San Salvador, EL SALVADOR. Ha sido la Fiscalía General de la República, una entidad ajena al gobierno de la República, la institución encargada de detallar el material incautado en la “íntegra requisa” realizada durante 11 días en el Centro Penal Ciudad Barrios.
Requisa ordenada por FGR en penal de Ciudad Barrios logra incautar armas de fuego, miles de dólares y otros ilícitoshttps://t.co/RLWdfC2to0
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 6 de abril de 2017
El comunicado oficial en el que se explicitan los hallazgos habla por sí solo: “Cinco armas cortas de fuego; entre ellas, una asignada a un agente policial. Además, se confiscaron 19,129.55 dólares, 287 cartuchos para las mismas armas, una granada mini D40 industrial, un radio satelital, 183 celulares, 505 chips para teléfonos, una tablet, un cargador solar y 129 manuscritos (wilas). Otros de los ilícitos encontrados son: 37 micro SD, 24 rollos de alambre de cobre, 24 corvos artesanales, siete regletas con toma corriente, 61 cuchillos hechizos y punzones, entre otros”.
El decomiso se efectuó en Barrios, nombre con el que se conoce el Centro de Cumplimiento de Penas Ciudad Barrios, ubicado en el municipio homónimo del departamento de San Miguel. Desde los traslados masivos del 2 de septiembre de 2004 solo acoge a pandilleros activos de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Aunque también hay activos de la MS-13 en las cárceles de Zacatecoluca, Izalco, y Chalatenango, Barrios está considerado, por los más de 3,000 emeeses que alberga, como el centro penal de referencia de esa pandilla, la más numerosa y la mejor organizada de las que operan en El Salvador.
El minucioso registro se decidió luego de que el pasado 24 de marzo explotó una granada con el saldo de dos internos heridos, según confirmó el director general de Centros Penales, Rodil Hernández.
Tras el hallazgo de efectivo y teléfonos, el director del presidio, Carlos Francisco Orellana, fue separado de su cargo.
La cárcel de Ciudad Barrios, con capacidad para unos 800 internos, alberga a 3,100 pandilleros, y es uno de los seis penales para pandilleros en los que el gobierno incrementó hace un año la seguridad para evitar que desde su interior se coordinen asesinatos y extorsiones.
Desde el 29 de marzo de 2016, Barrios está bajo ‘Medidas extraordinarias’, que –entre otras restricciones– impiden a los privados de libertad recibir visitas de familiares, de religiosos y de personal de organizaciones de la sociedad civil; se han reducido a la mínima expresión las salidas de reos de la cárcel hacia juzgados o por razones médicas; e incluso se dificulta que los abogados defensores puedan reunirse con sus defendidos.
El hallazgo masivo de armas y de material para comunicarse con el exterior pone en duda la efectividad del cerca gubernamental en los centros penales sometidos a las ‘Medidas extraordinarias’, que el gobierno vende como exitosas, pero que distintas oenegés han señalado como medidas que violan los derechos humanos.
Ante la gravedad de los aireado por la Fiscalía, la Dirección General de Centros Penales ha informado desde su cuenta de Twitter que “47 miembros del personal de Ciudad Barrios está siendo investigado por el ingreso de ilícitos”.
47 miembros del personal de Ciudad Barrios está siendo investigado por el ingreso de ilícitos informa Director de Penales @rodilhernandez pic.twitter.com/3Le57lFIr9
— M_JusticiaSeguridad (@MiSeguridad_SV) 6 de abril de 2017
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