Columnas / Política

El poder delegado contra la dictadura


Viernes, 5 de mayo de 2017
Roberto Burgos Viale

La actual crisis en Venezuela no es un problema de golpes de estado, o una situación ocasionada únicamente por el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Lo que ha llevado a la crisis a la otrora república productora y exportadora de petróleo, es la falta de gobernabilidad producto de los desaciertos en materia política, económica y social, cuyo origen son las malas decisiones. De fondo está la equivocada convicción del presidente Nicolás Maduro, en la que el poder público le pertenece para ejercerlo de forma absoluta. Para Maduro el poder implica un fin en sí mismo, con miras en la construcción cotidiana de una revolución socialista, que profundice el control estatal de la hacienda y el destino de las vidas de los venezolanos, para unirlos en un solo bloque contra el imperialismo, la oligarquía, el desabastecimiento y cualquier otra amenaza, real o imaginaria, que justifique más compras de armas, mas espionaje estatal y más enriquecimiento y corrupción entre sus cuadros políticos y militares.

El disenso no es posible ni deseable, la oposición política es considerada el enemigo interno y cualquier individualidad constituye una expresión burguesa y egoísta que es necesario erradicar. El pueblo bolivariano solo existe, en su expresión como “masa”, “colectivo”, “milicias” o “defensores de la revolución”, nunca como personas con responsabilidades cívicas, capaces de disentir, aportar soluciones a los problemas nacionales y menos aún como críticas del poder.

Lo que ocurre en Venezuela importa porque los defectos de esa concepción de poder están afectando a los venezolanos, pero también porque esos mismos defectos son aplaudidos y vitoreados por el partido de gobierno en El Salvador. En la época del presidente Funes, las exigencias ciudadanas de transparencia y eficiencia fueron tildadas como expresiones de una estrategia desestabilizadora de la derecha política. En la actual era del “Buen vivir”, cada vez que la Sala de lo Constitucional le ha corregido la plana a legisladores y mandatarios, es atacada por su pretendida intención de legislar, y por no ser los magistrados elegidos mediante el voto popular, sino que por medio de funcionarios de segundo grado. En ambos casos, basta con leer en forma honesta la Constitución, para comprobar que aquí, como en Venezuela, existen controles para el ejercicio de la autoridad, no importa cuál sea el cargo que se ejerce.

La verdad es que el poder público constituye un poder derivado de la voluntad popular, cuya soberanía, reside en los mismos ciudadanos, quienes la ejercen a través de sus delegados temporales, acreditados o legitimados mediante el voto libre, directo e igualitario. El pueblo elige a sus representantes, los interpela, les critica o les apremia, con el objetivo común de garantizar buenas practicas, el buen uso de los recursos públicos y de limitar el poder centralizado en la figura del presidente, quien generalmente está investido además como “comandante supremo de las fuerzas armadas”.

Detrás de todo esto, subsiste la idea del “Estado de derecho”, que se va perfeccionando a través del tiempo. En un Estado de derecho el poder ejecutivo manda, pero no absolutamente… manda con miras a garantizar el bien común y el bienestar de la nación, a través de actos administrativos que deben fundamentarse en leyes previas que se producen en el poder legislativo, y cuya producción y utilización posterior, en casos específicos, puede y debe ser revisada por el poder judicial, compuesto en la mayoría de casos por magistrados de carrera y con un tribunal constitucional que garantiza la vigencia de la libertad y la división de poderes.

Todas estas autoridades, pueden auxiliarse en sus actuaciones de la fuerza pública, y excepcionalmente por las fuerzas armadas, lo que garantiza un delicado equilibrio entre poderes públicos, un verdadero protagonismo de los ciudadanos -considerados en su esfera individual y colectiva- y a la vez, el aseguramiento de la democracia por medio de elecciones periódicas, libres y participativas, en la que cada voto sea tenido en cuenta y los funcionarios sean renovados y rindan cuentas a futuro, por sus actos ejecutados en el pasado inmediato.

Este ideario democrático sigue siendo de difícil asimilación en varios países del mundo. Las consecuencias son pagadas con vulneraciones a la libertad y a los derechos humanos de la ciudadanía, y de los líderes políticos más visibles. Estos se ven enfrentados diariamente a la represión, la cárcel y la censura pública por parte de funcionarios aferrados al poder y celosos de sus privilegios mal habidos, quienes suelen ponerse al frente de pomposas cruzadas nacionales que distraen a la opinión pública nacional e internacional de los problemas estructurales. Ellos tienen miedo a ser removidos de sus puestos públicos y al riesgo de tener que dar penosas explicaciones por sus actos arbitrarios y los beneficios percibidos gracias a estos.

Simón Bolívar expresó en el Congreso de Angostura de 1819: “… Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el Poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía …”. De aquí la importancia de recordar que el poder público es un poder delegado, lo que devuelve a este tema la dimensión temporal que le es consustancial y de la que hoy por hoy se pretende despojar en Venezuela. Todo lo que se recibe en préstamo debe ser devuelto, lo que se asume por delegación nunca podrá ser objeto de apropiación, ni pertenecer al que lo detenta. El poder público es temporal, pasajero, fugaz… está sujeto a reglas y estas las escriben los gobernados a través de sus representantes, quienes también están de paso por la administración de los órganos de estado. Pensar que “los destinos de la patria” dependen solo de una voluntad humana y no del concierto de la colectividad, es creer lo imposible, lo que solo existe en la mente de los dictadores y de los tiranos, como decía Bolívar hace casi cien años.

San Salvador, 2 de mayo de 2017.

*Roberto Burgos Viale es investigador de El Faro y abogado de derechos humanos. Especialista en temas anticorrupción. 

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