 'cacería de brujas', con especial saña en contra de los latinoamericanos.

I

La más grave muestra de este cambio ocurrió el pasado 9 de febrero, en esta ciudad desde donde esto escribo. Agentes de migración arrestaron a una mexicana transgénero indocumentada, a Irvin González, en el edifico de las Cortes del Condado de El Paso, Texas, cuando acudió a tramitar una orden de restricción contra su pareja por presunta violencia doméstica. Se cree que quien delató a la víctima con las autoridades fronterizas fue el agresor de la misma.

Cierto es que Irvin tiene un récord que la hace caer en el perfil que los patrulleros fronterizos están ansiosos por deportar: además de haber entrado de manera ilegal al país, la mujer tenía arrestos previos por agresión, violencia doméstica, violación de libertad condicional, robo de cajas de correo, privación de la libertad y privación de libertad a un menor.

González cumplió condenas por estos delitos que iban desde el mes de cárcel hasta un año y un día tras las rejas. Su arresto generó controversia, no solo por su detención sino por el proceder de los agentes. La víctima fue arrestada a las puertas de la sala de la corte donde estaba realizando la denuncia y luego fue escoltada por los agentes hacia la salida del edificio donde finalmente fue puesta ‘bajo custodia’ de las autoridades de Inmigración. Parte de la detención fue grabada por cámaras de seguridad dentro del edificio, no afuera, como reportaron los agentes federales en su reporte oficial.

Empero, la detención de esta mujer sentó un precedente: nunca nadie había sido detenido por las autoridades fronterizas dentro de una corte. Hasta ese día, las autoridades de cualquier ciudad norteamericana funcionaba con un pequeño pacto implícito en el que se permitía a las víctimas de violencia doméstica buscar protección y testificar contra sus agresores sin tener que preocuparse por revelar su estatus migratorio. Otro de estos pactos sobreentendidos se había construido en los casos en que las personas podían advertir a las autoridades sobre crímenes ocurriendo en sus comunidades, sin importar si estaban en el país de manera legal o no.

A partir de este arresto, en Denver, en Austin y en Phoenix, este tipo de operaciones se ha vuelto más común. Los agentes de ICE a menudo se presentan a los tribunales en busca de personas que están en el país de manera ilegal. Esto ha provocado que algunos casos hayan sido desechados porque las víctimas se niegan a presentarse a las cortes y testificar por miedo a ser detenidos y deportados.

Una pieza legislativa apoyada en parte por la congresista Suzanne Bonamici, pretende restringir las incursiones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ‘lugares sensibles’, como los tribunales.

II

El del 16 de marzo CBP publicó una serie de tuíts, básicamente, declarándole la guerra a los soñadores. 'DACA no es un estatus legal protegido, pero los receptores activos de DACA son típicamente un nivel más bajo de prioridad de cumplimiento', decía uno de ellos.

'DACA puede ser revocada en cualquier momento, especialmente cuando alguien comete un crimen o representa una amenaza de seguridad nacional o pública', se lee en otro.

Los mensajes de Twitter llegaron varias semanas después de que agentes de ICE arrestaron a Daniela Vargas, nativa de Argentina, en su casa en Mississippi, poco después de que protección DACA había expirado recientemente.

Al conocer sobre el nuevo alcance de las deportaciones, Joanne Lin, consejera legislativa de la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU), dijo en un comunicado de prensa que “el debido proceso, la decencia humana, y el sentido común son tratados como inconvenientes obstáculos en el camino rumbo a la deportación masiva. La administración de Trump tiene la intención de aplicar la crueldad contra millones de familias de inmigrantes por todo el país”.

La gran preocupación por parte de los defensores de los derechos de los inmigrantes es que la Acción Deferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pueda terminar en cualquier momento. Este programa ha otorgado permisos de trabajo a más de 750 mil inmigrantes que llegaron al país de manera ilegal cuando aún eran menores de edad.

Durante su campaña Trump prometió que se deportaría a los 'bad hombres' indocumentados que hubieran cometido algún crimen atroz,  2 o 3 millones de personas con antecedentes delictivos. Pero con la extensión de definición que determinó luego sobre los ilegales criminales, también han sido detenidos al menos 7 soñadores, 3 ciudadanos -gracias a perfiles raciales-, 5 aspirantes a residencia permanente.

Las nuevas reglas permiten que las autoridades opten por implementar procedimientos acelerados de deportación, los cuales actualmente están limitados a inmigrantes indocumentados que han estado en el país por menos de dos semanas, y aplicarlos a toda persona que ha permanecido en el país de manera ilegal hasta por dos años.

III

El peso de esta cacería parece estar ganando terreno en la frontera misma. Las cifras oficiales entregadas por la Agencia de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) señalan que en marzo de este año las autoridades arrestaron o rechazaron la entrada a 16,600 individuos por la frontera sur, un 35% menos que en febrero y un 61% menos que en enero.

Las cifras también representan un marcado descenso respecto a años anteriores para los mismos meses, de hecho, constituyen el nivel más bajo de arrestos en los últimos cinco años para los meses de febrero y marzo.

Por lo general, el número de migrantes que tratan de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México suele aumentar entre un 10% y un 20% en los meses de enero y febrero, según cifras del CBP en las últimas dos décadas.

La institución sopesa, entre sus consideraciones, que en algunos cruces, en especial las zonas montañosas por donde el cerco de vigilancia fronteriza es casi nula y altamente peligrosa, el servicio de los 'coyotes' o 'polleros' ha aumentado, desde noviembre de 2016, en un rango que va desde los $3,500 a los $8,000 por cabeza.

IV

En una columna anterior hablé sobre la tendencia de algunos estadounidenses a empoderarse para liberar sus sentimientos racistas en contra de aquellos que consideraban un 'bad hombre', que ha llegado a robar sus trabajos o cometer atroces crímenes.

Esto ahora se ha extendido a los patrulleros fronterizos. Hay que conceder, eso sí, la diferencia entre casos. Los oficiales aduanales que se encargan de registrar a las millones de personas que cruzan a diario por los puentes internacionales del país, son unos verdaderos profesionales. Atrapan a traficantes de droga y de personas, sin dejar de dar un trato digno y humano a la mayoría de visitantes extranjeros.

El problema viene cuando estos agentes salen a las calles y se hacen 'pasar' por policías.

En fotografías y videos oficiales enviados a los medios por el propio Departamento de Seguridad Nacional, puede observarse que varios agentes llevan chaquetas genéricas que dicen “POLICE” y otros dicen “ICE Police”. A veces también usan vehículos sin marca y sin el sello oficial de la agencia.

En la versión que corre por estos días, los agentes se identifican como policías que buscan a una persona que supuestamente vive en la residencia a la que se han presentado. Para cuando la gente sale a su encuentro, los agentes ya han entrado a la casa en cuestión, los patrulleros empiezan a exigir documentos que demuestren que las personas ahí presentes no son ilegales. Así ha ocurrido buena parte de arrestos de los últimos tres meses.

La táctica no es nueva y se ha usado históricamente durante diversos gobiernos y con diversas agencias del orden. En el caso de ICE, el uso de engaños es común, porque los agentes rara vez tienen una orden judicial para allanar una vivienda y arrestar a algún inmigrante que estén buscando. ICE no es una agencia que aplica las leyes penales, sino civiles.

Pero aquí viene la trampa, ICE es una fuerza de la ley y como tal, tiene las facultades para ejercer policing, es decir, mantener el orden público, como un alguacil, un policía, un policía militar, etc. En ese sentido, es muy poco lo que, en realidad, pueden hacer los defensores de los inmigrantes para defenderles de los ardides de la patrulla fronteriza.

Para que los ciudadanos conozcan sus derechos civiles y eviten ser víctimas de abusos por parte de policías de los tres niveles de gobierno, diversos condados y ciudades estadounidenses, con ayuda de organizaciones civiles, están imprimiendo y repartiendo tarjetas entre ciudadanos e inmigrantes para que conozcan sus derechos constitucionales y sepan que hacen ante un posible arresto de deportación.

Pero, en última instancia, también les han advertido dos cosas: Uno, hablar con los hijos e hijas sobre inmigración y deportación, sin pelos en la lengua. Dos, tener 'un plan para que un adulto de confianza pueda cuidar a sus hijos si usted no puede'. Este plan debe incluir números de emergencia, una lista con la información de contactos de personas claves, una declaración jurada por parte de la persona que cuidará a sus hijos y un archivo con documentos importantes. En pocas palabras, prepararse para lo peor.

*Diego Murcia es escritor y periodista salvadoreño. Escribió para El Faro y La Prensa Gráfica. Posee una Maestría de Bellas Artes en Escritura Creativa por The University of Texas at El Paso y una licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Vive en la frontera de El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

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